Sin el menor escrúpulo, John Kerry impuso por la fuerza el resultado de una elección presidencial “arreglada”. El ex alto funcionario del Banco Mundial Ashraf Ghani Ahmadzai (un pashtun respaldado por los uzbekos) se convierte así en sucesor de Hamid Karzai, mientras que su rival Abdullah Abdullah (un tadjiko que siempre ha vivido en el país y que dispone de un respaldo mayoritario) tendrá que conformarse con el puesto de primer ministro.

El acuerdo con Afganistán que tanto deseaba Washington y que estuvo congelado durante casi un año porque el presidente Karzai se negaba a firmarlo, fue finalmente firmado en medio de un gran despliegue mediático… al día siguiente de la investidura del nuevo presidente Ashraf Ghani. Se trata de un amplísimo «Acuerdo de Cooperación en Seguridad y Defensa» –además de un prefacio y un anexo, consta de 26 artículos subdivididos en 116 puntos– que contiene todo lo que Washington quería obtener de las autoridades afganas.

Gracias a ese acuerdo, válido como mínimo hasta 2024 e incluso más allá de ese año, Estados Unidos podrá mantener en Afganistán unos 10 000 militares cuya misión –después del fin formal de la «misión de combate», el 31 de diciembre de 2014– consistirá oficialmente en “aconsejar” (léase “dirigir”), entrenar, equipar y respaldar a las «fuerzas de seguridad» afganas. Gran parte del contingente estadounidense serán fuerzas de operaciones especiales que realizarán «misiones de contraterrorismo» en territorio afgano. Aunque no está especificado en el acuerdo, se mantendrá el uso –con fines «antiterroristas»– de drones armados, helicópteros y cazabombarderos desde bases terrestres y portaviones estadounidenses desplegados en zonas limítrofes.

Aunque en el acuerdo se dice formalmente que Estados Unidos se compromete a observar «pleno respeto por la protección y la seguridad de los afganos, incluyendo sus casas», las fuerzas especiales estadounidenses están de hecho autorizadas a irrumpir en los domicilios de la población afgana –un punto rechazado por Karzai.

Y los militares estadounidenses seguirán siendo de hecho inmunes a la aplicación de las leyes afganas ya que en el artículo 13 del acuerdo Afganistán acepta que «Estados Unidos tenga derecho exclusivo a ejercer la jurisdicción» sobre sus propios militares que «cometan cualquier delito criminal o civil» en Afganistán.

El acuerdo establece en su artículo 7 que

«Afganistán autoriza a Estados Unidos a utilizar instalaciones y áreas escogidas de común acuerdo y a ejercer todos los derechos necesarios para su uso operativo y su control, incluyendo el derecho a emprender nuevos trabajos de construcción».

En otras palabras, el acuerdo autoriza a Estados Unidos a mantener y reforzar bases militares en Afganistán.

Aunque el artículo 7 no especifica de qué instalaciones se trata, el anexo contiene una lista que clasifica como «puntos oficiales de embarque o de desembarco» de las fuerzas estadounidenses 7 bases aéreas (Bagram, Kabul, Kandahar, Shendand, Herat, Mazar-e-Sharif y Shorab) y 5 bases terrestres (Toorkham, Spinboldak, Toorghundi, Hairatan y Sherkhan Bandar).

Afganistán concede además a Estados Unidos una autorización para

«posicionar equipamiento, aprovisionamiento y material militar en esas instalaciones y áreas y en otras seleccionadas de común acuerdo».

Bajo ese lenguaje se esconde el despliegue en Afganistán del armamento y el equipamiento necesarios para un conflicto regional a gran escala, como sería una guerra contra Irán.

A cambio de ello, el gobierno de Afganistán recibirá de Estados Unidos y de otros «donantes» (como Italia) una consistente ayuda económica, cuantificada en 4 000 millones de dólares al año, que –al igual que la ayuda anterior– acabará en los bolsillos de la casta dominante, ya considerablemente enriquecida con los miles de millones de la OTAN, los sobornos y el tráfico de droga.

Inmediatamente después de la firma del acuerdo entre Estados Unidos y Afganistán, se firmó el «Acuerdo entra la OTAN y Afganistán sobre el estatuto de las fuerzas», similar al anterior. Ese acuerdo permite mantener en Afganistán, además de los ya mencionados militares estadounidenses, entre 4 000 y 5 000 militares de otros países, en su mayoría británicos, alemanes, italianos y turcos. Así que los militares italianos, manteniendo el gasto de los millones de euros sustraídos a los ciudadanos de Italia, seguirán en Afganistán, donde la fuerza aérea italiana sigue operando con aviones de transporte C-130 y de guerra electrónica EC-27 pertenecientes a la 46ª brigada aérea de Pisa y con drones Predator del 32º escuadrón de Amendola, y donde seguirán operando con más intensidad que antes las fuerzas especiales, actualmente fortalecidas por la creación del mando unificado instalado en la ciudad italiana de Pisa.

Y la guerra, en su variante «secreta», seguirá dejando nuevas víctimas en Afganistán, un país que por estar situado a medio camino entre el Asia Central, el sur de Asia y las regiones occidental y oriental de ese continente adquiere ahora más importancia todavía en la estrategia de Estados Unidos y la OTAN, que marchan hacia una nueva confrontacion con Rusia y, finalmente, con China.

Fuente
Il Manifesto (Italia)

Traducido al español por la Red Voltaire a partir de la versión al francés de Marie-Ange Patrizio