Que la trasnoche camina en el día y que aquí llueve para arriba son tesis imbatibles. Charlatanes sospechosos de robos gigantescos cuando pasaron por la cosa pública, son “formadores de opinión o políticos con experiencia”. En nuestros pagos hay esmero sobresaliente para disfrazar raterías vulgares del dinero público con secretismos, garrulería abundante y desverguenza a prueba de balas.
Conozco muy de cerca un caso: los pasaportes electrónicos y el hasta hoy jamás desmentido sobreprecio de US$ 16 millones de dólares en su compra en diciembre del 2015 en la Cancillería. Es decir hay un grupúsculo de delincuentes que se levantó esa suma y hasta hoy no está en la cárcel, expulsado de su entidad y publicados con foto, nombres y apellidos en los medios de comunicación, sus integrantes o cabecillas.
Recordemos, a guisa de mínima referencia: en octubre del 2015, la Superintendencia Nacional de Migraciones, compró 1’200,000 pasaportes electrónicos al consorcio francés –que luego se convertiría en monopolio proveedor- Gemalto-Imprimerie Nationale, a un precio (véase la infografía) y en diciembre del mismo año, entre gallos, villancicos y media noche, la Cancillería hizo lo propio para 400 mil unidades y con el jamás refutado sobreprecio de US$ 16 millones.
En junio de este año 2017, ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, el anterior Contralor, Edgar Alarcón, expuso in extenso, documento impreso de por medio, este caso de la Cancillería y anunció que la carpeta 023 ya obraba en los dominios del Ministerio Público. Varios congresistas nos han aseverado que ¡desde entonces! el asunto no ha sido visto nunca más en el Parlamento.
En castellano fácil, Contraloría puso su auditoría a disposición del Ministerio Público. Más aún, hizo lo propio con el examen que practicó a la Superintendencia Nacional de Migraciones por el mismo pasaporte electrónico y cuyo origen está –tal como lo ratifica una carta- en las denuncias que hizo el periodista que escribe.
Las licitaciones para pasaportes electrónicos con las desverguenzas, irregularidades, direccionamientos y demás fiascos, fueron públicas y también las denuncias que se hicieron. El pasaporte es un documento de alta seguridad pero NO ES SECRETO. Quien lo necesita lo pide y accede a él vía el pago de los derechos.
Cabe preguntarse que SI NO ES SECRETO el pasaporte electrónico, por tanto, la investigación sobre sus procesos de producción, expedición, software de respaldo y los presuntos delincuentes incursos en el tema, tampoco pueden recibir blindaje o protección de anonimato ¡y menos del Estado agraviado! si el afectado es el público contribuyente.
Me llegan alarmantes versiones que TODAS las investigaciones o auditorías o procesos penales en torno a la de Migraciones y Cancillería, tienen ahora el alegre marbete de SECRETO. ¿Por qué arte de birlibirloque se pretende dar secretismo a un documento que no es arma de fuego, ni artilugio satelital o piedra filosofal para aliviar innúmeros males?
¿Qué hace el Congreso? La pregunta, directa y sin ambages, también debe ser enderezada a la sociedad civil (periodistas, ONGs anticorrupción, sociedades amantes del país, y un sinfín de etcéteras), ¿qué hacen por combatir el supuesto secretismo a investigaciones que no debieran serlo?
El SECRETO sólo protege a los rateros y estafadores. Que deba guardarse prudencia es una cosa pero con los temas apropiados. Mañana, la compra de alfileres o pañales o papeles higiénicos para las altas direcciones, también podría ser SECRETO y entonces ¿quién dice esta boca es mía?
Por nuestra parte y premunidos de la absoluta convicción en defensa del interés público, continuaremos en las pesquisas e investigaciones. Que a nosotros NO nos asustan las amenazas o los juicios (en todos hemos salido victoriosos). Quien le roba al pueblo, en SECRETO o en público, es un vulgar y miserable delincuente.
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