por Guillermo Olivera Díaz; [email protected]

9-3-2012

Escuché decir al parlamentario nacionalista Jorge Rimarachín Cabrera, cajamarquino de nacimiento, que es militante del partido político que lidera el Presidente Ollanta y gestor de su triunfo electoral en la elección de abril y junio del 2011. Siendo la realidad esa, he leído que ha sido expulsado de tal organización política sin proceso ni citación al mismo.

O sea, en un proceso sumarísimo, que instauró algún órgano partidario por orden de alguien en la penumbra, sin derecho a la defensa, lo han expectorado sin más ni más y el final lo han notificado por periódicos como noticia de primera página.

¿Habrá alguna falta estatutaria tan grave o gravísima, que no amerite convocar al procesado, tampoco escucharlo en su banquillo y quizá sentenciarlo en el aire en un abrir y cerrar de ojos? ¿Jorge Rimarachín será autor de algún delito execrable, cuya flagrancia altisonante explica esta expulsión o destitución?

¿O es que el Juicio al supuesto felón en el Teatro de Operaciones de Guerra que se viene aplicando, porque hay un militarismo en cierne y aún agazapado en el nacionalismo sin claro contenido, como cuando se usa el llamado Decreto de Urgencia N° 010-2012, de criminalidad legislativa que se lleva de encuentro o viola un sinfín de leyes orgánicas y ordinarias que fueron aprobadas por el Congreso y promulgadas por el mismo Ejecutivo, so pretexto de sacar al fútbol del hondo marasmo de su crisis secular por corrupción?.

¿Son los Decretos de Urgencia criminal que dictó Alan García, que se aprueban sin que se sepa quiénes fueron sus mentores y autores mediatos, sin debate, sin publicidad y que de pronto aparecen en El Peruano dominguero, la real expresión de un autoritarismo militar antidemocrático?

¿Para qué, entonces, el Congreso y sus leyes, si el Decreto de Urgencia, que dicta el Presidente con sus Ministros manumitidos que callan siempre por el anhelo del fajín, lo puede y explica todo?

La respuesta es suya, amable lector.

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