Criminalización de la protesta social

A Arturo Quintanar

La criminalización de la protesta social en México es un texto coordinado por el jurista Oscar Correas (de cuantiosa obra con el factor común del derecho positivo y sobre teóricos de la talla universal de Hans Kelsen, jurista, político y filósofo del derecho austriaco), quien junto con Antonio Salamanca, Humberto Rosas, Daniel Sandoval, Enoé García Romero y Blanca Estela Melgarito Rocha en 360 páginas nos muestran trabajos de actualidad, en la medida que el binomio pobreza-desempleo aumenta; a lo que hay que añadir la hambruna, el robo de dinero público y la corrupción e incapacidad política de gobernantes que no cumplen con sus obligaciones, como salvaguardar la seguridad, lo que genera que las vanguardias de la sociedad afectada salgan a las calles para demandar soluciones.

Gobiernos como el de México, en lugar de respuestas pacíficas, echarán mano de las fuerzas represoras y más ahora cuando los militares andan por la calle con la justificación de una “guerra” de los narcotraficantes contra las instituciones. Así, policías y soldados, como ya sucede, combatirán a delincuentes y manifestantes para criminalizar por igual a quienes sin nexos con la delincuencia ejercen su derecho a exigir que gobernantes de los tres poderes cumplan con sus obligaciones. Pero, como éstos sólo ejercen el poder por el poder, esa “guerra” también será contra la protesta social. De aquí que el libro sea un asidero de información, análisis y argumentos para tener más armas de la razón y voluntad legal y legítima que permita ubicar esa criminalización como un abuso del poder político (con la complacencia del poder económico).

Dividido en tres partes: “Protesta social, represión”; “La protesta social y la teoría jurídica”; y “Judicialización de la protesta social”, más el hilo conductor de seis ensayos críticos que recorre el criminal panorama de lo que sucede en nuestro país. Y donde estamos a un tris de que se produzcan revueltas (¿la primavera mexicana?) para continuar protestas y manifestaciones amparadas en el artículo 9 constitucional pero que ya no respetan los gobernantes y enjuician penalmente a los que las encabezan.