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OSITRAN: ¡desperdiciando dinero público!

Servir y el Poder Judicial desechan la mayoría de los procesos administrativos sancionadores que emprende OSITRAN contra trabajadores y ex empleados. La mano torpe de Obed Chuquihuayta, gerente general y Jean Paul Calle Casusol, es inocultable.

Despidos Fraudulentos

En septiembre-2012, empezaron los problemas laborales por la persistencia en desaparecer todo rastro de trabajadores de la gestión anterior. Cesaron a 25 servidores que fueron retirados con jugosas indemnizaciones. Las mismas que no estaban presupuestadas. Y se tomó dinero de otras partidas para estos fines.

Quien sí interpuso acción contra despido injustificado fue el ex gerente general, Carlos Aguilar Meza, a quien abrieron proceso administrativo por supuesta falta grave. Acudió al Poder Judicial y demostró que el hecho había sido fraudulento. Esto costó a OSITRAN más de S/ 90 mil, intereses, costos y costas. Además de los honorarios del estudio jurídico contratado expresamente para este caso, que lo perdió.

Lo mismo ocurrió con el ex servidor Pedro Távara, quien prefirió ir por la vía de SERVIR para lograr su reincorporación, lo cual, es obvio, obtuvo. OSITRAN y sus famosos funcionarios "negociaron" con Távara, quien accedió al retiro, previo pago igualmente de una importante suma de dinero.

Contra las leyes

No obstante han seguido dando despidos sin justificación alguna, es decir despidos encausados, violatorios de la Constitución. Varios no han sido apelados.

Pero, se ha dado también el caso contrario, en el que la demanda laboral interpuesta por la ex Jefa de Personal de la institución, Rossmery Calle Espinoza, resultó triunfante. El Poder Judicial ordenó su reincorporación inmediata, con el consiguiente pago de los meses devengados y respectivos intereses a la fecha de su reintegro a labores, más las costas y costos. Montos igualmente no presupuestados y que el Estado, a través del OSITRAN, deberán abonar por causa de un despido mal ejecutado.

Normas derogadas “útiles”

Pero los desatinos de Chuquihuayta Arias y el abogado Calle Casusol, no paran ahí.

En su momento abrieron procesos y sancionaron a los ex trabajadores Roberto Ramos Murga Rodríguez, Isabel Lagomarsino Burgos y, Leo Herrera Jaúregui, aplicando una norma ¡que ya estaba derogada!

Y, a Raúl Pezo Bollet, ex servidor del área de Tesorería un trámmite y se violaron sus derechos. SERVIR anuló la resolución, reponiéndolo. OSITRAN tuvo que hacer un nuevo proceso, mientras Pezo Bollet recibía su sueldo cómodamente en su casa, hasta por 3 meses o más.

Dos veces despedido

Ya hemos relatado el doble despido del ex Tesorero Jesús Balladares Sandoval, y de cómo SERVIR dejó sin efecto, como es lógico, el segundo de ellos. Papelón jurídico de Calle Casusol, y su jefe y supervisor Chuquihuayta Arias.

Ya no importa que el segundo despido se haya dado en contra de la opinión de un estudio jurídico, expresamente contratado para evaluar el tema por el que injustamente fue sancionado Balladares, porque en este caso el perjuicio para el Estado tiene nombre y apellido: S/ 10,000.00 (Diez Mil Soles). Esa es la cifra que SERVIR ha ordenado que pague OSITRAN a su ex Tesorero, como reintegro de los costos incurridos en honorarios profesionales del abogado que lo patrocinó. Así se puede comprobar de la Resolución N° 01098-2016-SERVIR/TSC-Primera Sala, fechada el 31 de mayo de 2016.

¿Estado paga por burradas?

La actual administración es poco afecta a la inteligencia.

¿Quién asumirá los gastos de defensa, por parte del OSITRAN, de los probables procesos judiciales que entablen quienes injustamente han visto afectados su tranquilidad personal y familiar? ¡El Estado, claro!

¿Y la Procuraduría Pública?

¿Ha hecho algo, el procurador público del OSITRAN, para lograr el recupero de los montos abonados por el Estado en todos estos procesos fallidos.

¿Confianza en otras opiniones técnicas?

¿Es confiable la opinión del regulador, por sobre la de su supervisor especializado, seleccionado por concurso internacional, encargado a la UNOPS, consorciado con empresas chinas y coreanas, CESEL, sobre el grado de seguridad que debe tener la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima?

¿Es confiable la opinión del regulador, que mantiene detenido el inicio de obras en el aeropuerto de Chincheros?

¿Cuál fue la opinión de OSITRAN sobre el aeropuerto internacional de Pisco, inaugurado por el presidente Humala, pero sin uso?

¿Qué responsabilidad tiene OSITRAN en que el país no cuente con la segunda pista del Jorge Chávez?, ¿y en la caída del puente Topará en la Panamericana Sur?

¿Quién asumirá los más de 15 millones de dólares por el arbitraje perdido por OSITRAN ante el Consorcio Supervisor Vial Sur, por haber emitido a destiempo su informe sobre los gastos a reconocer?