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‎Después de la decisión del gobierno francés de retirar su embajador [el jueves 7 de febrero], ‎lo primero que quisiera repetir con fuerza es que Italia y el gobierno italiano ven a Francia como ‎un país amigo y a su pueblo, con su tradición democrática milenaria, como una referencia, a ‎nivel mundial, en las conquistas de los derechos civiles y sociales. Como ministro del Desarrollo ‎Económico, del Trabajo y de Políticas Sociales, siempre he visto a Francia y su sistema de Estado-‎providencia como la «estrella polar» de los derechos sociales en Europa. No me sorprende que ‎el pueblo francés muestre señales considerables de malestar ante el desmantelamiento de ‎algunos de sus derechos. Y esto no sólo concierne al gobierno actual. ‎

Ustedes deberían saber que estuve de visita en la Asamblea Nacional [de Francia] en 2016, ‎cuando comenzaban las grandes manifestaciones populares contra la reforma del derecho laboral ‎que Francois Hollande quería implantar y que posteriormente prosiguió, haciendo el trabajo aún ‎más precario. Esas recetas ultraliberales fueron aplicadas por partidos tanto de derecha como de ‎izquierda, hicieron más precaria la vida de los ciudadanos y redujeron fuertemente el poder ‎adquisitivo. ‎

Me impresionó mucho encontrar entre los reclamos de los «Chalecos Amarillos» temas que ‎actualmente van más allá de la derecha y la izquierda y que centran la atención en el ciudadano y ‎sus necesidades, con una actitud post-ideológica. ‎

Por eso quise reunirme con representantes de los «Chalecos Amarillos» y de la lista RIC [1], porque no creo que el futuro de la política europea ‎esté en los partidos de derecha o de izquierda, ni en los partidos que dicen ser «nuevos» pero ‎que en realidad son fruto de una tradición o de una historia familiar. ‎

En Italia vemos con mucha atención y respeto lo que sucede en Francia. Por otra parte, todos ‎los días, como gobierno italiano, tratamos de tomar iniciativas destinadas a restaurar los derechos ‎de los ciudadanos, invirtiendo el rumbo en relación con el pasado, cuando la acción política ‎tenía como único objetivo quitar derechos y posibilidades económicas a los más débiles para ‎ofrecer todo a los potentados económicos. ‎

Lo hacemos porque queremos que la calidad de vida sea mejor para la ciudadanía. Pensamos, ‎en efecto, que donde hay equilibrio pueden calmarse los conflictos. ‎

Un punto de referencia

En la última ley de finanzas, decidimos elevar los impuestos sobre los juegos de azar, los bancos, ‎las compañías de seguros, las transnacionales que extraen el petróleo en nuestro mar y, ‎simultáneamente, reducir en 500 millones los gastos militares, para financiar medidas que ‎permitirán que 1 millón de italianos puedan jubilarse más pronto y que 5 millones de italianos ‎reciban un ingreso mínimo. ‎

Al mismo tiempo vamos asignar 1 000 millones de euros a la inversión en startup [empresas ‎emergentes] innovadoras y hemos revisado los impuestos de las empresas pequeñas y medianas ‎que, a pesar de las grandes dificultades, nos han permitido convertirnos en la segunda potencia ‎industrial de Europa, para protegerlas del yugo infernal de ciertas directivas europeas, como la de ‎liberalización de los servicios (la llamada «directiva Bolkestein»). Finalmente, hemos arremetido ‎contra las «jubilaciones doradas» y los dividendos vitalicios de los ‎privilegiados. ‎

Vemos al pueblo francés como una referencia, no como un enemigo, y las divergencias políticas ‎y de visión entre el gobierno francés y el de Italia no deben afectar la relación histórica de ‎amistad que une a nuestros dos pueblos y nuestros dos Estados. ‎

Por esa razón, como representante del gobierno de mi país, quiero reafirmar la voluntad de ‎cooperación de nuestro ejecutivo sobre los temas que más nos interesan, como país miembro ‎fundador de la Unión Europea. ‎

Fuente
Le Monde (Francia)

[1] La ‎‎«lista RIC» (siglas de Rassamblement d’Inicitive Citoyenne o “Agrupamiento de Iniciativa ‎Ciudadana”), es un grupo surgido de los Chalecos Amarillos para participar en las próximas ‎elecciones europeas y promover la instauración del «Referéndum de Iniciativa Ciudadana» (RIC), ‎lo cual permitiría a la población proponer la realización de referéndums para adoptar o abrogar ‎leyes y revocar el mandato de responsables gubernamentales sin recurrir a la intervención de los ‎parlamentarios. Nota de la Red Voltaire.