1-6-2016
Ciudadanos bien informados nos han comentado que se habría estructurado una nueva modalidad para premiar a los funcionarios públicos, de cualquier país, que accedan a sus requerimientos, faciliten sus pretensiones o utilicen, de manera selectiva, los controles existentes, todo ello por supuesto, en perjuicio del erario nacional del país e incluso, de las vidas de sus connacionales.
La nueva modalidad consiste en la suscripción de ¨contratos de trabajo¨ firmados entre el funcionario público ¨dador” y la empresa beneficiada, sea directamente o en alguna de sus afiliadas, por remuneraciones que cuadruplican o quintuplican su ingreso actual, y con una duración de 8 ó 10 años de vigencia. Lo que valga el favor concedido. Pero, además, como en esos niveles, finalmente, nadie confía en nadie, se incluyen cláusulas que obligan al pago de los devengados, si es que alguna de las partes decide terminar el vínculo laboral.
Las coimas, tan dinámicas ellas, también perfeccionan sus métodos.
Como se ve, la estructura coimera prevé terminaciones abruptas con beneficios.
De esta manera el funcionario público saliente de una pésima gestión, tiene asegurada su existencia, ante la carencia de ofertas laborales, y tendrá alguna protección de ser investigado por Desbalance Patrimonial, Enriquecimiento Ilícito o algún delito por el estilo, por el pago periódico de la coima convenida.
En defensa del interés público
No afirmaríamos que Perú sea una excepción a esta corriente modernizadora que las coimas impulsan revolucionariamente. Tampoco podemos asegurar que esto se produce en cualquiera de las reguladoras. No obstante, el asunto da para la elaboración de premisas objetivas. Y si alguien quiere investigar más a fondo: ¡avanti!
Como el cangrejo
Mientras todas las entidades y empresas buscan que mejorar sus estándares y se preparan para obtener o mantener, por ejemplo, alguna de las Normas ISO que les son apropiadas y, siguiendo la misma lógica, otros Estados, buscan mejorar controles y normas de seguridad para sus ciudadanos, en Perú, quienes debieran velar por ello, son más bien propiciadores y proteccionistas de aquéllos que quieren poner en peligro la vidas de los peruanos. ¿El mundo patas arriba, no?
Línea 2 del Metropolitano
Así, resulta injustificable que este gobierno inepto y en artículo mortis, a menos de dos meses de su salida, pretenda suscribir una Adenda con la empresa, Consorcio Nuevo Metro de Lima, encargada de la construcción de la Línea 2 del Metro, por la que se rebajarían los estándares de seguridad del grado 1.5 a uno de 1.3, con lo cual reducen el grosor de las paredes del túnel de 35 kilómetros de largo y 25 metros de profundidad, de 1.00 metro a 0.80 centímetros. Disminución de 20 cms. que puede hacer igualmente la diferencia entre la vida y la muerte de los cientos de miles de próximos usuarios de esa infraestructura, en caso de un sismo cercano a los 9°.
Nueva conquista ibérica
La representante legal del consorcio constructor nos dice que “garantiza 1000 años de infraestructura”. ¿Es que esta española cree que seguimos siendo los mismos peruanos crédulos de cuando nos invadieron? ¿Quién estará ahí para responder por esta afirmación?
Preguntas urgentes
¿Qué razones hacen que el ministro de Transportes, Jorge Gallardo Ku, representante del Estado en esta concesión y la presidenta del OSITRAN, Patricia Benavente Donayre (entidad responsable, por deficiente supervisión, de la caída del puente Topará, en la Panamericana Sur), avalen la posición del concesionario, yendo incluso contra la opinión de la propia empresa supervisora, contratada para estos efectos, el consorcio liderado por CESEL?
¿Por qué el ¨sustento técnico¨ del MTC y OSITRAN está basado en el informe de un arquitecto inexperto en infraestructuras, que además pertenece al ministerio de Vivienda, y no a alguno de los profesionales de sus propias instituciones?
¿Qué tiene que ver el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en una infraestructura de transporte de esta magnitud?
¿Cuándo participó antes el MVCS en una concesión de infraestructura de transporte de uso público?
Si la Línea 1 del Metro fue mejorada a raíz del fortísimo terremoto en Chile y se incrementó el estándar a 1.5, ¿por qué en esta nueva etapa de nuestro Metro, tiene que rebajarse?
¿Por qué si el propio concesionario aceptó las bases del concurso, que establecían las obligaciones que ahora quiere eludir, son las entidades del Estado peruano las que avalan esa posición?
Urgente investigación
Las Comisiones de Transferencia de gobierno deben comenzar a operar casi de inmediato. Las que correspondan al MTC y MVCS deben impedir este despropósito.
En OSITRAN es probable que no haya una Comisión de este tipo pues Benavente tiene mandato hasta febrero 2017 (aunque puede ser echada por Falta Grave, como la que denunciamos), pero sí podría ir un grupo de profesionales que supervisar y revisar éste y otros temas, antes de que siga haciendo más daño al país.
¿De por qué se rebajan cánones de seguridad es un misterio que debería aclararse, no creen?
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