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Oceanografía, Blue Marine, Saint Martin y GGM, en la red de los traficantes de influencias

Para proteger a Fox y Calderón de las pesquisas que realiza la PGR, el despacho jurídico de Fernando Gómez Mont –secretario de Gobernación en el sexenio pasado– ‎prepara la defensa legal de Oceanografía y su principal accionista: Amado Yáñez Osuna. Este último permanece refugiado en Houston, a pesar de que en Estados Unidos también sería sujeto de investigación. La preocupación de los panistas no es menor: el caso involucra directamente a ambos expresidentes, a exsecretarios de Estado y exdirectores de Pemex, entre otros exfuncionarios del primer círculo de la Presidencia. En 12 años, la poderosa red de traficantes de influencias no sólo benefició a Oceanografía con miles de millones de pesos, sino también a Blue Marine Technology Group, Grupo Gasolinero Mexicano y Grupo Saint Martin. En la trama de corrupción estarían involucradas las instituciones financieras Caja Libertad y Crédito Maestro

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La red de corrupción, tráfico de influencias y cohecho –ligada al principal accionista de Oceanografía– que investiga la Procuraduría General de la República (PGR) no sólo benefició a la empresa, las filiales y los socios directos de Amado Yáñez Osuna; también, a otros tres consorcios vinculados al sector energético. En el panismo, los cuatro grupos vivieron una época de bonanza a costa de las finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex).

En una primera línea de beneficiarios estuvieron la propia Oceanografía –conocida por subcontratar los trabajos asignados y subarrendar los buques que empleaba para las labores con Pemex– y sus filiales Geofísica Marina de Exploración, SA de CV; Proyectos Alternativos, SA de CV, y Transportes Navieros y Terrestres, SA de CV. Todas, contratistas de Pemex.

También se cuentan los accionistas Amado Yáñez Osuna (quien posee 70 por ciento de la naviera), su hermano Carlos Daniel, su padre Amado Yáñez Correa, Samuel Yáñez Chaparro, Martín Díaz Álvarez (cuyas acciones alcanzan el 10 por ciento), Energy Group México, Inmobiliaria Amadgez y Grupo Aknuuk (con 5 por ciento de acciones, cuyo costo ascendió a 1.2 millones de dólares).

De forma indirecta y derivado de estas relaciones se beneficiaron la Caja Libertad, por medio de la participación accionaria de Díaz Álvarez (sobrino de Francisco Gil Díaz), y el Grupo OFEM y Crédito Maestro; estas últimas, propiedad de Oliver Fernández Mena, también accionista de Grupo Aknuuk.

En el caso de Oliver Fernández se desprenden otras relaciones beneficiosas: mantiene una sociedad con Álvarez Puga y Asociados, la outsourcing que llevaría la nómina de los más de 4 mil empleados Oceanografía. En Álvarez Puga y Asociados también participarían Jaime Camil y los hijos de Gil Díaz, Ernesto Zedillo Ponde de León y Emilio Gamboa.

Por ello, las investigaciones de la PGR sobre las supuestas operaciones con recursos de procedencia ilícita se han enfocado en Caja Libertad, institución que ofrece servicios de ahorro e inversión, créditos y empresariales; y Crédito Maestro, “dedicada a otorgar créditos al consumo a servidores públicos sindicalizados brindándoles el servicio de pagos vía nómina”.

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En una segunda línea de beneficiarios se encuentran Blue Marine Technology Group, Grupo Saint Martin (ya quebrado) y Grupo Gasolinero Mexicano. La relación de las tres empresas con Oceanografía inició por un vínculo amistoso entre algunos de sus accionistas con Amado y Carlos Daniel Yáñez.

En el primer caso, los hermanos Yáñez Osuna son amigos de Juan Reynoso Durand. Además, Carlos Daniel es accionista de Arrendadora Ocean Mexicana, propiedad de Blue Marine, la cual mantuvo una asociación directa –vía su filial Subtec– con Oceanografía a inicios delsexenio de Vicente Fox.

Del Grupo Saint Martin, la relación de amistad es entre Amado y Juan de Dios Saint Martín Zepeda. En términos de negocios, para este consorcio, Oceanografía habría gestionado contratos de remediación del ambiente donde Pemex provocó daños ecológicos. No obstante el flujo de efectivo que se inyectó a la empresa por esta vía contractual, varias fuentes reportan su quiebra.

Amado también es amigo de Francisco Javier y Óscar Rodríguez Borgio, accionistas de Grupo Gasolinero Mexicano. Esta empresa, que tiene en propiedad los casinos Big Bola, sería la propietaria real de las embarcaciones que arrendaba Oceanografía a Pemex.

Este Grupo habría obtenido más permisos para la instalación de sus gasolineras a lo largo del país gracias a la “cooperación” de los Yáñez Osuna, además de dividendos por la renta triangulada de sus buques.

