En Los Pinos ha iniciado la limpieza del cochinero administrativo acumulado en más de cinco años de gobierno panista. La preocupación de Felipe Calderón es la clara posibilidad de que alguno de los candidatos de oposición llegue a la Presidencia de la República y con ello se abran investigaciones en contra de varios servidores públicos que abusaron del poder, desviaron recursos federales, traficaron con influencias y se corrompieron.Desde ahora la instrucción presidencial es revisar los expedientes más delicados y asignarles expertos que puedan analizarlos y preparar su defensa ante probables denuncias penales que iniciarían aproximadamente dentro de dos años, cuando Calderón ya esté en retiro político, muy lejos del país, pero con una defensa sólida de algunos casos en donde se asignaron obras y servicios públicos de manera irregular.

Varios despachos de abogados consentidos de Los Pinos ya se frotan las manos ante los excelentes contratos económicos que les asignarán para limpiar la corrupción del segundo y último gobierno panista. Algunos de los indicios de las investigaciones penales por venir lo ha dado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y su equipo de especialistas, quienes han descubierto poco más de 300 casos de verdadera corrupción gubernamental correspondiente sólo al año 2010, pero que sumados a lo ocurrido en los otros años del gobierno de Felipe Calderón, da cuenta de una verdadera cloaca con fétidos olores de suciedad y podredumbre administrativa.

Con estos datos ahora sabemos que este gobierno federal no sólo pasará a la historia como el más violento de los últimos sexenios, sino como uno de los más corruptos, apenas parecido al del priista Carlos Salinas de Gortari, en donde el desfalco a las arcas públicas fue una constante. Aun recordamos el despilfarro de recursos públicos a partir de aquella Partida Secreta que se administraba directamente en Los Pinos para beneficio de burócratas, amigos y parientes del presidente.

Entres los expedientes que llaman la atención a los auditores de la ASF y que han prendido las alarmas en Los Pinos, destacan el de la construcción del Monumento Bicentenario y el del Fideicomiso del mismo nombre, ambos para la discutida Estela de Luz, obra inútil y absurda que se ha levantado como un monumento a la corrupción calderonista y que sólo sirvió para desviar recursos públicos y enriquecer a varios funcionarios y empresarios cómplices.

La auditoría Estela de Luz

El gasto de más de mil millones de pesos que costo el monumento Estela de Luz, que serviría con sus mil 704 placas de cuarzo y acero para celebrar el bicentenario de la Independencia de México, programada para el 15 de septiembre pero de 2010, tenía además del retraso de la obra un presupuesto inicial no mayor a los 400 millones, inversión que serviría para construir la torre superior a los 100 metros de altura en los terrenos del Bosque de Chapultepec.

Los responsables del festejo bicentenario son además del presidente Felipe Calderón, su entonces secretario de Educación Publica, Alonso Lujambio, y la presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Consuelo Sáizar, quienes aprobaron el proyecto de la torre Estela de Luz y en consecuencia fueron los encargados de la monumental y costosa obra.

De acuerdo con el informe de la ASF, la empresa I.I.I. Servicios S.A. debió cumplir con la apertura, control y seguimiento de la bitácora electrónica y verificar que se contara con la autorización de la Secretaría de la Función Pública. La Auditoría pidió la documentación justificativa y comprobatoria de 276 millones 77 mil 200 pesos en 118 conceptos de obra que están contemplados dentro del catálogo original y que son considerados como volumetría adicional y que deben pagarse con los precios unitarios del contrato. Lo mismo sucedió con 1 millón 715 mil 800 pesos por concepto de rendimientos financieros generados por los anticipos pagados.

En caso de no lograr el respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado.

De acuerdo con la ASF, la Secretaría de la Función Pública debe realizar las investigaciones correspondientes y, en su caso, iniciar los procedimientos administrativos por actos u omisiones de los servidores públicos que integraron el Comité Técnico del Fideicomiso Bicentenario y que en su gestión autorizaron la formalización de convenios mediante dictámenes que no contaron con elementos técnicos que acreditaran su procedencia, pues los argumentos utilizados para autorizar el segundo y tercer convenios modificatorios son básicamente los mismos a los del primer convenio, y por lo tanto no acreditaron las modificaciones realizadas en las partidas, conceptos y volúmenes de obra, además de que no contienen los análisis y cálculos de los nuevos conceptos, volúmenes e importes consideraros en dicho catálogo.

La ASF pidió al Órgano Interno de Control en el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada que realice las investigaciones e inicie el procedimiento administrativo por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no verificaron el estricto cumplimiento del contrato de Fonatur Constructora, S.A de C.V. Entre las muchas irregularidades, la Auditoría destaca que no hubo los elementos que permitiera a los licitantes elaborar sus propuestas sobre las condiciones reales de la cantidad de acero en las columnas, debido a que en las juntas de aclaraciones se definieron sus espesores de 3 hasta 7/8 de pulg., el diámetro de 0.91 m. y el tipo de acero inoxidable S32101 y que no sustentaron las modificaciones realizadas en el catálogo de conceptos que utilizó en el procedimiento de la invitación a cuando menos tres personas para la ejecución de los trabajos.

Los funcionarios responsables de la obra Estela de Luz tampoco realizaron correctamente la evaluación cualitativa de la propuesta ganadora de la invitación a cuando menos tres personas, y omitieron presentar al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México las estimaciones de los trabajos ejecutados en el ejercicio presupuestal de 2010.

