Soy dueño del caos de mi corazón pero tú eres participe.

El único médico veterinario zootecnista que ha revelado presuntos actos de corrupción en las corridas de toros de la Plaza México, Benjamín Calva Rodríguez, fue despedido. El perito perdió su empleo tras documentar y denunciar que, cada tarde en las temporadas grandes, se lidian becerros o novillos en lugar de toros.

“Hasta donde sé, el doctor Calva hizo unas declaraciones poco amables [sic] para la delegación y esto no gustó”, dice en entrevista Javier García de la Peña, único funcionario de la delegación Benito Juárez que accedió a hablar con Contralínea y que actualmente funge como médico veterinario perito en la Plaza México.

Tras la publicación de informes del perito sobre el fraude permanente en las corridas de toros montadas por Miguel Alemán Magnani y Rafael Herrerías, Calva Rodríguez no volvió a ser llamado para ejercer su labor. La situación estaba caliente, le habría advertido el coordinador taurino Orlando Rafael Martínez Martínez, por lo que su “integridad física” corría peligro dada la ira de los empresarios debido a sus declaraciones y el historial de amenazas supuestamente cumplidas por parte de ellos.

Por “seguridad”, le perjuró, no trabajaría en las “primeras novilladas” de la temporada chica 2013.

En un principio se suspendió de facto al médico y catedrático de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) con la promesa no sólo de volverlo a programar, sino de reabrir el laboratorio de la Plaza México para la temporada grande 2013-2014. Incluso llegó a asegurar Martínez, miembro del movimiento Acción Juvenil del Partido Acción Nacional (PAN), haber solicitado “800 mil pesos del presupuesto” para tal efecto.

“¡Mentira y mil veces mentira! Eso fue una engañifa de la delegación para sacar tramposamente a la vuelta de algunas semanas al doctor Calva. Le dicen: ‘siga percibiendo. No venga’. Y cuando ven el momento justo, meten a un veterinario para que les venda protección tanto a los ganaderos como a la misma empresa”, señala el doctor Pedro Martínez Arteaga, miembro de la Asociación Nacional de Veterinarios Taurinos (ANVT).

—¿Se está haciendo algo para reabrir el laboratorio? –se le pregunta al doctor García de la Peña, quien quedó como único veterinario sancionador nombrado por Jorge Romero, delegado de la Benito Juárez.

—No, no habrá laboratorio.

—¿Por qué?

—A mí no me preocupa si está abierto o cerrado el laboratorio –responde sin inmutarse, a pesar de haber sido él quien lo inauguró en 1991 y de que el Reglamento Taurino para el Distrito Federal vigente asienta que, para realizar los análisis, el médico debe recoger muestras y examinarlas “en el lugar adecuado que para tal efecto proporcione la empresa dentro de las instalaciones de la plaza” (artículo 9, fracción cuarta).

“Seguimos siendo vulnerados por los dueños del dinero, del país, y sus cómplices. Estamos muy indignados por el trato dado al compañero Benjamín Calva y no sólo eso, sino también las amenazas de muerte… Eso es muy grave”, reclama Martínez Arteaga al refirirse a los acosos sufridos por Calva Rodríguez y Santiago Aja tras determinar que en la Plaza de Toros México frecuentemente se lidian novillos, incluso becerros, despuntados y pasados por toros mayores de 4 años.

Y añade: “En cualquier momento te sacan de la jugada por ser un veterinario ético, por hacer tu trabajo de acuerdo con tus deberes y obligaciones profesionales a partir de la deontología veterinaria”.

Ante el silencio de la delegación Benito Juárez –que nunca hizo público el despido del doctor Calva–, la ANVT difundió una carta expresando su “repudio a las acciones realizadas por la empresa que maneja la Plaza de Toros México [en contra de los] doctores Santiago Aja Guardiola –también separado recientemente de su cargo– y Benjamín Calva Rodríguez, puesto que se les ha impedido realizar sus labores como peritos veterinarios taurinos, además de ser blanco frecuente de intimidaciones”.

