Hoy como ayer, no se toma en cuenta a la sociedad ni se hace un balance objetivo para enterar a la nación del porqué no se cumplieron las expectativas. Los tecnócratas insisten en mantener un acuerdo comercial preparándose para ceder en lo que sea necesario con tal de no cancelarlo. La opinión de los directamente afectados no cuenta, pese a que la razón les asiste. Como ayer, los actores de los sectores productivos relacionados en el tema no estarán presentes en la mesa de las negociaciones.

El gobierno rehuye hablar de cara a los mexicanos pues a la distancia, y en cualquier punto de comparación, nuestra economía es deficitaria en el plano comercial; y de los planteamientos originales del tratado, como la búsqueda de una convergencia laboral con los socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, para mejorar los ingresos y el nivel de vida de los agricultores y trabajadores del país, sólo quedan los buenos propósitos.

En poco más de dos décadas de la entrada en vigor del acuerdo comercial el agro está en quiebra y no queda huella alguna de las instituciones que en décadas pasadas apoyaban a los productores de granos, café, cítricos y otros productos, con créditos, capacitación y entrega de fertilizantes y semillas mejoradas. Las trasnacionales como Bayer, Monsanto y Cargill desplazaron las funciones de entidades como Fertimex, la Productora Nacional de Semillas (Pronase) y Conasupo.

El campo dejó de ser un productor de granos básicos para convertirse en un expulsor de mano de obra; organizaciones agrarias, incluida la oficial CNC, admiten que uno de los efectos más negativos de la puesta en marcha del TLCAN, fue la pérdida de más de 2 millones de empleos en el agro. Cifra acrecentada al paso de los años hasta calcularse en 5 millones de agricultores que debieron emigrar a Estados Unidos o dedicarse a otra actividad para no morir de hambre.

Pero además de la pérdida de fuentes de empleo en el agro, el tratado condujo a México a aniquilar su soberanía alimentaria. Tan sólo en 2015 y 2016 el país importó de Estados Unidos 17 mil 700 millones de dólares en productos agroalimentarios. Cabe citar que el 47 por ciento de los alimentos que consumimos no es producido por nuestros agricultores, como el caso del 80 por ciento del arroz, el 40 por ciento del trigo y el 50 por ciento de la soya.

De hecho, para cubrir nuestro consumo interno de maíz importamos anualmente de Estados Unidos unas 12 millones de toneladas del grano. Está demostrado que el acuerdo encareció los productos de la canasta básica. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) informa en este sentido que de los 55.3 millones de mexicanos en pobreza, 28 millones presentan carencia alimentaria.

Referente al capítulo laboral contemplado en el tratado y cuyas metas estimaban la creación de miles de empleos dignos y bien pagados para los obreros mexicanos, la realidad le ubica como uno más de los acumulados fracasos. Un estudio comparativo de los salarios pagados en Estados Unidos con relación a otros países, elaborado en 2014 por la Oficina de Estadística Laboral norteamericana, señalaba que el salario mínimo federal de nuestro principal socio comercial para sus obreros era de 7.25 dólares la hora; es decir, que en una jornada de ocho horas, un trabajador estadounidense ganaba hace dos años unos 58 dólares, cantidad que a la cotización actual promedio de 19 pesos por un dólar arrojaría unos mil 102 pesos.

De acuerdo al estudio, nuestro otro socio, Canadá, pagaba en 2014 salarios promedio de 9.95 dólares canadienses por hora, lo que multiplicado por un día laborable de ocho horas da un total de 79.6 dólares, que a cotización actual de 14.06 pesos por dólar canadiense, nos remite a la cifra de mil 119 pesos.

Esta lectura indica que los dos socios de México tienen sueldos muy similares para sus trabajadores, mientras que en nuestro país el salario mínimo diario, impuesto por el gobierno para 2017, es de 80 pesos. De ése tamaño es el abismo de los ingresos entre los socios del TLCAN. Y esto sin considerar la legalización de las outsourcings, los contratos de prueba y la pérdida de otros derechos inscritos en la Reforma Electoral.

Además, a las armadoras automotrices americanas, a las que se adjudica la creación de miles de empleos permanentes en nuestro territorio, como resultante del TLC apenas pagan sueldos de 2.04 dólares la hora a sus trabajadores; es decir 38.76 pesos, que multiplicados por ocho horas, nos arrojan 310 pesos por jornada. Cifra muy lejana a la devengada por sus obreros en sus plantas ubicadas dentro de sus fronteras. Aunque tal política salarial impera de igual forma para las armadoras norteamericanas como las de otros países que encuentran muy atractiva la fuerza de trabajo de los obreros mexicanos por barata y exenta de otras prestaciones gracias a los sindicatos corporativos y charros como los de la CTM.

Según Donald Trump, la aplicación del TLCAN ha sido perjudicial para su economía, pues de acuerdo con sus cálculos, su déficit comercial asciende a los 60 mil millones de dólares, ocasionando el cierre de empresas y la pérdida de empleos en su país. Una de sus propuestas es la de imponer un arancel del 20 por ciento a todas las importaciones de productos mexicanos, con lo que de paso pretende construir su muro fronterizo.

Pero de este lado de la frontera, y por dónde se le vea, el perdedor evidente del desventajoso tratado es México; sus niveles de pobreza y la ralentización de su desarrollo económico son las pruebas fehacientes de que nuestra industria quedó reducida a una simple maquiladora de las trasnacionales norteamericanas. Sus armadoras, por citar un caso, exigen que el 62.5 por ciento de los insumos sean producidos por los tres países socios, pero en los hechos la mayor parte de los mismos provienen de los Estados Unidos. Es así que el valor agregado de las exportaciones mexicanas es de sólo 32 centavos por cada dólar.

Si los funcionarios mexicanos persisten en acudir a las renegociaciones del TLCAN sin valorar el diagnóstico de 23 años de fracasos y no mirar de frente a la avasallante pobreza que enfrentan millones de campesinos y trabajadores, estarán entregando como ayer, oro por cuentas de vidrio. Los sectores sociales deben exigir que su voz sea escuchada porque el país ya ha pagado un muy alto costo por un acuerdo que ha beneficiado únicamente a las trasnacionales.