Para Julio Hernández López,
continuador de Buendía y Granados Chapa

Buendía tocó la corrupción bautizada como narcopolítica, que al parecer llegaba hasta la Presidencia delamadridista; con los militares, sus implicaciones policiacas y no pocos desgobernadores, pillos dentro y fuera del gobierno, donde está el origen de una de las tragedias del país y que el historiador Lorenzo Meyer, tan magistral y certeramente pone de relieve en su más completo logro: Nuestra tragedia persistente. La democracia autoritaria en México, editorial Debate, 2013.

El periodista Miguel Ángel Granados Chapa –tan necesario en estos tiempos– siempre estuvo muy pendiente sobre la sentencia al homicida hidalguense Zorrilla Pérez (¿intervendría el Grupo Hidalgo de Murillo Karam y Osorio Chong para su liberación?), para que al menos encarcelado pagara mínimamente su crimen. Empero, al alegar enfermedad y vejez lo han puesto por segunda vez en libertad para que permanezca recluido en su domicilio, lo cual es de dudarse.

Cuando en 2009 su gestión legal logró liberarlo, la pluma del Zarco contemporáneo que fue Granados Chapa encabezó a quienes nos opusimos a esa gracia y fue nuevamente recluido. Nunca fue exculpado, porque las evidencias son contundentes: Zorrilla Pérez, por sí mismo y por órdenes superiores o para quedar bien con la elite presidencial de entonces, mandó asesinar a Manuel Buendía. No hay ninguna duda: jurídicamente, ante tribunales penales, fue el homicida; pero hubo tenebrosos personajes del autoritarismo político que quisieron la muerte del periodista michoacano.

Es la maldad hasta la ene potencia y la banalidad del mal (Alan Wolfe, La maldad política, editorial Galaxia-Gutenberg, 2013; y Hannah Arendt, Eichmnn en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal, editorial Lumen, 2009) en Zorrilla Pérez, capturado en las investigaciones del columnista más brillante en su tantear y transitar para publicar su trabajo de portero simultáneo al escribir sus opiniones desde La Prensa, los soles, antes El Día, bajo la firma de Tellezgirón, y finalmente con su Red Privada, en Excélsior, para culminar su carrera de periodista truncada por el crimen organizado desde los pasillos del poder presidencial.

Tras el homicidio de Buendía, tomó la estafeta Granados Chapa como el columnista más relevante del periodismo, con la reproducción de Plaza Pública en 30 diarios del país, para, como Buendía, ser el columnista nacional.

Ahora Zorrilla Pérez ha sido liberado, perdonado, no del delito, sino de permanecer encarcelado para concluir lo que le resta de la sanción penal en su casa, mientras miles de indígenas inocentes ni siquiera han tenido un debido proceso e injustamente están privados de su libertad, como el caso de Alberto Patishtán, a quien los jueces del Tribunal Vigésimo Colegiado de Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, acaban de confirmar su sentencia de 60 años. Es una injusticia permitirle a Zorrilla no purgar su sentencia en la cárcel; igual de injusto es hacer que Patishtán siga tras las rejas. A Zorrilla lo ha favorecido que el Grupo Hidalgo (Murillo-Osorio) esté en la antesala del poder presidencial. Pero como Patishtán es un simple mexicano, y además indígena, injustamente lo dejan en la indefensión al haber agotado instancias y recursos.

Es una verdadera aberración que Zorrilla haya sido dejado en libertad para purgar lo que le resta de su sentencia cómodamente en su domicilio, cuando ni siquiera ha cumplido la edad reglamentaria para ese beneficio; a estas alturas, sólo falta que liberen a la señora Gordillo y la manden a una de sus mansiones. Es equivalente a no haber hecho justicia a Manuel Buendía y dejar la puerta abierta para que quienes maten periodistas sean de inmediato exculpados. Se ha sentado un precedente más del autoritarismo desde el poder presidencial. Al fin y al cabo que el peñismo está siguiendo la ruta panista para dejar que se cometan delitos contra los periodistas. Es Atenco lo que está desgobernando al país, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentenció que ahí hubo homicidios y violaciones a los derechos humanos.

Fuente
Contralínea (México)