La asociación acusa que tanto las agresiones como amenazas se dan ante “el beneplácito de las autoridades [encabezadas por el delegado Jorge Romero Herrera], con la finalidad de entorpecer la labor profesional e impedir que se rechacen animales sin trapío” o se lleven a cabo los exámenes post mórtem, pues evidenciarían científicamente irregularidades, “como son la manipulación fraudulenta de cornamentas o bien que los animales no cumplen con la edad reglamentaria”, imputa la ANVT en otro escrito dirigido a la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México (Fedmvz) a la vez que solicita su intervención como máxima autoridad del “gremio ante quien corresponda”.

Por su parte, Pedro Vargas Campos, hijo del famoso tenor y actor mexicano, considera que la colusión entre la sociedad Productora Global EMT (antes Renovación Taurina 2006, y previo a ésta, Plaza México, SA de CV, y Promotora Alfaga, SA de CV) y las autoridades expone lo peor del espectáculo, “condenándolo por la corrupción de quienes están al frente”.

Quien ha sido empresario taurino y apoderado de toreros advierte: “Mientras no exista el examen post mórtem, vamos a seguir en las mismas, porque todo mundo se va a seguir haciendo tonto; y Benjamín Calva sabía muy bien de esto. Él estaba a favor del post mórtem y del toro-toro, no del novillo-toro. Por eso lo quitaron.

“Las edades biológicas [de los toros] no concuerdan con las reportadas por el ganadero”, remarcó Calva Rodríguez en sus informes –publicados por Contralínea– tras revisar los astados muertos en el ruedo de La México.

“Vimos una venganza de los dueños de todo, de los que se quieren hacer dueños del espectáculo, ayudados por la administración delegacional que obra de mala fe protegiendo a los empresarios de La México”, reafirma Martínez Arteaga.

“Me voy enterando que ayer fue el #DíadelVeterinario; mi reconocimiento por la labor que realizan (particularmente los #VeterinariosTaurinos)” [sic], comentó en su cuenta de Twitter Orlando Martínez el 18 de agosto, antes de notificarle a Benjamín Calva su despido.

“El irrespeto a los veterinarios honestos repercute en los aficionados […]. Si son novillos que digan los empresarios que son novillos. Ya sabré si voy o no. Que están mutilados… Pues di que son mutilados y ya sabré si voy o no. El problema es que siguen engañando a la gente”, concluye el doctor Martínez Arteaga, quien fungió 20 años como perito en la Monumental Plaza de Toros de Zacatecas y ganó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un proceso iniciado tras ser destituido “de forma similar a como echaron al doctor Benjamín Calva Rodríguez de La México”.

Contralínea hizo múltiples peticiones –formales, por canales institucionales; públicas, por las redes sociales y privadas, por correo electrónico– de entrevista con el titular de la Coordinación Taurina. Hasta el cierre editorial, no se recibió respuesta.

García de la Peña, defensor de Herrerías

Javier García de la Peña ejerció 35 años como médico veterinario (para el entonces Departamento del Distrito Federal) y renunció en la década de 1990 tras una discusión con la Comisión Taurina, dirigida por Luis Niño de Rivera. “Yo decía que los toros sí tenían 4 años. Él no”, cuenta a Contralínea el encargado –por mandato del delegado Romero Herrera– de “velar por los intereses del público” asistente a la Plaza México.

A pesar de que aparece como representante de la sociedad del coso capitalino en documentos oficiales, el doctor García de la Peña niega haber trabajado para Rafael Herrerías. “No, no, no. Él sólo fue mi alumno en la Facultad. Es el hombre más respetuoso que usted se pueda encontrar… Para mí es un absoluto y total caballero. Me trata de maestro”.

—¿Lo calificaría como empresario ético, honesto?

—Yo diría una cosa: gracias a ese señor ha habido corridas en el Distrito Federal muchos años […]. El doctor [Alfonso] Gaona daba 10 o 12 corridas y la Plaza México permanecía cerrada prácticamente todo el año. Los 52 domingos que da Rafael Herrerías nunca se dieron… –responde, convencido, aunque en realidad el número de festejos al año, entre corridas y novilladas, apenas llega a 30.

