Con incredulidad de que Felipe Calderón terminaría su gobierno hemos llegado al 2012 y este podría ser el último año del panismo en el poder. Han transcurrido 11 años de administraciones panistas para el olvido (seis de Vicente Fox y cinco de Felipe Calderón) y todavía falta uno más, quizás el más duro por ser año electoral, para completar la docena trágica del PAN.

El balance de estos 11 años es catastrófico: violencia y temor en todo el país con miles de muertos (niños, mujeres y ancianos incluidos) que nada tenían que ver con el crimen organizado y fueron asesinados en fuego cruzado, daños colaterales dice el ocupante de Los Pinos; otros miles de mexicanos están desaparecidos, secuestrados, levantados, torturados, detenidos y amenazados; la pobreza extrema sigue creciente; el analfabetismo que a nadie interesa, alcanza entre el 10 y 15 por ciento de la población; el desempleo aumenta en campo y ciudades, en consecuencia la migración sigue; muchas empresas en crisis despiden a sus trabajadores o simplemente cierran sus puertas; el poder adquisitivo de los trabajadores acumula ya muchas pérdidas; la descomposición social continúa y eso provoca mayor desintegración familiar; los problemas en educación, salud y vivienda no cesan.

Por si faltara algo, la corrupción gubernamental está incontenible y alcanza a todos los sectores, a todas las secretarías, a todas las paraestatales, a todos los órganos descentralizados. Tampoco se escapan de este mal otros poderes como el Judicial y el Legislativo. Lo más preocupante en los tres órganos de gobierno es la impunidad. Nadie hace algo en contra de ella y su reflejo es la falta de justicia en México, sobre todo para los más pobres y desprotegidos; los otros, los ricos y los corruptos simplemente la compran. Apenas el 5 por ciento de los delitos son atendidos y resueltos en tribunales; es decir, 95 por ciento de la delincuencia opera impunemente ante la anuencia del gobierno, sean ladrones, defraudadores, narcotraficantes, funcionarios corruptos, empresarios cómplices, violadores, asesinos y lavadores de dinero.

Es en este panorama desolador como arribamos al 2012, con un presidente de la República que fácilmente amenaza cuando se siente débil y desprotegido; que usa las instituciones y los órganos de gobierno a su antojo para dar impunidad y otorgar perdones extrajudiciales.

Así, 2012 inicia con un proceso electoral en puerta para definir qué grupo político se acomodará en el poder y con todo y amigos manejar las arcas públicas y el destino de la nación. Si hacemos caso a las dudosas encuestas, muchas de ellas amañadas por el mejor postor, debemos creer que el PAN no tendrá una oportunidad más para seguir en la Presidencia y que los votantes lo castigarán por su equivocado gobierno, por lo menos no en muchos años, y que será otra vez el PRI o por fin un bloque de partidos autollamados de izquierda, los que tendrán una nueva oportunidad de ascender al poder, siempre y cuando en Los Pinos respeten el voto de la población y dejen de intervenir como ocurrió hace seis años con Vicente Fox para impedir unas elecciones democráticas y limpias .

Por eso a cualquiera de estos grupos políticos de oposición que llegue a Los Pinos, si se cumple lo del voto de castigo al PAN, lo mínimo que debemos exigirle es justicia social para los más pobres y desprotegidos del país, sumada a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, así como transparencia en todas las acciones de gobierno.

Un buen principio sería que el próximo gobierno se interesara por acabar con el analfabetismo; mejorar el sistema de salud pública y que este alcanzara a todos los mexicanos; elevar los presupuestos en educación y aumentar la matrícula en escuelas básicas, medias y superiores; disminuir el gasto público de la burocracia, mediante la reducción de salarios de directores generales hacia arriba y eliminar gastos de representación como alimentos, telefonía, vehículos, seguros; desparecer secretarías de Estado que son elefantes blancos y sólo sirven para abultar el gasto presupuestal; combatir la corrupción y eliminar la impunidad; vigilar que los presupuestos a programas sociales se cumplan y se entreguen. Este es mi deseo para 2012.

Calderón y la soberanía

Un hecho que por lo menos hace dudar de la intención de Felipe Calderón de acabar con las bandas del crimen organizado y el narcotráfico, es su desinterés y omisión por combatir el delito de lavado de dinero producto de muchos ilícitos. Durante los cinco años que lleva al frente del gobierno federal, son nulos los resultados para procesar a los blanqueadores de dinero sucio, independientemente que los recursos mal habidos provengan del tráfico de drogas, del secuestro, la trata de personas, los fraudes financieros o hasta de robos.

