5-1-2014

La Constitución Política, cualquiera que sea, organiza o estructura el armazón del Estado, la nación, un país, o sea, la sociedad entera dentro de un territorio, a través de principios apriorísticos rectores, generales y específicos. A partir de ella, el resto del ordenamiento jurídico se ocupa de ordenar lo que faltase.

En el caso peruano, el Título III (Artículos 58° a 89°) de nuestra Carta Política regula lo central del Régimen Económico, reconociendo como principios generales la “iniciativa privada libre” y las “libertades de empresa, comercio e industria”, entre otros.

Pareciera que la clase empresarial nuestra creyó que tales principios eran una suerte de patente de corso, que les permitía hacer, adquirir o acumular lo que fuese o lo que se les viene en gana, aún lo ilícito. Sin embargo, semejante actuar ad líbitum, concretado desde el lejano laissez passer, laissez faire francés (dejar hacer, dejar pasar), del siglo XVIII, que en el campo económico sistematizó el escocés Adam Smith, es una pose antojadiza, mercantilista e inexacta, que viola otros principios constitucionales del mismo cuerpo normativo, que están a renglón seguido, a los mismos que se los obvia, se los salta a la garrocha.

En tal sentido, el Artículo 58° establece que el ejercicio de las libertades de empresa, comercio e industria “no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad públicas”. Se trata, pues, de una restricción genérica para cualquier empresa, incluidas las de comunicación social, que tiene que ejercerla el Estado, y no la autorregulación empresarial de una monjita decimonónica u otra monjita de manga ancha, en materia de moral; o de un psicólogo materialista (tipo Shorojova o Leontiev) u otro freudiano (tipo Erich From o Alfredo Adler); o de un estatista ultramontano, que cultive la seguridad pública. La Constitución, pues, no instituye un principio de “libertad de empresa pura”, sino condicionado o restringido.

Con mayor razón, en materia de radio, prensa escrita y televisión, el Artículo 61° de la misma Constitución ha reconocido principios rectores específicos: proscribe el “abuso de posiciones dominantes” que afecte la libre competencia; y señala apodícticamente que las “empresas, bienes y servicios relacionados con la libertad de expresión y de comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio, ni acaparamiento”, directa o indirecta, de parte del Estado ni de particulares.

Por lo tanto, cuando la Constitución Política, vista sistemáticamente, no gusta de empresas periodísticas cuya libertad lesione la moral, la salud y la seguridad públicas, tampoco aprueba el abuso de la posición dominante, la aborrecida exclusividad, la existencia de monopolios y abomina del acaparamiento en sentido lato, entendido éste como la acumulación por acción de particulares de bienes en cantidad innecesaria, en perjuicio de los demás, con estricto afán de lucro o con el mero afán de poseer, está negando la posibilidad de la concentración de medios de prensa. Su existencia, deviene simple y llanamente en inconstitucional y una ley ordinaria puede y debe regular la materia, aunque existan acciones judiciales en trámite. Los procesos en marcha se acomodan a lo que disponga la ley.

La concentración de medios de prensa –periódicos, radios y canales de televisión- existente, que capitanea El Comercio, y un pequeño grupo de personas del mismo apellido, es en sí misma abusiva. No es que amenace a la libertad de expresión, pues la amenaza implica un riesgo futuro, posible o no, sino que ya la tiene cautiva, secuestrada, usufructuándola con desmesura, a modo de rehén de la omnipotencia de su propiedad privada, mal entendida, en beneficio de sus intereses particulares actuales y sometida al grave peligro de ver hipotecado su devenir, en mayor medida.

Resulta un extraño privilegio abusivo, en detrimento actual y permanente de la moral pública, salud pública, seguridad pública y de una sana y libre competencia, que unos pocos, por su dinero de origen ignoto, se hagan leer, oír y ver por millones de personas que, a la postre, devendrán moldeados, deformados y concientizados cautivos de los intereses escondidos de sus reales manipuladores, con el rostro de comunicadores. ¿Amenaza o realidad palpitante?

Finalmente, debo subrayar que la extirpación de un chichón de mi frente, acaecida el día de ayer, a cargo del cirujano Ricardo Arévalo Rodríguez, de EsSalud, no me impide reflexionar en bien del país y ser un modesto atajo de señoritos y señoritingos, enriquecidos, vía el abuso de su posición dominante.

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