El doctor García de la Peña, “con experiencia acumulada desde 1958”, asegura que en La México no se defrauda a la gente y llama mentiroso a quien diga lo contrario. “¿Usted lo cree? –pregunta, al tiempo que arruga la nariz en un gesto de escepticismo–. Eso se lo dijo Calva… ¡Y por supuesto que no es verdad! ¿Usted cree que es posible lidiar un becerro por novillo? No es posible”.

—¿Y un novillo por toro? –se le inquiere al profesor jubilado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México.

—Si tiene muy buena presencia es posible. Si está súper bien criado, gordo, ¡cómo no! –acepta–. Pero no es fácil –suaviza– porque si usted le ve, los toros tienen una cara de niños, de jovencitos o de adultos.

—¿Y los animales lidiados en La México tienen cara de jovencitos o adultos?

—Mire, mire: hay cierta mala voluntad en la gente que insiste en que todo es un fraude. Están caminando en contra de una fiesta sin una razón real, sin una razón auténtica. ¿Entonces para qué estamos gente como yo si dicen que todas las autoridades están vendidas? –elude la pregunta, molesto, para después culpar al periodismo por la “falta de credibilidad” en el espectáculo ofrecido por la sociedad Alemán-Herrerías.

Hay reporteros que usted conoce que influyen negativamente en la gente”, remarca. Argumenta que no es posible para un ganadero hacer pasar un novillo por toro debido al Registro Obligatorio de las Edades de los Astados (Roe).

—¿Es confiable el Roe?

—Yo espero que sí. ¿Usted cree que les interese [a los ganaderos] mandar un toro menor a los 4 años? ¿Usted lo cree?

Asimismo considera improbable que salgan astados con los pitones recortados. “No es frecuente el despuntado, afortunadamente”, dice.

—¿No es frecuente?

—No. Y no digo que no lo hayan hecho en la provincia, pero aquí en la Plaza México es muy difícil, porque el cajón de curas está precintado y vigilado por la delegación. Entonces no hay manera de tocar los toros dentro de la Plaza. El despuntado tendría que hacerse en la ganadería y le preguntaría una cosa, sobre todo el grupo de gentes [sic] que actúan en la Plaza México con su ganado: ¿no le parece que son personas honestas?

—¿La ética que puedan tener los ganaderos que regularmente vienen a la Ciudad de México alcanza para asegurarnos de que no hacen fraude? –se le pregunta.

—La de este grupo sí. Por supuesto que sí. A mí me parece que son totalmente honestos –contesta, categórico.

Pero Pedro Vargas Campos asevera lo opuesto: “todo mundo lo sabe: hay ganaderos que adelantan el nacimiento y permiten el despunte de sus toros. Los ganaderos honestos son los que no vienen a La México.

“Todos [los toros son] chiquitos; todo joven. Esos son [los astados que manda el] grupo de las 20 o veintitantas ganaderías que vienen a La México de las 300 que hay en este país. Fernanditos [por Fernando de la Mora], Bernalditos [por Bernaldo de Quirós], Teofilitos [por Teófilo Gómez]… Y no salen de ese grupo amafiado de ganaderos en acuerdo con los empresarios, con los toreros”, también refuta Martínez Arteaga, y agrega:

“Estamos mal, muy mal. Ya no queremos pagar el abono completo [derecho de apartado] cuando sabemos que hay ganaderías y toreros que cometen fraudes. La gente ya no va porque están ofreciendo un espectáculo de quinta.”

Diversas versiones sobre el recorte de los pitones de los toros recogidas por Contralínea coinciden en una aserción: prácticamente el ciento por ciento de los bureles que saltan al ruedo del coso de Insurgentes lo hacen con las astas manipuladas y sólo se dan excepciones como la ocurrida en la temporada 2012-2013 con el torero jerezano Juan José Padilla, matador mundialmente conocido por perder el ojo izquierdo tras un grave percance sufrido en Zaragoza, España.

El método y el lugar para darles coba a los astados no remiten ni a la ganadería ni a la plaza, sino al camión en el cual son trasladados los animales, separados en cajones que no permiten movimiento alguno. “Si en el trayecto va a tratar usted de… –no pronuncia la palabra despuntar–, tiene que sujetar de la cabeza al toro. Y éste se va a defender. ¿No corre el riesgo de despitorrarlo en el cajón?”, rechaza, con ironía, el doctor García de la Peña al explicar el procedimiento.

