Como ejemplo de opacidad destacan las adquisiciones y arrendamientos de Pemex Exploración y Producción (PEP), subsidiaria que ha venido asignando contratos multimillonarios sin licitaciones de por medio, para la explotación de hidrocarburos en aguas someras y profundas, sobre todo en la Sonda de Campeche.

El caso más relevante ocurrió al cierre de la pasada administración de Carlos Morales Gil, quien en menos de 2 años otorgó 21 contratos para rentar plataformas por un monto que superó los 54 mil millones de pesos, en beneficio de unas 12 empresas privadas.

En ese mismo lapso, sólo se concursó un arrendamiento de plataforma. Los contratos más onerosos –que van de los 3 mil millones a los 5.5 mil millones de pesos– han beneficiado a las compañías Tabasco Jackup, Operadora Cicsa, Constructora y Perforadora Latina, Oro Negro (Todco) y Noble.

Estas contrataciones, además de omitir los concursos, se caracterizan por ser transexenales; es decir, el negocio para los privados se garantiza por varios años y aún cuando la petrolera del Estado se cambie de directivos.

De diciembre de 2012 al 7 de febrero de 2014 –fecha en la que Morales Gil renunció a la dirección general de PEP–, la administración del actual empleado de Alberto Bailleres arrendó 22 plataformas; 21 de ellas, de forma directa. En ese mismo periodo se asignaron directamente otros 20 contratos para rentar y adquirir equipos relacionados con las plataformas, refieren los datos de PEP?hechos públicos en el Portal de Obligaciones de Transparencia.

Consultado por Contralínea, el ingeniero José Felipe Ocampo Torrea considera que, salvo condiciones muy especiales, la contratación sin licitación es perjudicial.

De acuerdo con el artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las adjudicaciones directas únicamente podrán darse cuando el contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona; peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país; existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, debidamente justificados; se realicen con fines exclusivamente militares o para la armada; se dé un caso fortuito o de fuerza mayor que impida ejecutar la licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad; se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al contratista que hubiere resultado ganador en una licitación; o se haya declarado desierta una licitación pública, entre otros factores de urgencia.

Sin embargo, el académico Fluvio Ruiz –quien fuera consejero de Pemex– asegura, en entrevista, que la empresa productiva del Estado cuenta con un tratamiento especial en materia de adquisiciones. Ello, porque sus actividades son consideradas como estratégicas y no se pueden detener.

Por esta razón, indica, Pemex y sus subsidiarias –ahora en reestructuración– pueden superar (y por muchos miles de millones de pesos), los montos establecidos en la ley para otras dependencias e instituciones.

No obstante, en PEP las asignaciones sin licitación de por medio son práctica común. Así lo demuestran los multimillonarios contratos concedidos a trasnacionales y empresas mexicanas para la renta de plataformas de perforación marina tipo autoelevable cantiliver, como el 421003897, a favor de Tabasco Jackup, SA de CV.

Éste fue firmado el 17 de septiembre de 2013 y ascendió a 416 millones 350 mil dólares (5 mil 448 millones 106 mil pesos). Su vigencia es transexenal: del 13 de octubre de ese año al 13 de septiembre de 2020.

Otro contrato que destaca por el monto es el 421003829, en beneficio de Operadora Cicsa, SA de CV. Éste costó al erario 415 millones 70 mil dólares (5 mil 74 millones 396 mil pesos), y se firmó el 23 de abril de 2013. Al igual que el anterior, éste concluirá en 2020.

Constructora y Perforadora Latina, SA de CV, también fue favorecida con dos de los contratos más caros que asignó PEP en la administración de Morales Gil. Ambos se firmaron el 12 de diciembre de 2013 y se identificaron con los folios 421003910 y 421003912. El primero, por 385 millones 108 mil dólares (4 mil 951 millones 487 mil pesos), vigente del 15 de enero de 2014 al 7 de julio de 2020; y el segundo, por 375 millones 634 mil dólares (4 mil 829 millones 676 mil pesos), con vigencia del 10 de abril de 2014 al 29 de julio de 2020.

A Todco México, Inc, filial de la empresa Oro Negro, también se le asignaron dos de los contratos más onerosos. Se trata del 421004800 y el 421004806.

En el primer caso, la empresa que encabeza Gonzalo Gil White –hijo del exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz– se embolsó, el 13 de enero de 2014, 243 millones 662 mil dólares (3 mil 201 millones 795 mil pesos), por rentar una plataforma del 15 de enero de ese año al 26 de diciembre de 2017. En el segundo caso, obtuvo 227 millones 549 mil dólares (3 mil 42 millones 840 mil pesos) el 27 de enero de 2014, por el arrendamiento de otra plataforma del 30 de abril de ese año al 31 de diciembre de 2017.

Entre los contratos más caros también se encuentra el 421003806, que favoreció a Noble Contracting, SARL, el 15 de marzo de 2013, por 248 millones 95 mil dólares (3 mil 75 millones 559 mil pesos). Su vigencia se estableció del 3 de abril de 2013 al 1 de abril de 2016.

Sobre los riesgos de corrupción, como el pago de sobornos o diezmos, que implican las adjudicaciones directas, el ingeniero Moisés Flores Salmerón –secretario general del Sindicato Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros– indica en entrevista que, como Unión, “nunca aceptaremos la corrupción dentro de nuestra empresa productiva del Estado”.

Agrega que “lo que han hecho los funcionarios de la administración de Pemex es demostrar su total entreguismo y destrucción de la principal empresa del país a través de la corrupción”. En contraparte, y como organización gremial, asegura, “impulsamos la honestidad, transparencia, valor y autodeterminación del técnico y profesionista de Pemex”.

Fuente
Contralínea (México)