Los alanistas de todo pelaje gustan, hasta el hartazgo, del verbo vacar y luego revocar, no importa cómo, para posibilitar apoltronarse en el poder y seguir torcidamente, tras el mendrugo, la pitanza o el botín fiscal. Tal es su iter criminis. Luis Castañeda, les calza como anillo al dedo y don Alberto también. Para éste, disolver el Congreso es su plato fuerte. ¡Fuji-alano-castañedismo a la vista; la corrupción los junta, apiña y unifica!

Una suspensión por 30 días del entonces presidente Toledo fue el claro amago de su vacancia; la Moción 7510 de 19-5-2005 la firmaron, con “disciplina compañeros”, todos los de la célula parlamentaria aprista; Alan no, porque no era congresista, pero estaba detrás, sin dejarse ver, casi, casi como en la revocación actual de Susana Villarán. Los Mulder, Velásquez y el tío George fungían con destreza, como hoy, de independientes, incapaces de adocenarse.

Antes como ahora, buscaban aprovecharse de la Constitución Política, cuyo Artículo 114 contempla la suspensión del ejercicio presidencial por “incapacidad temporal…declarada por el Congreso”. Precisamente, en el llenado del contenido de esta “incapacidad” radica la viveza, la componenda y la negación de la política, muy cara al alanismo, disfrazado de aprismo.

Sin delito investigado a Toledo, supuesto que no faculta la Carta Política, tampoco denuncia constitucional por el escandaloso ilícito de las firmas falsas de Perú Posible, menos investigación preliminar fiscal ni proceso penal de juez que haya declarado responsabilidad alguna del entonces presidente, ya buscaban infligirle una áspera sanción, como es la suspensión, aunque fuere por 30 días: ¡el Perú sin mandatario, no importa, el apetito partidario, sí!

Siguiendo estas sabias enseñanzas de picardía, el actual congresista José Luna Gálvez, que aparece como secretario general de Solidaridad Nacional, con jefatura real marca Castañeda Lossio, pretende hacer de tripas corazón con las normas constitucionales. ¡Quiere que le concedan licencia de la función legislativa para hacer campaña revocatoria por el Sí, que promueve su jefe!

A tamaño padre de la patria, Luna, aunque no es selenita, no le interesa que el mandato congresal deba ejercerse, según reza el Art. 92 de la Constitución, a tiempo completo, sea irrenunciable, incompatible con el ejercicio de cualquiera otra función, salvo la de ministro o docente universitario, incompatible también con la condición de gerente, apoderado, representante, abogado, accionista mayoritario, miembro de directorio alguno, entre otros supuestos. Ciegamente, le interesa licencia y hacer campaña ramplona contra una alcaldesa elegida, aunque no tenga abierta investigación en su contra por delito o cosa parecida. ¡Ayudar a Castañeda a revocar, primero, la función de congresista, después!

La Constitución Política, tampoco otras normas legales o reglamentarias, han instituido la licencia de la labor parlamentaria para campañas electorales. No existe licencia para eso. ¡Que el Congreso rechace de plano semejante pedido!

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