El médico Pedro Martínez Arteaga, expresidente de la ANVT, alega que Javier García de la Peña “está para venderles protección a los empresarios y nunca ha estado en nuestra asociación”.

“Vemos una deontología en decadencia. Hay corrupción porque nos falta ver más la moralidad de nuestra profesión, las cuestiones éticas; porque alguien es capaz de regalar sus conocimientos para proteger a quienes mandan, mientras a la gente honesta la van echando de las plazas poco a poco porque representa un estorbo para ellos”, se lamenta Martínez Arteaga.

Además de médico y profesor, Javier García de la Peña ha sido socio y colaborador de empresas productoras de anabólicos veterinarios. Dos de ellas, Dankall Dawes Vet y Laboratorios Tornel, fueron señaladas en 2005 por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por su sigla en inglés) de traficar esteroides hacia el país vecino –informó el reportero especialista en narcotráfico Esteban David Rodríguez– e incluso uno de sus socios fue arrestado en 2006 por la Agencia Antidrogas estadunidense (Drug Enforcement Administration, DEA) acusado de lavar dinero a través de la Fundación Denkall Dawes Vet.

“Yo ya no trabajo para ningún laboratorio. Trabajé con Luis Bravo [Tornel] hasta hace 2 años”, sostiene el doctor García de la Peña, no obstante que actualmente conduce un programa en internet patrocinado por los mismos Laboratorios Tornel, boletinados por la OFAC. “Tuvimos un problema y el gobierno [estadunidense] nos acusó de estar vendiendo anabólicos a Estados Unidos. Como todo, hubo que discutir esa situación y nos exoneraron”, declara sobre el tema.

—¿Trabajaban con anabólicos veterinarios? ¿Para qué animales?

—Perros, caballos de carreras… Para su desarrollo muscular.

—¿También para ganado?

—Sí.

—¿Ganado bravo?

—Yo creo que no.

Promete recoger muestras de hígado de los toros lidiados durante la temporada grande 2013-2014, para “investigar eso que se está usando ahora: el clembuterol”.

—¿Qué le dice al aficionado que afirma que en La México se lidian novillos, becerros, y no toros? –se le repite la pregunta hecha antes a Benjamín Calva [Contralínea 342], quien en esa ocasión sin dudar respondió: “Que le doy la razón…”.

—Yo le contestaría que es muy difícil que confíen en alguien que representa… En este caso yo no represento a Rafael Herrerías, yo represento al Gobierno del Distrito Federal [sic]. Que mi trabajo es vigilando los intereses de quien va a un espectáculo con las garantías de ser íntegro…

—¿Existen esas garantías?

—Yo se lo puedo asegurar. Yo, Javier García de la Peña, le diría que esté tranquilo: yo estoy viendo los toros.

El caso de Calva no ha sido el único

A la vez que la situación del doctor Benjamín Calva colgaba en la incertidumbre, Pedro Vargas Campos peleaba ante la marginación ordenada por Daniel Chimal y continuada por Orlando Martínez.

Tras ser nombrado por el Gobierno del Distrito Federal como asesor de juez en la Plaza México, Pedro Vargas acudió al biombo de la autoridad tres tardes de la temporada grande 2012-2013. “Después ya no me pusieron”, se queja.

—¿Qué motivos le dieron?

—Ninguno. No me dieron la cara, no son hombrecitos como para dar la cara; no son funcionarios honestos para contestar y decir por escrito: “No te estamos poniendo por esta razón”. No hubo ninguna justificación de parte de ellos.

A pesar de no recibir una explicación oficial sobre su destitución, Pedro Vargas hijo rememora el momento en el cual el entonces coordinador taurino lo vetó. El motivo: un comentario tras una de las tantas orejas otorgadas por los jueces que inmediatamente son protestadas por el público de La México. En esa ocasión, Chimal García supuso que los aficionados celebrarían al igual que él el “triunfo” del torero. Lo contrario pensaba Vargas, quien ha estado en el mundo de los toros 6 décadas, por lo menos medio siglo más que el funcionario de Acción Nacional.

