10. septiembre, 2013 Flor Goche / @flor_contra Ocho Columnas

Es la pantalla chica, el Canal de las Estrellas, el noticiero nocturno. El primer plano es para Diego, un niño de camisa de rayas horizontales. Desde San Francisco Lachigoló, Oaxaca, el menor pide, cabeza gacha, voz tenue, “que regresen los maestros porque sin ellos no nos pueden dar estudio, y no podemos llegar a ser algo en la vida”.

Entre interminables carpas de lonas multicolores, más interminables aún las tiendas de acampar que se posan sobre el corazón de la antigua Tenochtitlán, derrumbada y sepultada hace casi 500 años, los maestros responden: “Nuestra lucha es a futuro. Dejamos las aulas por necesidad. Es imperante venir a exigirle al gobierno que contribuya a mejorar la educación pública. Y si es 1 mes, si son 2 meses, los beneficios van a ser para toda la vida”.

La voz es de Lev Moujahid Velázquez Barriga, historiador, maestro en didáctica en ciencias sociales y doctorante en pedagogía crítica. Dese hace 11 años, Lev se desempeña como profesor de telesecundaria; ahora es parte de la subcomisión del educador popular del Comité Ejecutivo Seccional de la sección 18 del magisterio de Michoacán.

Él, como otros 40 mil docentes de diversas entidades del país –12 mil de ellos residentes de Michoacán–, se trasladó al Distrito Federal. El objetivo inmediato: buscar que los gobernantes se desistan de imponer las leyes secundarias a la reforma educativa del 6 de febrero de 2013.

Acostumbrado a las carencias de la vida rural –su primera experiencia como docente de telesecundarias fue en una comunidad de la sierra en la que impartía clases debajo de los árboles: no había escuela, mucho menos televisores–, Lev no se queja de las condiciones en que sobrevive desde hace 4 meses. Plantado en el Zócalo capitalino, a expensas del temporal y de las agresiones de una población intoxicada por el odio que suministran los medios masivos de comunicación. También, de las enfermedades que pueden devenir de la escasa alimentación, el desgaste físico y la insuficiencia de servicios sanitarios.

Con el cuerpo aún entero, quizá producto de la corta edad (34 años), Lev advierte que “la mal llamada reforma educativa” –docentes y especialistas aseguran que se trata más bien de una reforma de carácter laboral y administrativo– significa la privatización de la educación. Explica, por ejemplo, que el establecimiento de los consejos de participación social y la autonomía de gestión de las escuelas implican la legalización de las cuotas y la entrada de patrocinadores privados a los centros escolares.

Por eso, Lev insiste: “Esto es una cuestión necesaria [dejar las aulas momentáneamente para manifestarse]. Si nosotros no estamos aquí, en el futuro los niños ni siquiera van a tener la posibilidad de una escuela o un lugar en donde estudiar”.

Campaña de mediática de “odio”

En su libro No habrá recreo, el periodista Luis Hernández Navarro evidencia la ofensiva mediática de la que ha sido objeto el magisterio democrático como consecuencia de su oposición a la reforma educativa. Se trata, dice, de una campaña de “satanización” cuyo motor es la organización Mexicanos Primero, que “oculta su naturaleza de grupo de presión de la derecha empresarial presentándose como parte de la sociedad civil” y cuyo presidente, Claudio X González, presidió hasta hace poco tiempo la Fundación Televisa.

“La propaganda empresarial –continúa Hernández Navarro– presenta a los docentes como seres egoístas que tienen secuestrada a la niñez, como vagos irresponsables que frenan el desarrollo del país, como trabajadores privilegiados que devengan grandes sueldos sin merecerlo, como empleados que se niegan a ser evaluados, como profesionistas reprobados en los conocimientos y aptitudes que deben tener para ejercer adecuadamente su labor”.

¿Quiénes son en realidad los docentes que hoy se manifiestan en la capital del país? En entrevista colectiva, integrantes de la sección 18 del magisterio democrático reviran el contenido de la propaganda oficial a la que denominan “campaña de odio”. Piden a la población escuchar su mensaje.

El turno es de Juan Melchor, maestro de primaria con 29 años de servicio, quien es parte de la dirección política nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Mientras replican las campanas de la catedral metropolitana, el dirigente refiere los principios que caracterizan a la organización magisterial que surgió a finales de la década de 1970 en busca de la democratización sindical y la preservación de la escuela pública mexicana.

