Álvaro Cepeda Neri

JPEG - 202.9 KB

Ahí fue aprehendido para investigarlo por lavado de dinero, encarcelado una semana y liberado, que no absuelto con sentencia definitiva e irrevocable, para regresar a su propiedad coahuilense desde donde amenaza con regresar electoralmente para buscar una presidencia municipal, y estar listo para la sucesión presidencial de 2018… si es que el PRI logra llegar. O aliado con los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) se enfrenta al Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en una contienda de la derechización panista-priista-perredista contra el populismo lopezobradorista que se alza más que amenazante para otra transición presidencial, que busca no fracasar como sucedió con la mancuerna Fox-Calderón; probando que como sentenció el fallecido Carlos Castillo, el PAN perdió el poder y el partido que no recobrará la complicidad Zavala-Calderón.

La demanda de Moreira contra Aguayo es la clásica maniobra judicial contra un periodista. Y todo porque, con la impunidad, los funcionarios no quieren ser puestos en la mira de la crítica con arreglo a los derechos de las libertades de prensa, asumiéndose discípulos de Antonio López de Santa Anna, cuando éste amenazó con darle “mil patadas” a quien había escrito una crítica al cojo-dictador, como lo narra Guillermo Prieto en sus: Memorias de mi tiempo. Moreira quiere… ¡10 millones de pesos! para engordar su patrimonio, porque alega que fueron “lastimados mis sentimientos, afectos, mi honor, vida privada y mi imagen, afectos, creencias, decoro, reputación, así como la consideración que de mi persona tienen los demás” (Reforma, 13 de julio de 2016).

¿Los demás? ¿Quiénes? ¿Acaso Peña, su amigo? Porque los demás son muchos y al menos este columnista se deslinda de esa inclusión. Y es que el tal Moreira, hermano del actual desgobernador de Coahuila, ha estado en el escenario de lo público unas 2 décadas, con lo cual es objeto de la información y críticas por el periodismo de investigación; máxime que los dos Moreira han sido funcionarios que no pueden escapar a los cuestionamientos por el tufillo a corrupción que despiden. Porque Humberto, por ejemplo, acaba de ser mencionado en una Corte de Texas por presuntamente haber recibido 2 millones de dólares por sus nexos con los Zetas, como informa el reportero Mauro de la Fuente (Reforma, 7 de julio de 2016). Y en cambio no ha demando a quien lo acusa por su “hedor corruptor”.

Moreira intenta silenciar de esta manera a los periodistas que informan y critican los actos, omisiones e investigaciones periodísticas de funcionarios y exfuncionarios; estos últimos cada vez que aparecen en la escena de lo público, recurriendo a los tribunales sin legitimidad, pero con su derecho a solicitar resoluciones judiciales. Pero el periodista Sergio Aguayo no está sólo, pues cuenta con sus abogados para contestar la demanda y contrademandar, de manera tal que las libertades de prensa estén por encima de reclamos antidemocráticos para querer silenciar la crítica; misma a la que han de estar expuestos todos los que incurren en materia objeto del derecho a la información, y con ésta sujetar la crítica, el análisis y los hechos a la conducta pú-bli-ca de los que se exhiben con sus intolerancias y quisieran cobijarse como intocables. Y Moreira no puede ni debe creerse al margen de los dardos de la prensa con el seudoargumento de que se siente ofendido cuando es cuestionado ante la opinión pública.