“Le dieron la oreja al torero y, dicho y hecho, la gente la chifló. Me volví y le dije a Chimal: ‘ya ves como sí se la protestaron… Hay que saber ver toros’. ¡Uy!, pareció que le menté la madre y de ahí me bloqueó. Eso fue. Les faltan pantalones para enfrentarse a la realidad y a la verdad. Por eso se basan, se escudan, en la prepotencia, en el abuso de poder.”

Vargas Campos –quien fue el último empresario taurino del Toreo de Cuatro Caminos– pidió una justificación de su despido por escrito. Al no recibir respuesta elaboró un par de cartas –de las cuales Contralínea posee copia– dirigidas a la Comisión Taurina del Distrito Federal y al delegado Jorge Romero Herrera. En ellas explica lo ocurrido e incluso propone un “careo con esta nefasta persona que además dio orden a la seguridad de la Plaza” de no dejarlo entrar si no asistía “con boleto pagado”. La primera misiva llegó a su destino, no así la segunda, que habría sido destruida por el propio Chimal García.

De acuerdo con la Ley de Espectáculos Públicos para el Distrito Federal y el Reglamento Taurino para la misma entidad, corresponde al Gobierno del Distrito Federal, por medio de la Comisión Taurina, el nombrar o remover tanto jueces como asesores, y a la delegación Benito Juárez sólo programar sus actuaciones. “Ellos hacen el rol, pero eso no los faculta para quitar gente. Además lo hacen a su conveniencia, de la empresa, obviamente”, imputa Vargas.

Como respuesta a la solicitud de acceso a la información 0403000154413, la demarcación panista envió una lista de los integrantes de la coordinación taurina. Pedro Vargas no apareció en ella. “No respetaron el nombramiento, pisotearon mi nombre y el nombramiento del Gobierno del Distrito Federal. La Coordinación se toma atribuciones que no le corresponden. Por eso no me dieron nada por escrito, porque les hace así… Se les frunce todo. Además la empresa boicotea a quien le estorba”.

—¿Por qué dice que la empresa y no la Coordinación Taurina?

—Porque la coordinación taurina trabaja para ellos [Alemán y Herrerías]. Hay que ser sinceros y claros –responde Vargas, con una sonrisa socarrona, como si se le hubiera preguntado una obviedad.

El problema de Pedro Vargas hijo no se resolvió por medio del diálogo ni porque Jorge Romero Herrera lo hubiera escuchado y dado la razón. Tras haber sido separado del cargo por más de 15 festejos, regresó al palco del juez en la séptima novillada de la temporada chica.

“Siempre estuve protestando por la actitud de Chimal y porque el delegado no hiciera nada por la fiesta. Le expliqué al Gobierno del Distrito Federal. Tampoco nunca hubo respuesta”. Las semanas y los meses transcurrieron sin cambios hasta una mañana de julio. El teléfono del delegado sonó y arrojó una voz que le ordenaba reinsertar al hijo del Tenor Continental en su puesto de asesor de juez de plaza, sitio que no incide ni repercute en los hechos ni en el desarrollo del negocio de Miguel Alemán.

“El mismo día que se dio la orden me habló Orlando Martínez y me ofreció una disculpa ‘por los malos entendidos’, dijo”, concluye.

Coordinador de facto con palco VIP

A mediados de la temporada grande 2012-2013, Orlando Martínez relevó oficialmente en la Coordinación Taurina de la delegación a Fidel Daniel Chimal García, a quien le habían dado una subdirección en la demarcación gobernada por Acción Nacional, sin embargo el poder de decisión y las relaciones con la sociedad de La México –con sus respectivos beneficios– las conservó el segundo. “Orlando trabaja para Chimal, sólo es su achichincle”, afirma Pedro Vargas Campos a Contralínea.

Aún después de haber dejado el puesto, Chimal García fue determinante en el proceso en el cual la delegación Benito Juárez engañó a Benjamín Calva Rodríguez para después despedirlo. De igual forma se encargó de castigar a Pedro Vargas hijo. Ha asistido a reuniones de la Comisión Taurina del Distrito Federal, continúa acudiendo al callejón (pasillo entre las tablas y el tendido) como autoridad y es reconocido por el medio taurino como tal.