El caso es que en México prácticamente no hay delincuentes sentenciados por lavar dinero en los circuitos financieros mexicanos, ni tampoco por introducir dinero sucio en sectores estratégicos como el turístico. Mucho menos imaginar que dueños o directores generales de bancos, casas de cambio o hasta aseguradoras, la mayoría de ellos en manos extranjeras (salvo Banorte, propiedad del priísta Roberto González Barrera), pudieran ser investigados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la Procuraduría General de la República, porque las instituciones financieras son utilizadas para blanquear el dinero sucio y financiar actividades criminales.

Sin resultados judiciales en esa área vital para la delincuencia organizada, es comprensible creer que el gobierno federal miente cuando expresa que le ha declarado la “guerra” a las bandas del narcotráfico, por la sencilla razón de que las finanzas de los cárteles de la droga están intactas. Imaginemos un escenario en donde los cárteles de las drogas no tuvieran dinero para comprar armas, contratar sicarios (mexicanos y extranjeros), sobornar funcionarios, policías y jueces corruptos, comprar las drogas que transportan desde Suramérica o chantajear y amenazar a campesinos para obligarlos a sembrar mariguana. Entonces si todos los órganos de procuración de justicia del gobierno federal combatieran el blanqueo de capitales, eso es lo que ocurriría y las autoridades gubernamentales tendrían realmente una oportunidad para vencer al crimen organizado.

Sin embargo eso no sucede y el tránsito de dinero sucio producto de muchos ilícitos se presenta en todas las áreas y sectores, ante la anuencia del gobierno federal que ha visto en esos recursos ilícitos una ayuda a la alicaída economía mexicana y tal vez sea esto por lo cual ha decidido permitirlo y no combatirlo como sucedería en cualquier país de leyes y justicia.

Pero ese vacío abierto por las autoridades mexicanas ha sido llenado por organizaciones policiales de Estados Unidos, como el Departamento del Tesoro; Aduanas; la Agencia Antidrogas (DEA, por su sigla en inglés), la Agencia de Inteligencia Central (CIA) y la Oficina Federal de Investigación (FBI), todas interesadas en los recursos que se blanquean en México, pero muy poco efectivas con el dinero sucio que entra a su país, lo que lo coloca como el principal centro de lavado de dinero del mundo, y en donde se calcula que la cifra rebasa los 100 mil millones de dólares por año.

El caso más reciente, como comentamos hace unas semanas, es el de la corrupta agencia antidrogas DEA, la cual vino a México a lavar dinero junto con los cárteles del narcotráfico, pues al fin de cuentas aquí nadie investiga ese delito y mucho menos lo persigue.

Es precisamente este tema al que se refirió hace unos días la vocera de Felipe Calderón, Alejandra Sota, quien rechazó que el gobierno mexicano tuviera conocimiento de la operación de lavado de dinero que realizaron en México agentes de la DEA, como parte de una supuesta lucha contra el narcotráfico, según reportó la agencia gubernamental Notimex.

El pasado 11 de diciembre, Alejandra Sota declaró en Washington en el programa Al punto (de la cadena Univisión), que “no sabía el gobierno mexicano [del hecho], y es importante resaltar que hemos iniciado una investigación por parte de la Procuraduría General de la República, para deslindar responsabilidades y en todo caso investigar si es que hubo este involucramiento”.

Antes de eso, el precandidato panista a la Presidencia de la República, Ernesto Cordero, había dicho que se tenían que investigar esas operaciones encubiertas de la DEA en territorio nacional. Es decir que, como secretario de Hacienda –cargo que ocupó hasta el 9 de septiembre de 2011–, tampoco se enteró de alguna operación conjunta entre autoridades de Estados Unidos y México, con el propósito de combatir el blanqueo de capitales.

Más claro no puede ser que el gobierno de Estados Unidos y sus cuerpos policiales y de inteligencia hacen en México lo que quieren, violan las leyes y la soberanía, entran armados y salen del país sin autorización algunas y sin reclamo de nadie, con lo cual violan la Constitución y las leyes mexicanas.

Como sabemos fue el diario The New York Times el que reportó que agentes de la DEA han estado lavando y contrabandeando millones de dólares de ganancias de los cárteles mexicanos de las drogas, como parte de una supuesta lucha contra el narcotráfico.

De acuerdo con el diario, en algunos casos agentes de la DEA llegaron a contrabandear de dos a tres cargamentos de dinero a la semana y otros agentes mexicanos, acompañados por estadunidenses, se han hecho pasar por contrabandistas y así recogen el dinero en México.

Cuestionada sobre la supuesta participación de agentes mexicanos en la operación de la DEA, la vocera de Calderón reiteró que “definitivamente es algo que se tiene que investigar, pero de entrada nosotros negamos que haya habido conocimiento por parte de las autoridades mexicanas de una operación de esta naturaleza”.

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