Para conocer su versión acerca de las investigaciones en su contra y los señalamientos que han surgido ha raíz del aseguramiento de su empresa, Contralínea buscó entrevistar a Amado Yáñez Osuna por medio del número telefónico que actualmente tiene, con lada de Houston, Texas (001-713-33-39-20-890). No obstante, el empresario no respondió a la solicitud.

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Los gestores

Para conseguir los multimillonarios contratos de la petrolera estatal en los sexenios panistas, Amado Yáñez utilizó a operadores de muy alto nivel: Marta Sahagún, Manuel y Jorge Bribiesca, Guillermo Sahagún, Felipe Calderón, César Nava y el fallecido exsecretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño, se cuentan entre quienes formaron parte del grupo de gestores a su favor.

Por ello, la PGR investiga la relación entre el empresario y los políticos y familiares de políticos involucrados en la red de traficantes de influencias, para descubrir si se basaba en sobornos o se trataba en realidad de que el empresario figurara como prestanombres de alguno de ellos.

El esquema de corrupción que Oceanografía logró establecer en la paraestatal petrolera contribuyó a que ésta tuviera, a su vez, la capacidad de corromper a los funcionarios de Pemex para que los otros tres grupos aumentaran sus negocios con la paraestatal.

Como lo ha documentado Contralínea desde 2004, en el caso de Blue Marine también traficaba influencias su accionista Juan Antonio Marcos Issa, excoordinador de asesores de los otrora directores generales de Pemex Rogelio Montemayor Seguy y Raúl Muñoz Leos.

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Panistas buscan blindar a expresidentes

En el contexto de las investigaciones de la PGR sobre este caso, y los descubrimientos que involucran a esos panistas de primer nivel, un grupo de partidarios intenta a toda costa proteger a Vicente Fox y Felipe Calderón, quienes desde la Presidencia de la República habrían consentido los beneficios para la naviera.

Para deslindar responsabilidades, la institución que encabeza Jesús Murillo Karam revisa las actuaciones de los exmandatarios, así como de exsecretarios de Estado y exdirectores de la paraestatal en esta trama de tráfico de influencias, sobornos y cohecho, que derivó en contratos por más de 31 mil millones de pesos a favor de la compañía de Amado Yáñez.

En el caso de Vicente Fox, se advierte que en las gestiones para favorecer a la empresa naviera participaron directamente su esposa Marta Sahagún, sus hijastros Manuel y Jorge Bribiesca y su cuñado Guillermo Sahagún. En el caso de Felipe Calderón, se indagan las llamadas que él mismo habría hecho en su calidad de secretario de Energía para promover a Oceanografía en Pemex, así como su permisibilidad como mandatario. También, se escudriña cómo actuó su círculo más cercano de colaboradores, sobre todo el fallecido exsecretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño, y su exsecretario particular, César Nava.

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La red de supuestos traficantes de influencias que está documentando la autoridad –y que Contralínea reveló desde 2004– alcanzaría al exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz (por su conexión con Banamex, a través de Javier Arrigunaga); así como a los exdirectores de Pemex Raúl Muñoz Leos, Luis Ramírez Corzo, Jesús Reyes Heroles y Juan José Suárez Coppel, entre otros funcionarios de menor nivel jerárquico en la paraestatal, quienes contrataron a los consorcios.

Por ello, ante lo que consideran una “persecución política”, los panistas han asumido la defensa legal de Oceanografía y de Amado Yáñez. La encomienda la han dado al exsecretario de Gobernación (noviembre de 2008-julio de 2010) Fernando Gómez Mont; a Julio Esponda Ugartechea y Alberto Zinser Cieslik, del despacho Zinser, Esponda y Gómez Mont, Abogados.

Miembros de ese bufete ya han viajado a Estados Unidos para entrevistarse con Yáñez Osuna y planear la estrategia jurídica. Éstos han intensificado sus labores de defensoría tras conocerse, el pasado 8 de marzo, que la PGR giró una orden de localización y presentación contra el empresario, quien posee el 70 por ciento de las acciones de la naviera.

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La defensoría legal no es la única vía que han asumido los integrantes del Partido Acción Nacional afines a ambos expresidentes. Como presión política, algunos senadores –encabezados por Roberto Gil Zuarth, Javier Lozano Alarcón (exsecretario del Trabajo y Previsión Social en el sexenio pasado), Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco Domínguez Servién– condicionaron su apoyo a las leyes secundarias en materia de energía hasta que se “aclare” el caso Oceanografía.

En ese mismo contexto, los legisladores panistas han solicitado que se investigue a fondo el financiamiento electoral a favor de Enrique Peña Nieto, a través de la institución financiera Monex.

Fuente
Contralínea (México)

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