Un ejemplo de ello se dio durante el ciclo de conferencias-tertulias organizadas por la Asociación Nacional de Matadores de Toros y Novillos, Rejoneadores y Similares. El presidente del sindicato, el matador Antonio Urrutia, ni siquiera pensó en invitar a Orlando Martínez como ponente a la mesa dedicada a las autoridades en materia taurina. “Invitamos a Chimal porque tiene mucha influencia en el coordinador actual y queríamos contar con quien tiene en verdad decisión”, responde Urrutia Bolaños sobre el hecho.

El torero capitalino relata que convocó un par de semanas antes del evento al funcionario panista, quien “quedó en llamar” para confirmar, lo cual jamás ocurrió. En cambio, Urrutia recibió la noticia de la orden, dada por Chimal, de no asistir a la conferencia, tanto a los miembros del gobierno de Romero Herrera como al matador de toros en retiro y actual juez en la Plaza México –por tanto, representante de Miguel Ángel Mancera– Gilberto Ruiz Torres, invitado también como orador.

“A las 5 y media o 6 de la tarde del mismo día de la tertulia me llamó Gilberto y me dijo que le habían mandado un oficio firmado de la delegación”.

“Daniel Chimal –dice Pedro Vargas– dejó de ser coordinador y le pasó la estafeta a Orlando Martínez quien hace lo que su jefe le dice. Ninguno de los dos sabe de toros. Nada más saben que tienen dos cuernos, cuatro patas, un rabo y dos orejitas. Ver toros no saben, no saben apreciar faenas, creen que todo es precioso y todo es maravilloso…”.

Aficionado a las fotografías con los toreros y los “artistas”, invitados de Miguel Alemán y Rafael Herrerías, el panista Chimal García –junto al coordinador oficial– dicta quién entra y quién no a una zona de permanente peligro, pues en cualquier momento puede saltar un toro. Sin importar esto, vasos rojos van y vienen en el callón de la mano del cantinero de la casa mientras el palco de la “autoridad” de La México está rebosante de jóvenes altivos y contentos por estar en un lugar VIP (very important people), además de gratis, con sus amigos: los políticos influyentes de la delegación autollamados “La Mafia Taurina”.

“El palco lo han vuelto exclusivo para ellos y sus convidados. Todo mundo se luce. En las corridas importantes el callejón es un bar. Ahí te das cuenta que el jefe de callejón [inspector autoridad, Miguel Ángel Arroyo] es un títere”, remarca Vargas Campos.

Explica que el palco (una contrabarrera techada) está hecho para las autoridades de la corrida, “no para la delegación, incluidos Daniel Chimal y Orlando Martínez, cuyas funciones son meramente administrativas”. Pese a ello, ilegalmente “llevan a las novias, amigas, amigos”, lo cual difunden con entusiasmo a través de las redes sociales.

Contralínea solicitó entrevistas con Daniel Chimal García y con Orlando Martínez Martínez. Al cierre de edición no se obtuvo respuesta.

Paquete completo para Miguel Alemán

La elección había quedado atrás y la desazón convertida en euforia. Por menos de 500 votos, Jorge Romero Herrera había vencido al Movimiento Progresista y su impugnación ante el Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF). Gracias a él, el Partido Acción Nacional conservaba una de las demarcaciones más importantes del país.

No obstante que sólo habían transcurrido unas cuantas semanas desde el 1 de julio, la dura campaña, las camisas blancas, las banderitas azules, el sudor y la muchedumbre distaban del ánimo del entonces delegado electo. Tan sólo unas semanas después de apenas haber alcanzado el triunfo, el “joven orgullo de Acción Nacional” ya vestía trajes bien cortados, viajaba en autos de cómodos asientos, tenía programadas citas con los que en verdad mandan.

Entre las reuniones pendientes estaba la organizada por el diputado Luis Alberto Villarreal con el protegido de Miguel Alemán Magnani, “el doctor encargado de la plaza de Antonio Cosío”: Rafael Herrerías.

