Cuando el general Lázaro Cárdenas asumió la Presidencia de la República en 1934, los energéticos se encontraban de forma absoluta en manos de empresas extranjeras; por ello, el crecimiento de la economía y el bienestar del pueblo de México se supeditaban a los caprichos e intereses de los voraces capitales internacionales.
30. junio, 2013 Martin Esparza Opinión
Segunda parte
Solapadas décadas atrás por el entreguista gobierno de Porfirio Díaz, las ya poderosas trasnacionales no únicamente imponían sus tarifas y condiciones de venta del petróleo, las gasolinas y la electricidad que consumían los mexicanos; además, se negaban de manera sistemática a pagar los salarios y prestaciones consagrados en el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos promulgada en 1917, al imponer, como en el caso de las compañías petroleras, condiciones infrahumanas y de alto riesgo a sus trabajadores.
No puede dejar de mencionarse para entender el contexto político y social en que se dieron acciones trascedentes para el futuro del país y la defensa de su riqueza energética que, desde el inicio de su administración, Cárdenas mostró una política de apoyo a los obreros y a los campesinos, tanto en materia legal como de respeto a sus procedimientos para realizar sus demandas lo que, incluso, llegó a provocar fuertes críticas del llamado entonces Jefe Máximo de la Revolución, Plutarco Elías Calles, en cuyo gobierno los trabajadores siempre estuvieron en franca desventaja ante los abusos laborales de los empresarios.
En junio de 1935, el expresidente declaró en una entrevista que el país requería de cordura, y se lamentaba porque la administración de Cárdenas “toleraba la ola de huelgas” y movilizaciones de las organizaciones obreras en el país.
Eran los tiempos en que el fantasma del fascismo recorría el mundo, por lo que no fue casual que tras las declaraciones de Calles los grupos de ultraderecha y simpatizantes de este sistema totalitario y represor buscaran organizarse en contra de las decisiones justas en favor de las clases populares enarboladas por Cárdenas, a través de organizaciones como los llamados Camisas Doradas, que contaban, por supuesto, con el respaldo de las firmas extranjeras, responsables en buena medida de orquestar campañas, desde el anonimato, acusando al entonces presidente de simpatizar con los “comunistas”.
Las agresiones que ya se palpaban en todo el territorio nacional contra el general Cárdenas, apadrinadas por Calles, conllevaron a que el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) lanzara una convocatoria a todo el país, el 12 de junio de 1935, llamando a la unidad a las organizaciones obreras con carácter de urgente. Acudieron todas, menos dos: la radical Confederación General de Trabajadores y, por supuesto, la Confederación Regional Obrero Mexicana, aliada, a través de Luis N Morones, al general Calles.
Firmaron el histórico documento de unidad los sindicatos de tranviarios, de las Artes Gráficas, la Confederación General de Obreros y Campesinos de México, la Federación de Sindicatos de Obreros del Distrito Federal, los gremios de ferrocarrileros, mineros y telefonistas, entre otros. De esta forma, el 15 de junio de 1935 las mismas organizaciones acordaron constituir el Comité Nacional de Defensa Proletaria (CNDP), también bajo los auspicios del SME, y establecieron entre algunos de sus principales puntos: “se constituye el CNDP ante las amenazas contra los derechos conquistados por obreros y campesinos (…); Quinta: se establece la huelga general ante el asomo de manifestaciones fascistas que ponga en peligro los derechos de los trabajadores”.
El frente de apoyo a Cárdenas, propuesto por el SME, permitió al entonces presidente detener los avances reaccionarios en el país. Fue tal la fuerza del movimiento de masas que se volcó en apoyo a Lázaro Cárdenas del Río que, rebasado por las circunstancias históricas, Calles anunció el 16 de junio que se retiraba a la vida privada en su Hacienda de Santa Bárbara, para más tarde partir al extranjero.
