La denuncia, interpuesta ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas, acusa abiertamente a Jorge Lavoignet Vásquez por los “hechos probablemente constitutivos de delitos, consistentes en acoso y hostigamiento sexual y laboral”.

Lavoignet es el actual director del Secretariado del Instituto y sería responsable de agredir sexualmente al menos a dos mujeres –pues hay más víctimas que se han acercado al abogado Luis Hernández que aún no se atreven a denunciar.

Las dos que sí dan su nombre y apellidos en esta búsqueda de justicia estuvieron laboralmente subordinadas a Lavoignet en diferentes periodos, y ambas sufrieron el mismo comportamiento abusivo: el directivo les pidió favores sexuales a cambio de renovarles sus contratos temporales con vigencia de 1 año.

Sin obtener su consentimiento, las tocaba en sus partes íntimas cada que las mandaba llamar. En la narrativa de hechos, Margarita indica que “en el año 2012 comenzaron los primeros hostigamientos. Era algo que podía dejar de lado: besos en la mejilla, abrazos, el saludo dirigiendo su mano hacia mi glúteo por parte del licenciado Jorge Lavoignet. Conducta que realizó en varias ocasiones”.

Líneas más adelante, la víctima refiere que en 2015, el directivo le ofreció renovar su contrato. “Cuando me presento [a su oficina] a firmar dicho contrato noté de inmediato el acercamiento por parte de Lavoignet, quien me manifestó que si deseaba ser su amiga y que, de ser así, las cosas me iban a favorecer, poniendo su mano en mi pierna y sentándose a mi lado”.

Margarita narra que de inmediato se levantó del asiento, le dio las gracias y se retiró a su área de trabajo. Entonces laboraba como edecán en otra área pero la mandaban constantemente a atender las necesidades del directivo.

“De ahí [en adelante] los saludos y las despedidas comenzaron a ser un poco incómodas: [él] trataba de darme un beso en la mejilla pero direccionaba su boca hacia la mía, y su mano siempre la dirigía hacia mi glúteo.”

Margarita no aceptó ser “amiga” de Lavoignet y perdió su trabajo.

La historia de Karla, la segunda víctima, fue mucho peor. En la denuncia señala que el 1 de septiembre de 2014, fecha en que fue adscrita a la oficina de Lavoignet, comenzó el acoso y hostigamiento sexual, pero en agosto de 2015, cuando vencía su contrato, ya superó lo tolerable.

“Me llamó para, según su dicho, preguntarme cómo me sentía trabajando en la Oficialía Electoral; una vez sentada en su oficina, que tiene una sala con sillones y un escritorio con dos sillas, él se levantó de su silla y se paró junto a mí, me pidió que me levantara para saludarme bien, a lo cual accedí, y cuando lo hice intentó besarme. Como yo traía un vestido, introdujo su mano en mi entrepierna.”

A fines del año pasado entrevisté a Karla en el bufete de su abogado Luis Hernández. Durante la plática, me sorprendió observar las secuelas que ha dejado en ella –una joven de tan sólo 33 años de edad– el hostigamiento constante del que fue objeto.

Su visible nerviosismo, su rostro todavía afectado por una parálisis facial, su llanto que era incapaz de reprimir aunque, evidentemente, no quería mostrarse frágil, la culpa que ella misma se infligía respecto de la situación que enfrentó.

Todos son síntomas de una víctima de hostigamiento sexual, me explicó la sicóloga Alejandra Buggs Lomelí, directora del Centro de Salud Mental y Género. Incluso la parálisis que sufrió fue en reacción a las agresiones sexuales que Karla enfrentó por 2 años.

Luego de ofrecerle una plaza de auxiliar jurídico en la Dirección del Secretariado, Lavoignet le hizo “obligatorio el cobro del favor”. Cuando la mandaba llamar, él se cobraba con tocamientos cada vez más agresivos, hasta que eso no le bastó y le exigió tener relaciones sexuales a cambio de su permanencia en el trabajo.

“Quizá por miedo a las consecuencias de decirle que no o por no tener mis convicciones firmes, no sé por qué pero me dio tanto miedo decirle que no. Era algo que yo no quería hacer… Tal vez por no perder mi trabajo, pero accedí”, me confió Karla.

Tener intimidad con su jefe sólo escaló la violencia. “Para él, todas las mujeres somos putas y somos objetos y la manera en que me trató fue humillante”, dijo, entre sollozos. “Para mí fue la última vez y así se lo hice saber. Pero no le importó: cada vez que entraba a su oficina, porque me pedía que hiciera labores de secretaria, me empezaba a tocar y quería que se repitiera”.

Abusadas sexual, laboral y sicológicamente por este directivo, las víctimas han buscado justicia en el propio INE desde fines del año pasado, sin que hasta ahora la institución tenga siquiera la voluntad de llegar al fondo en las investigaciones, y mucho menos poner en marcha su Protocolo contra la violencia de género.

Y es que de nada sirve que el INE tenga un Protocolo que define el acoso y hostigamiento sexual y laboral –y en el que además se establecen medidas coercitivas contra quienes incurran en estas agresiones–, si en la práctica no hace nada para sancionar de forma ejemplar estos casos y con ello frenar la impunidad y evitar su repetición.

Según la denuncia penal, de la que tengo copia, también se acusa por “encubrimiento y los correlativos” a Edmundo Jacobo Molina, secretario Ejecutivo del Instituto, quien habría conocido directamente de las acusaciones de las víctimas y, pese a ello, se habría negado a actuar para protegerlas.

La vía penal era el último recurso que las víctimas querían ejercer, por el severo temor a represalias que tienen y del que nadie las puede culparlas, luego del infierno que han soportado y la impunidad que pesa sobre sus casos­.

Pero, precisamente la indolencia del Instituto no les deja otra opción que buscar justicia en un organismo ajeno al INE y al ámbito electoral en general.

Y es que hasta ahora lo único que ha hecho la institución que encabeza Córdova Vianello es separar del cargo al director del Secretariado, pero con goce de sueldo. Por ello resulta insultante que el INE presuma su Protocolo cuando, en los hechos, premia a quien hostiga al grado de llegar a actos que rayan en violación sexual.

Continuar pagando del erario –es decir, del dinero del pueblo mexicano– el sueldo a un servidor público señalado por más de una víctima de los mismos hechos no sólo es un insulto, sino que es un claro abuso por parte de los consejeros electorales.

Desde el 18 de octubre de 2017 el propio Lorenzo Córdova supo a detalle del caso de Karla, cuando ella le dirigió un oficio donde manifestaba todos los agravios en su contra.

Si el consejero presidente quisiera argumentar que desconoce el asunto porque no recibió el oficio, o se traspapeló en su oficina o algo parecido, estaría mintiendo. Y es que cuando solicité conocer su versión de los hechos en diciembre del año pasado, negó dar la entrevista argumentando que era una investigación abierta.

Así que, por lo menos, habría sido negligente. Pero como en el caso de Edmundo Jacobo Molina, quizá las víctimas deberían señalar penalmente el encubrimiento de Córdova como móvil de la impunidad.

Y es que, de no ser cómplice, el consejero presidente está obligado a buscar la justicia para estas mujeres y para todas las víctimas de hostigamiento sexual y laboral en la institución que dirige.

Nancy Flores