Los maestros aglutinados en la CNTE no son sólo la fracción disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sino, primordialmente, seres humanos con arraigada vocación de servicio, sostiene. Ellos y ellas han contribuido con el desarrollo de las escuelas y comunidades –fungiendo incluso como gestores de necesidades elementales–, con el sostenimiento de la educación pública y gratuita, con la construcción de diversos procesos de organización popular, con la edificación de proyectos alternativos de educación cimentados en principios como la solidaridad, el cooperativismo y la preservación de la identidad de los pueblos…

El también egresado de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, de Tiripetío, Michoacán, advierte que “cuando se habla de que somos seres privilegiados, egoístas y, en todo caso, irracionales o agresivos, tiene que ver con una campaña de odio que intenta poner un dique a nuestro desarrollo, pero, sobre todo, volcar a otros sectores de la población en nuestra contra”. Se trata de campañas propias de regímenes fascistas, acota.

Después profundiza en el calificativo de “privilegiados”. Cuando se les talla de ello, explica, es porque son uno de los pocos sectores sindicalizados que aún conservan los derechos que por ley, de precepto constitucional, les asisten: jubilación, plazas de base, asueto, entre otros.

“Esta campaña intenta llevar al pueblo a un engaño en donde ellos [los medios masivos de comunicación y los sectores que éstos representan] plantean que la democracia es estar todos iguales, pero a la baja. Nosotros lo que planteamos, en todo caso, es que este ‘egoísmo’ que ellos manifiestan que tenemos, debería trasladarse a toda la población para estar iguales pero a la alza: con esquemas donde los trabajadores tengan efectivamente una estabilidad laboral, que permita al trabajador desarrollarse sin estar pensando qué va a comer mañana, si el sueldo le va a alcanzar o si va a ser rescindido de su contrato”, puntualiza.

Gobierno de oídos sordos

¿Por qué el magisterio democrático recurre a plantones, bloqueos de avenidas, marchas y paros de labores como medidas para lograr la derogación de la reforma educativa?

Esta pregunta ronda frecuentemente por la cabeza del ciudadano común. La respuesta más simple proviene de los medios de comunicación masiva. “Actuará GDF [gobierno del Distrito Federal] contra maestros violentos”; “Reprueba la iglesia a maestros violentos”; “Maestros vándalos salen a las calles a generar caos vial mientras decenas de miles de alumnos esperan cátedra”… Son algunos de los encabezados que a raíz de las protestas de los docentes destacan en los diarios de circulación nacional.

Vistos de frente, los maestros distan mucho de la imagen construida sobre el papel prensa que oscila del blanco al ligeramente coloreado. “Las acciones que emprendemos se acuerdan siempre de manera colectiva. Hablando del caso de la sección 18 de Michoacán, se consensan desde las 800 delegaciones y se proponen desde las asambleas estatales del Comité. Y siempre se hace una valoración de en qué momento hay que hacer acciones más fuertes. Nunca es la primera opción, nunca de inicio se dice: ‘¡Vamos a hacer una marcha, un plantón!’ Cuando llegamos a este punto es porque ya pasamos por todo un proceso de interlocución, de diálogo, de mesas de trabajo con los funcionarios. Es después de que se han cerrado, que empezamos a discutir las grandes movilizaciones y las grandes acciones”, explica Lev, integrante del magisterio michoacano.

Mirna Santiago Gallegos también se pronuncia al respecto. En diciembre pasado, la maestra de preescolar y exdirectora del Jardín de Niños Primavera se integró a la dirigencia de la sección 18. Manifiesta que las grandes gestas históricas demuestran “que no es mandando una carta o hablando por teléfono” como se resuelven las demandas de los docentes.

Además pide a la población valorar quiénes son en realidad los violentos: los maestros o los gobernantes mexicanos. “¿Será más agresivo un bloqueo o que este gobierno tenga sumidos en la pobreza al 80 por ciento de los habitantes?”, cuestiona.

Mirna, quien se incorporó al magisterio democrático harta de la “corrupción” del sindicato oficial –de la que ella fue testigo– remata: “Estas formas de lucha nosotros las asumimos, incluso, con sufrimiento, con costo en el bolsillo, arriesgando la vida. No es por gusto. Es porque no hay manera de hacerse escuchar en este pueblo con un gobierno de oídos sordos”.