Otra de las anomalías en la obra es porque autorizaron la cancelación de la partida de obsidiana incluida en el proyecto sin respetar el concepto arquitectónico que resultó ganador de un concurso nacional. Lo amañado del proyecto se confirma cuando los funcionarios responsables entregaron de manera parcial la información y documentación solicitada, al proporcionar únicamente las matrices de precios unitarios, sin los básicos, insumos, cuadrillas de trabajo, costos horarios, cálculo de rendimientos, cotizaciones, facturas, notas de bitácora y minutas que acrediten su procedencia y autorización en el convenio modificatorio.

Ante las diversas irregularidades encontradas, la ASF considera que las recuperaciones probables pueden ascender a 277 millones 793 mil pesos. De las 12 observaciones hechas a la obra, sólo fue solventada una, mientras que las 11 restantes motivaron una recomendación, dos solicitudes de aclaración y nueve promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria a los funcionarios involucrados.

La Auditoría consideró que el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Fideicomiso del Bicentenario y I.I.I. Servicios, S.A. de C.V., no cumplieron con las disposiciones normativas aplicables.

Dicho Instituto no acreditó los criterios en que se fundó para proponer la contratación directa de la empresa I.I.I. Servicios, S.A, además de que ésta omitió revisar y definir el catálogo de conceptos que sirvió de base para que los licitantes prepararan sus propuestas, al considerar unidades de medida y volumetrías imprecisas, y evaluó incorrectamente la propuesta ganadora para la ejecución de los trabajos, en virtud de que hubo deficiencias e inconsistencias; se autorizaron convenios modificatorios sin considerar que algunos de los argumentos vertidos en los dictámenes técnicos que soportaron su autorización son básicamente los mismos, como el estudio de túnel de viento y de mecánica de suelos, el diámetro, altura, espesores, el tipo de acero inoxidable de las columnas y el cambio de especificación del tipo de cuarzo de la estela de luz. Además, se incluyeron conceptos de obra adicional en los convenios que estaban incluidos en el catálogo original, por lo que se deben pagar con los precios unitarios del contrato.

Tampoco se verificó que la empresa Fonatur Constructora, S.A. de C.V., cumpliera sus funciones de supervisión y de control de la obra, debido a que no se alcanzaron las metas previstas conforme a los programas autorizados.

Fideicomiso del Bicentenario

Para fiscalizar la gestión financiera que compruebe el presupuesto asignado al Fideicomiso del Bicentenario, la ASF revisó el gasto de 2 mil 303.2 millones de pesos, de los cuales auditó mil 687.8 millones que corresponden a más del 70 por ciento.

En la revisión de las cuentas públicas 2008 y 2009, la Suditoría encontró diversas irregularidades en la operación del Fideicomiso, pues al cierre de cada ejercicio se le aportaron recursos sin justificar su necesidad, bajo el criterio de la confidencialidad del secreto fiduciario permite el abuso y el desvío de recursos públicos. Por ejemplo hubo incumplimientos a la Ley en los procesos de adjudicaciones y subcontratación; se formalizaron contratos sin establecer características específicas de bienes o servicios; en 2009 se efectuaron erogaciones injustificadas por los festejos relacionados con la Independencia de México y de la Revolución Mexicana; se erogaron recursos por conceptos que se consideraron innecesarios y que no se ajustaron a los criterios de austeridad.

La ASF determinó que el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, en su calidad de coordinador ejecutivo de los trabajos de las conmemoraciones a realizarse en 2010, el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada y las demás áreas involucradas en las operaciones revisadas, no cumplieron con las disposiciones normativas aplicables a la gestión financiera del Fideicomiso del Bicentenario.

No obstante que los recursos administrados por el fideicomiso para la conmemoración de los festejos del año 2010, por 3 mil 750 millones 905.4 miles de pesos, fueron superiores a los erogados en ese año por diversas dependencias o programas prioritarios, no existió una planeación y programación adecuada de las actividades, y los recursos destinados para ello no se administraron con eficiencia, eficacia y economía; las adjudicaciones se hicieron por regla general de manera directa, basadas en justificaciones no sustentadas; aun cuando existían acciones promovidas por esta entidad de fiscalización superior de la Federación, éstas fueron desestimadas, ya que se pactaron cinco contratos con TURISSSTE por 62 millones 954.7 miles de pesos, sin que fuera procedente su contratación, puesto que no tenía la capacidad ni las facultades para realizar los servicios.

En cuanto al acto realizado el 15 de septiembre de 2010 en el Zócalo de la Ciudad de México, por la empresa Instantia Producciones, S. de R.L. de C.V., se conoció que ésta no aplicó 18 millones 131.4 miles de pesos para tal fin, sin que se reintegraran al fideicomiso o a la Tesorería de la Federación; en 2009 y 2010, el fideicomiso pagó a esa empresa 77 millones 514.2 miles de pesos, por concepto de “Desarrollo Conceptual”, el cual conforme al convenio pactado entre ambas partes, incluía el pago de algunas erogaciones para la ejecución del proyecto; sin embargo, ésta transfirió los recursos a una filial extranjera, sin que existiera contraprestación alguna, Grupo Funcional Desarrollo Social, por lo que ya no se utilizaron en la ejecución del proyecto.