por Guillermo Olivera Díaz; [email protected]

11-4-2012

¡Increíble, pero cierto! El 18-8-2001 se expidió el Decreto Supremo N° 024-JUS cuyo segundo párrafo de su Artículo 1° prohibía el ingreso de “nuevos sentenciados o procesados al CEREC” (Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao), rubricado por Alejandro Toledo y el entonces ministro de Justicia Fernando Olivera Vega. Pese a que eran draconianos no querían otros internos diferentes a terroristas, traidores a la patria, traficantes de drogas o autores de crímenes de lesa humanidad.

En forma expresa este decreto del Ejecutivo abrió la puerta justa y premonitoriamente para que Alberto Fujimori Fujimori pudiera ser trasladado tiempo después. Aún hoy, dicho traslado de su dorada “cárcel unipersonal” no necesita ninguna modificación. La norma está dada y en vigor.

Si este Decreto Supremo 024 siguiera vigente, Antauro Humala no habría sido trasladado. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) carece de facultades para hacerlo si existe una disposición que lo prohíbe.

Para desventura de Antauro, el 26-2-2012, su propio hermano Ollanta rubricó el Decreto Supremo N° 006-2012-JUS, que 3 ministros firmaron (Valdés, Otárola y Jiménez Mayor) que derogaba la prohibición aquella. Aún así, el INPE no tenía facultades expresas para trasladar al hermano del Presidente.

Recién el domingo 1-4-2012 se publica en una edición extraordinaria de El Peruano una norma ilegal e inconstitucional: el Decreto Supremo N° 010-2012-JUS, rubricado por Ollanta, firmado esta vez por 4 ministros (Valdés, Otárola, Lozada y Jiménez Mayor), facultando al solo Presidente del Comité Técnico del CEREC, que jefatura el Presidente del INPE, o sea, José Luis Pérez Guadalupe, disponga el ingreso de “otros internos” autores de delitos de “extrema gravedad” que se encuentren en “cualquier régimen penitenciario cerrado”. ¡En esta nueva norma ollantista, Antauro calzaba como anillo al dedo: por eso se lo trasladó la madrugada del lunes 2 de abril, 4 am, antes de las 24 horas de vigencia del decreto, cuyo operativo comenzó a las 11 de la noche del mismo domingo!

Comoquiera que nuestro Presidente Ollanta es militar de profesión, ergo, neófito en Derecho Penal, Procesal Penal y Penitenciario, ciencias jurídicas que ignora, se sabe que toda la fraseología especializada de sus dos decretos supremos fueron de la autoría de los abogados Jiménez Mayor y Pérez Guadalupe, por cuya razón ambos son responsables del traspiés del Presidente. ¡Deben ser colgados los dos y no uno solo!

Eso merecen, por aconsejar de la peor manera que el Presidente Ollanta rubrique dos Decretos Supremos seguidos: el 26-2-2012 y 1-4-2012 para que trasladen a Antauro a la Base Naval del Callao.

Sin ambos decretos estaba prohibido el ingreso de cualquier otro interno a la Base Naval del Callao, reservada para internos "altamente peligrosos" por delitos de "extrema gravedad".

¿Ollanta consideraba de tremebundo modo a su hermano de padre y madre? Los mismos padres de ambos: Elena e Isaac, abogados los dos, entienden perfectamente lo sucedido; de allí su ira pública contra el hijo presidente.

Lo narrado explica el título del artículo: ¡Cayó el Jefe del INPE, falta el Ministro de Justicia!. Si me hace caso el Presidente, y estoy equivocado, no me puede destituir, ya que estoy lejos de la mamadera del Estado; me autofinancio y mis hijos gozan de igual sombra.

Documentos adjuntos