El encuentro se dio bajo discreción, sin luces, sólo las proyectadas por las cálidas lámparas de un restaurante capitalino. Desde antes de iniciar la temporada grande 2012-2013, los empresarios aplanaron el ruedo de su negocio de toreros caros en una plaza vacía con la “nueva autoridad delegacional”. Desde antes de empezar el mandato del panista Jorge Romero Herrera, los explotadores de la llamada “Monumental” ya tenían a un amigo más, el encargado de expedir los permisos. Las manos se estrecharon y ambos, el panista y el hombre del bigote cano y corbatas chillonas, agradecieron al coordinador de Acción Nacional en la Cámara de Diputados por el acercamiento.

“En la Plaza México no existe autoridad. La autoridad es la empresa. Los demás sólo acatan órdenes”, dice Pedro Vargas.

No sólo en la delegación Benito Juárez Miguel Alemán tiene influencias. Lo mismo ocurre en el gobierno del perredista Miguel Ángel Mancera, al que aconseja en materia turística. “¿Qué nos espera si Miguelito está con Mancera?”, se pregunta Vargas Campos y él mismo se responde: “¡Otros 5 años iguales! Antes La México era la primera de América, ahora es la como la segunda, tercera o cuarta”.

La Comisión Taurina del Distrito Federal (CTDF), definida en el Reglamento Taurino como “órgano de consulta y apoyo del jefe de Gobierno”, está “conformada desgraciadamente muy a favor de la empresa”, se lamenta quien fuera novillero en su juventud, al igual que su padre, el llamado Samurái de la Canción.

Nueve personas integran el ente de consulta: Juan Castañeda, gerente operativo de Productora Global EMT (de Herrerías y Alemán) y representante de la Agrupación Mexicana de Empresarios Taurinos (AMET); Manuel Sescosse, presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Toros de Lidia (ANCTL); Carlos Sánchez Torreblanca, líder de la Unión Mexicana de Picadores y Banderilleros (UMPB); Antonio Urrutia, dirigente de la Asociación Nacional de Matadores de Toros y Novillos, Rejoneadores y Similares (Anmt); Vicente Bandín; Daniel Caballero, taxidermista de la Plaza México; Miguel Ortas, presidente de la Unión Mexicana de Toreros –“agrupación formada y apoyada por Rafael Herrerías para tumbar la asociación de matadores”–; Alfredo Flórez, cronista del Programa repartido dentro del coso y autor de diversos artículos en los que se ensalza la figura de Herrerías y, por último, Juan García Lastra, cercano a Romero Herrera, como presidente de la CTDF.

“La Comisión sólo se ha reunido 3 veces este año”, confiesa el matador Urrutia, “y ninguna para resolver lo que pasa en La México”.

“Es un paquete completo a su servicio. La comisión antes estaba siempre en contra de todo lo que hacían la coordinación y la empresa. Hoy todos están a su servicio: delegación, comisión, veterinario y jueces, quienes están sometidos”. Y concluye resignado Vargas Campos: “Así como estamos, así como está la Plaza, mejor que la cierren. Si vamos a seguir así, mil veces mejor que la cierren los antitaurinos”.

Contralínea también solicitó entrevistas con Luis Alberto Villarreal y Rafael Herrerías. No hubo respuesta.

Delegación niega acceso a la información

Las respuestas de la delegación Benito Juárez a diversas solicitudes de acceso a la información hechas por Contralínea incumplieron con los principios de concordancia, congruencia, exhaustividad y certeza jurídica; incluso llegaron a estar basadas en disposiciones no vigentes, señaló en procesos separados el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (Infodf).

Por ejemplo, la respuesta a la solicitud 0403000093813 dada por la demarcación a cargo de Jorge Romero Herrera “fue contradictoria, sin concordancia entre lo solicitado y la respuesta”, además de estar “alejada de los principios de congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 6, fracción X, de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal”, resolvió el Infodf en el recurso de revisión RR.SIP.0903-2013.

Y añadió: “es incuestionable que la respuesta del ente obligado [la delegación Benito Juárez] no cumplió con el principio de certeza jurídica previsto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Distrito Federal, pues lejos de garantizar el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente, generó incertidumbre respecto de los hechos que se informaron, lo cual lo colocó en estado de indefensión, toda vez que no se le permitió conocer con exactitud la información de su interés”.

