Lorenzo Córdova y los trasfondos antiindigenistas

El antiindigenismo mostrado por el máximo árbitro de las elecciones en el país puso en claro no sólo su intolerancia al reclamo de diversos grupos sociales por mayores espacios políticos; además, vino a comprobar que su designación como consejero presidente no obedeció, en contrasentido a sus funciones y responsabilidades, a proceso democrático alguno, sino al nombramiento impuesto desde las altas esferas del poder por sus influyentes amigos, como el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño Mayer.

Y en consecuencia, como él mismo lo ha aceptado, no representa a los ciudadanos, sino a los partidos que conforman hoy en día una clase política que ha dejado de defender los derechos de millones de mexicanos. En una palabra: Lorenzo Córdova encarna a la figura de la más burda simulación y antidemocracia nacionales.

Lo que de acuerdo con su responsabilidad debió ser un asunto de análisis y reflexión serias, por las profundas implicaciones sociales que representa, entre ellas la exigencia de los pueblos originarios de elegir a sus propios diputados y senadores, y no a los supuestos legisladores indígenas plegados a las directrices e intereses partidistas y carentes de un consenso real de las etnias, se transformó, al decir del frívolo funcionario electoral, en un “desafortunado” comentario “jocoso”.

Más todavía, el presidente del INE buscó la salida fácil al endosar a la indiscreta e inoportuna filtración matices de ilegalidad, que acentúo al presentar su denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) por la intervención telefónica a su “conversación privada”; es decir, Córdova trató de cobijarse en la aparente causa sin ir al verdadero fondo del asunto: la inobjetable discriminación con que, de hecho, no sólo descalificó la forma de hablar de Mauricio Mata Soria, gran jefe de la comunidad chichimeca, quien estuvo acompañado de Hipólito Arriaga Pote, gobernador indígena nacional, sino el desdén con que recibió los planteamientos expuestos por los agraviados. De la “jocosa” conversación que sostuvo con el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Edmundo Jacobo Molina, se desprende que Córdova en ningún momento tomó en serio lo expuesto en la reunión por los dirigentes indígenas que, como cruel paradoja, llevó por título “Elecciones sin Discriminación”.

Por supuesto que la mayoría de los partidos con registro se aprestaron, junto con la clase política y la burocracia de oro del organismo –en primera fila todos sus consejeros–, a arropar a su consejero presidente ante los “intentos deliberados por lastimar al INE y erosionar su credibilidad pública”. Resulta cuestionable que hasta la fecha, ni representantes de los partidos ni consejeros hayan aclarado al país el origen de la premeditada intención que, según ellos, estuvo detrás de las grabaciones y las filtraciones ilícitas, aún cuando terminaron perdonando por mayoría los abusos y reiteradas violaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales por parte del Partido Verde Ecologista de México, pues incluso llevaron al punto de los debates el retiro de su registro. Hoy la propuesta está congelada y en manos del también “jocoso” interlocutor privado de Córdova, el secretario técnico Jacobo Molina.

En el intento por mantener la línea de flotación del INE a salvo, tanto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) no les importó poner en entredicho su función misma en pro de los derechos de los pueblos originarios. De forma por demás inverosímil y en vez de exigir al titular del INE el más amplio respeto a los derechos de los pueblos indígenas plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en convenios internacionales como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, salió en defensa del responsable del INE al condenar el espionaje telefónico del que fue objeto, “pues atenta contra el estado de derecho”. De igual forma, el presidente del Conapred, Ricardo Bucio Mújica, se aprestó a cerrar toda posibilidad para que los ofendidos iniciaran un procedimiento administrativo en contra de Lorenzo Córdova, argumentando que sus declaraciones “fueron obtenidas y exhibidas de manera ilegal”.

Para los consejeros del INE, arropar a su presidente luego de su “desafortunada declaración” resultó, más que una cuestión de principios, una cuestión de intereses personales, pues por nada del mundo están dispuestos a renunciar a sus prebendas y canonjías que tan sólo de sueldo mensual les representa un ingreso de 269 mil 252 pesos, y les permite tener asesores con percepciones superiores a los 100 mil pesos mensuales (amén de otras prestaciones que los ubican en el selecto nivel de la burocracia de oro en el país).

No debe soslayarse, de ningún modo, que la denostación de Córdova Vianello a las comunidades indígenas forma parte de una campaña nacional impulsada por los gobiernos neoliberales para despojar a los pueblos originarios de sus recursos naturales y sus territorios. Tras la actitud de intolerancia que derivó en la grotesca mofa del presidente del INE se ocultan, además de la discriminación en sí, las intenciones de las empresas trasnacionales por arrebatar sus tierras y riquezas naturales a 15 millones de indígenas que hoy en día se asientan en la quinta parte del suelo nacional, y que son el objetivo del saqueo contenido en reformas como la energética.

Tras sopesar la terrible realidad contra la que luchan los 62 pueblos originarios del país, nada graciosa resulta la burla del que se ostenta como doctor en investigación de teoría política de la Universidad de Turín, Italia, que, de paso, mostró una inconcebible ignorancia respecto a la persistente discriminación política de los indígenas de México y a los que desde hace varias legislaturas, la Cámara de Diputados les ha escamoteado la discusión abierta, y en foros nacionales, para crear la sexta circunscripción electoral, a través de la cual puedan elegir a sus verdaderos representantes al Congreso de la Unión luego de que los partidos políticos terminaron por desvirtuar los Acuerdos de San Andrés mediante los cuales 28 distritos electorales fueron clasificados como indígenas.

Mediante los lesivos acuerdos cupulares, los aparentes candidatos y portavoces de este sector de la población han sido cooptados por los lineamientos partidistas, convirtiendo sus demandas en moneda de cambio para negociaciones cupulares a favor de sus dirigentes, relegando la opinión y ancestrales reclamos de los pueblos originarios. Ante este contexto de hartazgo indígena, se entiende con claridad el porqué representantes de las diversas etnias del país no se han tragado el timo publicitario de las disculpas de Córdova, pues saben perfectamente que de la parte oficial existe una embestida en su contra que busca imposibilitarlos a tener voz en el Poder Legislativo para pelear sus derechos.

Es imprescindible colocar, a la luz de las polémicas circunstancias derivadas de lo expresado por el titular del INE, las conclusiones a que llegaron las cientos de organizaciones indígenas, campesinas, sociales y sindicales que, como el Sindicato Mexicano de Electricistas, participaron en la Caravana Nacional por la Defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida, encabezada por la Tribu Yaqui de Sonora, y que en el Zócalo de la Ciudad de México establecieron una pactada agenda de cooperación mutua donde ya no habrá más luchas aisladas al existir el compromiso de articular todos los referentes para frenar los despojos y saqueos a las riquezas naturales y defender no sólo los derechos de los pueblos originarios sino de los trabajadores del campo y la ciudad. En sus 11 días de recorrido, por 27 estados del país y 85 comunidades, se encontraron por doquier un país destrozado y teñido de sangre. Atroz situación a la que ahora se suma la falta de legitimidad y credibilidad a las que ha llevado Lorenzo Córdova las elecciones del próximo siete de junio, al exhibir con creces que el INE y sus consejeros no representan ni escuchan la voz de los ciudadanos, como aconteció con la encubierta pero contundente discriminación a los indígenas.

La burocracia dorada de este organismo únicamente está para servir a los intereses de los partidos; es decir, los menos interesados en la consolidación de una auténtica democracia en México. Por eso, el barco piloteado por el árbitro electoral se ha ido a pique.