El precio de la lucha

En el clímax del movimiento magisterial, senadores priístas solicitaron a Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, investigar el origen del financiamiento del alquiler de autobuses, alimentación, movilizaciones y mantenimiento de miles de maestros disientes en la capital del país.

Según una nota publicada en el portal de Noticias MVS el pasado 27 de agosto, Joel Ayala Almeida, integrante de la LXII Legislatura del Senado de la República, “aseguró que nadie puede sostener un movimiento por tanto tiempo sin recursos financieros contantes, por lo que, insistió, debe investigarse ‘quiénes auspician esta rebeldía’”.

Los integrantes de la CNTE aseveran que “no hay en absoluto dinero financiado por alguna institución, organismo público o privado, llámese partido o cualquier tipo de fuerza o agrupación”.

Mirna Santiago, dirigente de la sección 18, afirma que el principal sostén proviene de los bolsillos de cada profesor. Explica, por ejemplo, que los docentes se organizan para alquilar camiones y que cada uno de ellos costea su propio pasaje. También, que los maestros que por diversas razones no pueden viajar contribuyen económicamente con los que sí pueden.

La solidaridad de organizaciones, movimientos sociales e individuos constituye la segunda fuente de sustento. Aportan con víveres para la cocina o, simplemente, con dejarlos utilizar el baño de manera gratuita. A finales de agosto pasado, representantes de la Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual arribaron al campamento con un camión repleto de agua embotellada.

Asearse o satisfacer las necesidades fisiológicas representa un gasto más. Se asume individualmente. Aún entre las filas docentes, residentes de un frágil laberinto de telas y plásticos multicolor, las diferencias prevalecen: “Hay quienes tienen para pagar, en ocasiones, una habitación de hotel para bañarse, o quienes, de vez en cuando, pueden ir a comer a una fonda. Pero hay otros que no”.

Respecto de la alimentación de quienes pernoctan en el Centro Histórico, Lev, integrante de la subcomisión del educador popular del Comité Ejecutivo Seccional de la sección 18, explica que en el campamento existe una cocina colectiva, “sin afán de lucro”, que opera con una cooperación de entre 15 y 30 pesos al día por persona. Ésta provee tres comidas muy básicas.

“Hay un principio básico que tenemos en la CNTE: no recibimos donativos o aportaciones voluntarias en efectivo por muy mínima que sea la cantidad. Sí recibimos especies de víveres, agua, todo eso… Algunos compañeros todavía mantienen la cultura del boteo, que es solicitar colecta en brigadeo o asambleas; eso va directamente a la cocina porque son cantidades muy pequeñas”, precisa Juan, miembro de la Dirección Política Nacional de la CNTE.

“¡De Norte a Sur, de Este a Oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste!”, reza una de las consignas más populares del movimiento social. La facilidad con la que miles de voces corean el combativo cantar, contrasta con la realidad de su asunción.

“¡Y vaya que cuesta!”, pronuncia Alejandra Linares Cruz, mientras camina entre una multitud que se pasea tiesa, agresiva, por el Centro Histórico de la Ciudad de México. Desea llegar al otro lado del campamento para observar la manifestación de solidaridad con el magisterio que hace apenas unos minutos arribó por la calle 16 de Septiembre.

Alejandra es profesora de formación; maestrante en sicología educativa; integrante de la Subcomisión del Educador Popular del Comité Ejecutivo Seccional de la sección 18. Luego de un profundo suspiro, recuerda que sus hijos se encuentran muy lejos de ella, en Morelia, a más de 300 kilómetros de distancia. Mientras ella lucha por sus ideales, sus padres la apoyan con el cuidado de los pequeños.

Evaluación no es igual a medición

La reforma educativa, contemplada en el Pacto por México, lejos de procurar la calidad la educación es “regresiva”, asegura Vladimir Altamirano. Y es que, argumenta, atenta contra derechos laborales; carece de contenidos pedagógicos; establece un régimen punitivo para los trabajadores de la educación y la obligatoriedad de las pruebas estandarizadas.

A principios de la década de 1990, en sus años como educando, Vladimir se desempeñó en la cartera de orientación política del Comité Estudiantil de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, de Tiripetío, Michoacán. Hoy, 4 lustros más tarde, es representante de la región Uruapan del magisterio democrático de Michoacán.

