Aunque la caída de los precios del crudo en el mercado internacional afectó algunos negocios en la empresa productiva del Estado, el del arrendamiento de plataformas se ha mantenido a flote, con multimillonarias sangrías para la hacienda nacional.

Son al menos 25 los onerosos contratos cuya vigencia caduca entre junio de 2017 y febrero de 2019, gracias a convenios modificatorios que han alargado el periodo originalmente acordado.

La subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP, ahora Pemex Perforación y Servicios) no sólo ha beneficiado a las contratistas con montos multimillonarios, sino también con ausencia de supervisión y sobre todo de sanciones. Y es que a pesar del colapso en el sector petrolero, las trasnacionales han incumplido impunemente los contratos.

Los dos casos que llaman la atención, por su gravedad, se refieren a los contratos 421003876 –con Nabors Perforaciones de México, filial de la estadunidense–, y 421002850 –con Cosl México, filial de la china–, que incurrieron en posibles daños al erario, reporta el máximo órgano de fiscalización.

De acuerdo con información de Pemex Exploración y Producción, el primero de ellos –que involucra a la plataforma MASE 807– ascendió a 1 mil 532 millones 460 mil 630 pesos, y su vigencia es del 11 de enero de 2015 al 11 de octubre de 2018.

El objeto de este contrato es el arrendamiento sin opción a compra de un equipo modular tipo diésel eléctrico, para perforación, terminación, reparación, reentradas y profundización de pozos, incluyendo su mantenimiento integral, para operar en aguas mexicanas del Golfo de México.

Del segundo –referente a la plataforma COSL 7–, la información oficial de la subsidiaria indica que tiene un costo para el erario de 1 mil 426 millones 414 mil 473 pesos, con una vigencia del 18 de marzo de 2014 al 20 de julio de 2017.

Éste se pactó para el arrendamiento sin opción a compra de un equipo modular tipo diésel eléctrico, para perforación, terminación, reparación, reentradas y profundización de pozos, incluyendo su mantenimiento integral, para operar en aguas mexicanas del Golfo de México.

En la auditoría “Gestión financiera del arrendamiento de plataformas”, la ASF determinó que Nabors [de la que omite su nombre] incurrió en un desfase de 14 días (del 26 de junio al 9 de julio de 2015) en la corrección de dos anomalías presentadas durante la operación de la plataforma MASE 807, de las cuales una se penalizó al 3 por ciento y la otra al 5 por ciento del monto de la renta diaria, que asciende a 60 mil dólares, establecido en el convenio modificatorio.

Sin embargo, el órgano fiscalizador comprobó que hasta ahora no se le ha cobrado la pena convencional por 67.2 mil dólares, equivalentes a 1 millón 276.6 mil pesos. Y es que a Pemex se le “olvidó” notificar al arrendador esa penalización: “la notificación se efectuó el 17 de junio de 2016, es decir, 337 días después de la fecha en que fueron corregidas las anomalías”, refiere la Auditoría Superior.

La “justificación” de la subsidiaria es que “mientras dicho contrato se encuentre vigente en el plazo del arrendamiento, se pueden hacer efectivas todas y cada una de las penas convencionales o deductivas pendientes dentro de dicho acuerdo de voluntades, pudiéndose inclusive hacer dentro del propio finiquito cuando se hace la extinción formal de derechos y obligaciones de ambas partes”.

No obstante, los auditores observan que, en el contrato, la cláusula referente a las penas convencionales establece que PEP “deberá cuantificar por escrito al arrendador las penas convencionales generadas durante el mes de que se trate, indicándole las causas que originaron las mismas; la aplicación de las penas comunicadas al arrendador será efectuada por PEP a más tardar en las siguientes fechas de corte para la presentación de las factura”.

Sobre este punto, la Auditoría Superior emitió un pliego de observaciones, en el que “presume un probable perjuicio al patrimonio de Pemex Perforación y Servicios por 1 millón 276 mil 584.96 pesos, por no cobrar en su oportunidad la penalización por ese desfase de 14 días”.

Aunque menor en monto, el caso de la trasnacional china [de la que también se omite el nombre] es peor, pues ésta habría intentado cobrar de más a PEP por servicios inexistentes. Según la ASF, en enero de 2015 “el supervisor [de la subsidiaria] cuantificó un exceso de 58 comidas y 20 pernoctas, las cuales no se han cobrado al arrendador a la fecha de revisión (junio de 2016)”.

Pero fue hasta el 10 de junio de ese año cuando el supervisor del contrato solicitó al encargado del Despacho de la Coordinación de Servicios de Alimentación-Hospedaje y Transporte de Personal, los montos de las comidas y pernoctas en exceso para hacer el recobro al arrendador; pero no lo efectuó.

Un año después, la anomalía persistía: “después de la Reunión de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la entidad evidenció que con el oficio PPS-SIPDN-GSTAC-RCCDB-3186-2016, del 28 de junio de 2016, se notificó al arrendador el recobro por la cuantificación en exceso por concepto de alimentación y hospedaje, por 332 mil pesos, de los cuales 43.7 mil debieron aplicarse en 2014 y 288.3 mil en 2015”.

Por este tema la ASF también emitió un pliego de observaciones, en el que “presume un probable daño al patrimonio de Pemex Perforación y Servicios por 288 mil 349.26 pesos, referente a la cuantificación en exceso de pernoctas y comidas proporcionadas al personal del arrendador de la plataforma modular COSL 7 del contrato 421002850”.

El negocio para los propietarios de las plataformas es redondo: contratos multimillonarios –hasta por 200 mil dólares diarios– y fallas solapadas por el personal de la petrolera mexicana. Lamentablemente, los costos asociados no son sólo económicos; también hay pérdidas humanas, con accidentes evitables –si los equipos operaran correctamente y recibieran mantenimiento puntual–, que han cobrado decenas de vidas de trabajadores. Además, claro, de la contaminación que han causado sobre todo en la Sonda de Campeche.