Los titulares de la Secretaría de la Función Pública, Rafael Morgan Ríos; de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, y de Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea, general Marco Antonio González Barreda, determinaron que los 18 contratos asignados en los últimos tres años cumplieron con las normas y reglamentos que rigen al Ejército, por lo que la Dirección General de Administración, a cargo del general de división Diplomado de Estado Mayor Augusto Moisés García Ochoa, actuó de acuerdo con la ley.

Para el mismo secretario de la Defensa, general Guillermo Galván Galván, tampoco hay irregularidades en las adquisiciones; sin embargo, alertó que la Policía Militar continúa con la investigación interna sobre la filtración de información a los medios, “porque ahí hablamos de un delito muy grave que es traición a la patria”. El secretario señaló que se vulneró la seguridad nacional y la fuga de información sirvió al crimen organizado para conocer el equipo con que cuentan las áreas de inteligencia del Ejército Mexicano.
“Investigamos si las filtraciones se utilizaron para obtener recursos ilícitos por parte de algún militar a cambio de proporcionar información confidencial del Ejército”, precisó Galván Galván.

Preocupado por lo que sucede al interior de las Fuerzas Armadas, Felipe Calderón se reunió con el secretario de la Defensa y le ordenó llegar hasta las últimas consecuencias en las investigaciones para descubrir al responsable o responsables de haber vulnerado la seguridad del Ejército y poner en riesgo su área de inteligencia.

En la reunión, el presidente de México consideró que son legítimas las aspiraciones de los generales, pero lo que no se vale, coincidieron, es vulnerar la seguridad nacional y poner en riesgo al Ejército.

El general Galván se reunió con varios de los generales de división que aspiran legítimamente a sucederlo al frente de la Sedena, y les advirtió que antes que cualquier interés personal está la seguridad de la nación, por lo que apeló a su lealtad al país y al Ejército para mantener la calma y descubrir a los traidores que filtraron información confidencial que puso en riesgo un área tan sensible como es la de inteligencia en la lucha contra el crimen organizado y los grupos armados.

En las próximas semanas se dará a conocer de manera oficial el resultado de las auditorías sobre los 18 contratos, pero lo más importante será el proceso que se les siga a los militares responsables por dichas filtraciones, pues el grave delito que se les imputará será el de traición a la patria.

Al interior de la misma Sedena hay preocupación de que se utilice esa investigación militar para anular a uno o más generales que aspiran a suceder al general Galván, pues hay quien considera que las acusaciones de corrupción en la asignación de contratos y las filtraciones de información a los medios de comunicación tenían como objetivo poner en duda el honor y la lealtad de algunos militares.

Al inicio, la atención de los órganos de vigilancia y control del gobierno federal y del Congreso de la Unión se centraron en auditar ocho contratos y seis convenios modificatorios relacionados con la compra de equipo y contratación de servicios de comunicación e inteligencia, por un monto cercano a los 6 mil millones de pesos, para uso de las secciones Segunda y Séptima del Estado Mayor de la Sedena, cuyo jefe es el general de división Diplomado de Estado Mayor Luis Arturo Olivar Cen. La Sección Segunda es la encargada de las actividades de inteligencia y contrainteligencia del Ejército Mexicano. La Séptima, de las operaciones contra el narcotráfico.

Los primeros ocho contratos auditados se celebraron con Security Tracking, SA de CV. Los otros 10 contratos fueron signados también con esta compañía y con AV y D Solutions, SA de CV. Ambas empresas son representantes en México de corporativos estadunidenses especializados en tecnologías de inteligencia y aeronáutica, respectivamente.

El objetivo de los ocho primeros contratos fiscalizados fue incrementar las capacidades de espionaje y procesamiento de información de inteligencia de la Sedena. De acuerdo con las copias de los contratos, el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea Mexicana construyeron un Sistema de Inteligencia Regional para modernizar el Centro de Comando y Control, sus subcentros y módulos, y construir la Plataforma Pegasus.

De los contratos se desprende que el proyecto se denominó “Sistema de Inteligencia Regional para Incrementar las Capacidades de la S-2 (Sección Segunda) Inteligencia, Estado Mayor de la Defensa Nacional”. Consta de tres fases, las cuales están amparadas por sendos contratos firmados con Security Tracking Devices: 4550000033, 4550000007 y 4550000006. Además, otros contratos intermedios se firmaron con la misma empresa también para adquirir productos y servicios relacionados con las actividades de inteligencia: 4500006718, 4500006876, 4500006908, 4500000147 y 4500000525.

El equipo adquirido es de tal capacidad, que la empresa estadunidense debió contar con la autorización de la Secretaría de Estado de Estados Unidos para poder venderlo a la Sedena. Según la descripción de los contratos, la Sección Segunda cuenta ahora con la capacidad de intervenir cualquier tipo de comunicación electrónica, de manipular a distancia –mediante órdenes que pasan inadvertidas– computadoras, radios, teléfonos celulares y cualquier tipo de teléfono “inteligente” o smartphone.

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Miguel Badillo
Fuente
Contralínea (México)