Una de las principales críticas de la CNTE a la reforma educativa que afecta a los cerca de 1 millón 150 mil trabajadores docentes aterriza en el tema de la evaluación. No es que los maestros no quieran de ser evaluados; su disgusto es con las pruebas estandarizadas que apuntan más bien hacia la medición.

En este sentido, el planteamiento institucional es claro. El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recientemente modificado, establece que en aras de evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del sistema educativo nacional, corresponderá al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, entre otras dependencias, “diseñar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema”.

En su colaboración del 13 de diciembre de 2012 en el periódico La Jornada, Manuel Pérez Rocha, exrector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, expone las diferencias entre estos dos conceptos: “Evaluar es juzgar, es decir si algo está bien o no, si cumple con determinado valor o no, si es satisfactorio o no; medir es simplemente averiguar cuántas veces una unidad está contenida en una cantidad. Medir el desempeño de un maestro significaría, por ejemplo, determinar a cuántas clases asistió en el año, qué porcentaje del programa cubrió, cuántas evaluaciones hizo a sus alumnos, etcétera. Pero esos números por sí mismos nada dicen. Deben dar paso a la evaluación, la cual implica fijar un parámetro de comparación, un criterio del valor”.

Más adelante agrega: “Hacer mediciones es, en efecto, una tarea técnica; evaluar es una tarea mucho más compleja que exige definiciones éticas, filosóficas, políticas”.

Así, los integrantes de la CNTE se pronuncian por una evaluación integral, cualitativa, colectiva, profunda, reflexiva e, incluso, formativa.

Los proyectos alternativos

Michoacán, cuna de la mariposa monarca, lo ha sido también de proyectos alternativos de educación. Lev, integrante de la subcomisión del educador popular del Comité Ejecutivo Seccional de la sección 18, refiere que desde 1995 opera en la entidad, a la par del proyecto oficial, el Programa Alternativo de Educación y Cultura, a cargo del magisterio democrático.

Éste se conforma, a su vez, de diversos programas de carácter popular construidos desde un sin fin de pedagogías (de la liberación, de la tierra, de la resistencia, del movimiento social, de la ternura…); todas ellas ajenas a la visión empresarial y de competencias.

Algunos de los programas, “presentes en diversas regiones del estado, en diferentes formas”, detalla Lev, son las escuelas integrales de educación básica; la red de escuelas públicas renovadoras, donde están las escuelas libres de comida chatarra; los centros para el Desarrollo de la Creatividad, el Arte, la Cultura y el Deporte; el Programa de Alfabetización Popular; la Escuela de Formación Política y Pedagógica para el Magisterio; el Centro Sindical de Investigación Educativa; el Programa de Desarrollo Lingüístico Integral; los colectivos de Planeación Pedagógica Alternativa.

El también historiador por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, destaca tres de los más importantes: el de las escuelas integrales, que opera en 60 centros escolares; el de Desarrollo Lingüístico Integral, aplicado por alrededor del 80 por ciento de los docentes de preescolar y primaria; la Red de Escuelas Públicas Renovadoras, a la que se han sumado unos 150 planteles educativos.

A partir de esta experiencia, Lev concluye que el proyecto pedagógico no puede ir deslindado del político. Por eso, dice, todo proyecto educativo debe apuntar hacia un tipo específico de sociedad. El proyecto construido desde este sector del magisterio democrático aporta en la construcción de una nueva sociedad: democrática, solidaria, de participación colectiva, responsable con el medio ambiente, crítica, con nuevas relaciones de producción, humana…

Al igual que ocurre en Michoacán, en otras entidades del país también se cultivan proyectos alternativos de educación, todos con sus particularidades. En Oaxaca está, por ejemplo, el Plan Alternativo para la Transformación de la Educación; y en Guerrero, las escuelas altamiranistas.

Hacia la educación que necesitamos los mexicanos y Análisis y Perspectivas de la Reforma Educativa son tan sólo dos de los documentos que condensan el proyecto educativo –alterno al hegemónico–, que la CNTE, de la mano de otros sectores progresistas, ha construido a lo largo de casi 34 años de existencia.

Fuente: Contralínea 351 / 9 al 15 septiembde de 2013