por Guillermo Olivera Díaz; [email protected]

2-6-2012

Por la protesta social criminalizada por Alan García, el actual Presidente de la Corte Suprema de Justicia, César San Martín Castro, ha ordenado, a través de una veloz y repentina Resolución Administrativa, el ilegal traslado de procesos judiciales y detenidos de Espinar, Cusco a la Región de Ica y de Cajamarca a Lambayeque.

Sin dicha norma sanmartiniana, la policía que jefatura el fujimontesinista ministro Calle, no lo habría llevado detenido al alcalde de Espinar hasta Ica.

Se trata de una orden escrita e ilegal, contenida en la Resolución Administrativa N° 096-2012-CE-PJ de 31-5-2012, dada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y que el mismo San Martín preside y maneja a su antojo. Los convoca cuando quiere

Esta Resolución Administrativa 096 ha sido expedida a petición escrita del ministro Calle, que firmó la sujeción a Montesinos y Fujimori, y del ministro de Justicia Jiménez Mayor y previa reunión de ellos en la sede de la Corte Suprema.

Esta írrita norma administrativa viola normas constitucionales y legales, pues cuando se trata de investigar y juzgar un delito cualquiera el juez competente (natural) es el del lugar de su comisión, donde naturalmente están las pruebas (las que no hay que trasladar a otro sitio), el lugar de detención del presunto culpable, la fecha de su comisión, entre otras razones.

El Código de Procedimientos Penales, que es ley, señala qué juez es competente para el caso, lo cual no puede alterarlo una simple disposición administrativa. La competencia del juez está previamente establecida y no se la puede cambiar después de cometido el delito; peor aún con una mera disposición administrativa.

Con la Resolución Administrativa en comento se viola una frondosa normativa legal y constitucional, en perjuicio de los detenidos que provendrían de Cajamarca a Lambayeque (por protesta social sobre Conga) y de Espinar y Cusco a la Región de Ica, imposibilitándolos de defenderse al no ser posible trasladar a los abogados de su normal elección. ¿Cuánta costaría llevar testigos de descargo de un lugar a otro? ¿Los va a costear San Martín?

Este es el Presidente de la Corte Suprema de Justicia del Perú llamado César Eugenio San Martin Castro, contratado como procurador público a sueldo (años 90) por Alberto Fujimori, luego despedido del cargo de magistrado por el mismo Fujimori y, finalmente, años después, autor de su condena a 25 años de privación de libertad.

¿Qué les parece el mandamás del Poder Judicial que tenemos y que quiere facultades legales para reorganizarlo sin corruptos?. A mí, me eriza la piel de pies a cabeza.

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