La delegación pidió al Infodf el sobreseimiento. Éste no sólo se le negó, sino que le ordenó modificar la respuesta.

Con respecto al proceso RR.SIP.2034/2012, el pleno del Instituto, encargado de vigilar que se cumpla lo dispuesto en materia de transparencia, procedió a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal, pues la demarcación panista “no rindió el informe de ley en los términos requeridos” por parte del Infodf, además de no haberse apegado al artículo 50 de la Ley de Transparencia e intentar formular alegatos fuera de tiempo. También en este caso resolvieron unánimemente los comisionados ciudadanos modificar la respuesta.

En la solicitud 0403000025813 Contralínea pidió los exámenes en los cuales 26 toros lidiados en la temporada grande 2000-2001 resultaron ser novillos y becerros. La delegación negó la información aduciendo la inexistencia, por lo cual se interpuso un recurso de revisión ante el Infodf. El departamento jurídico de Jorge Romero Herrera solicitó el sobreseimiento argumentando que “no contaba con materia de estudio”.

Los comisionados, otra vez por unanimidad, no sólo se negaron, sino que revocaron “la imposibilidad argumentada por el ente obligado que se fundamentó en una disposición que no se encontraba vigente cuando se realizaron los eventos taurinos del interés del recurrente”, pues el Reglamento Taurino se reformó hasta 2004 y no en 2000, como había asegurado la delegación Benito Juárez.

A pesar los señalamientos por parte del Instituto, la coordinación –a cargo tanto de Daniel Chimal García como de Orlando Martínez– declaró oficialmente la “inexistencia” de cualquier información adversa a la empresa de Miguel Alemán Magnani y su gerente Rafael Herrerías. “Oficialmente”, no existe información sobre exámenes post mórtem realizados en la Plaza México en los últimos 18 años.

Ganaderos, se “vigilan” entre ellos

“Una cosa es el Roe (Registro Obligatorio de las Edades de los Astados), un libro que llevan los ganaderos con copia a la delegación [Benito Juárez], y otra lo que sale por toriles… No tienen nada que ver”, afirma el médico veterinario zootecnista Benjamín Calva.

El también conferencista y catedrático de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) explica cómo el Reglamento Taurino para el Distrito Federal permite a los ganaderos registrar los animales 8 meses después de supuestamente haber nacido o, incluso, hacerlo tras el herradero, 30 días más tarde. “Es decir que les da casi 9 meses de margen para poderlos registrar en sus libros […], al nacer los marcan como día de herradero, por lo tanto, automáticamente, ya tienen 9 meses más. Entonces vienen a la Plaza de toros de 3 años 3 meses, 3 años 4 meses cumpliendo oficialmente los 4 años”.

Tras las reformas hechas al reglamento taurino en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por impulso de la sociedad de la Plaza México –que ha cambiado varias veces de denominación y hoy es Productora Global EMT, SA de CV– el Roe pasó a ser controlado por la Asociación Nacional de Criadores de Toros de Lidia (ANCTL). Desde entonces los ganaderos se vigilan entre ellos mismos y su única obligación es dar una copia del Roe a la delegación, la que no duda de la veracidad de su información.

“La edad la cotejamos en el registro que tenemos aquí, brindado por el jefe de la ANCTL. Además recibimos una declaratoria del ganadero donde nos dice bajo protesta que las reses no han sido toreadas ni objeto de manipulaciones”, dijo a Contralínea el también panista Daniel Chimal antes de dejar la Coordinación Taurina en diciembre pasado, en busca de un mejor puesto en la demarcación.

“Habría que sospechar que el ganadero entrega un registro a su conveniencia, pues no le conviene decir que el animal no tiene siquiera 3 años y lo pasa por ganado de 4 falseando la información, y eso es un delito”, sostiene Coello Ugalde.

Sin embargo, “ha sido una tranquilidad para los involucrados que año tras año, temporada tras temporada, mandan este tipo de ganado a la Plaza. Por eso la afición protesta por el trapío, o el supuesto trapío de un supuesto toro que no está llenando los requisitos de una corrida para cual la gente pagó una determinada cantidad. Se trata al público como retrasados mentales”, remata el excomisionado taurino.

Fuente
Contralínea (México)