Dos meses después, el 16 de agosto de ese trascendente año, se constituyó el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana ante los crecientes y desmedidos abusos de las compañías petroleras, en su mayoría inglesas y estadunidenses que se negaban a la firma de un contrato colectivo y el reconocimiento de justas demandas, como la jornada de 40 horas y el pago de salarios por enfermedad. Más tarde, en febrero de 1936, y también con el apoyo del gobierno nacionalista de Cárdenas, nació la Confederación de Trabajadores de México, bajo el liderazgo de Vicente Lombardo Toledano.
Fue en aquel año cuando empezó a gestarse en el proyecto de gobierno del general Cárdenas el nacimiento formal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sobre todo cuando sopesó aspectos como la intransigencia de la compañía Mex-Light por negociar dentro del marco del derecho laboral, la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo con el SME, organización que comunicó al jefe del Ejecutivo el inminente estallido de la huelga, misma que se verificó el 16 de junio y que no fue levantada sino hasta en la madrugada del día 25, cuando la empresa firmó la aceptación completa del pliego petitorio.
El mandatario corroboró el lastre en que se estaba convirtiendo, no únicamente para los trabajadores sino para el país, el monopolio de las firmas Mexican Light and Power y American and Foreign Power, ya que las mismas apenas y habían mantenido un crecimiento anual del 1 por ciento, insuficiente para atender la creciente demanda nacional de electricidad. De hecho, y como una muestra de su evidente desinterés por el futuro de México, las empresas ni siquiera se molestaban en reinvertir sus exageradas ganancias en proyectos que no consideraran altamente rentables. Todos sus excedentes de capital eran enviados al extranjero.
Para 1937, México tenía 18.3 millones de habitantes y solamente tres empresas ofrecían el servicio de energía eléctrica a 7 millones de mexicanos, que representaban el 38 por ciento de la población. La demanda superaba con creces a la estancada oferta. Además, las fallas en el servicio eran constantes y las tarifas muy elevadas. Desgraciadamente, tal como hoy sucede.
En este sentido y con el propósito de construir plantas generadoras para satisfacer sin fines de lucro la demanda existente, el presidente Cárdenas decretó en Mérida, Yucatán, el 14 de agosto de 1937, la constitución formal de la CFE, dependencia que se encargaría de estudiar la planeación del sistema nacional de electrificación, así como de ejecutar y adquirir obras relacionadas con la generación, transmisión y distribución eléctrica, cambiando con ello la perspectiva regionalista de la electrificación de modo que de acuerdo con el proyecto de gobierno del general Cárdenas, el campo se viera favorecido al poder bombear agua de riego, el arrastre y la molienda, pero también se buscaba impulsar el alumbrado público de las pequeñas ciudades.
El 18 de marzo de 1938, y tras meses de agobiante lucha por lograr que las empresas petroleras les concedieran mejores prestaciones, los trabajadores petroleros vieron cristalizarse sus demandas a la par de que el país recobraba la riqueza de sus hidrocarburos. Al negarse las empresas extranjeras a reconocer su compromiso con los trabajadores y manifestarse en franca rebeldía por el laudo emitido en su contra por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje –pese a que la Corte les demostró con cifras en la mano sus escandalosos dividendos–, el general Cárdenas tomó la determinación de llevar a cabo la expropiación petrolera.
Y como ocurrió 3 años atrás, el mandatario no sólo recibió el apoyo solidario del movimiento obrero en su conjunto sino de todo el pueblo de México. La oligarquía internacional y la ultraderecha fascista vieron desmoronarse su intención de debilitar al gobierno cardenista y, con ello, aniquilar la lucha de la clase trabajadora por defender y conservar sus legítimas conquistas plasmadas en la Constitución de 1917; pero, sobre todo, la nación recobró el pleno dominio sobre la riqueza de sus hidrocarburos y fincó las bases de una industria eléctrica que en 1960, durante el gobierno del presidente Adolfo López Mateos, concretaría, con la misma visión nacionalista de Cárdenas, el control del Estado sobre sus energéticos, en aquellos gloriosos tiempos en que pueblo y gobierno iban de la mano, y en un mismo sentido, por la salvaguarda de las riquezas de la nación y de su progreso económico.
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
Fuente: Contralínea 341 / junio 2013
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