por Guillermo Olivera Díaz; [email protected]

13-6-2012

Siempre escucho atento, pero con ojos exoftálmicos, a los mandamases del Poder Judicial y Ministerio Público, César San Martín Castro y José Antonio Peláez Bardales hablar sobre la autonomía e independencia de sus entes y servidores de toda laya.

Jamás creeré tal monserga incompatible con la realidad cuotidiana que constatamos, pues los veo que aúpan, halagan o se arriman con demasiada facilidad al poder político de turno; también a los otros poderes.

En los casos Conga y Espinar es paradigmática hasta una añeja manumisión; actuaron de oficio, con prontitud y casi de rodillas. También en un chuponeo al congresista de oposición Luis Gallareta Velarde han sido copartícipes ¿cómo y de qué? la policía, un fiscal, un juez y el presidente del Congreso, Daniel Abugattás. No hubo levantamiento de inmunidad para interceptarlo judicialmente. Hay documentos de tal coparticipación.

Por la salud moral del país, ahora evanescente, este asunto debe investigarse ipso facto, en garantía de todos los que no debemos ser interceptados en correos electrónicos y llamadas telefónicas. El Art. 2°, 9 de la Constitución Política reconoce nuestro derecho al "secreto y a la inviolabilidad" de nuestras comunicaciones y documentos privados. En mi caso, violado en octubre del año 1997, cuando entraron a mi oficina, la saquearon y se llevaron el CPU de mi computadora y microfotografiaron mis archivos. Eran los tiempos de Montesinos y Fujimori. De mi denuncia dio cuenta el periódico La República.

No soy juez (sí lo fui), ni fiscal, por eso me juzgo soberano, libre e independiente, porque no dependo de nadie, de ningún gobierno dependí, salvo de mi trabajo profesional como abogado, aficionado al campo penal y docente universitario.

Me siento libre de escribir, abrir la boca en dirección de un interés superior que yo concibo y aspiraré sempiternamente. Lucho por los más, los que necesitan