Seguridad: más atribuciones a militares y organismos de inteligencia

Apenas concluyó el pasado proceso electoral, el candidato triunfante Andrés Manuel López Obrador ordenó la realización de una serie de consultas para determinar la mejor manera de enfrentar el problema de la inseguridad. Se estableció un foro cerrado, con expertos en la materia, para hacer un diagnóstico de los principales problemas y de las capacidades y debilidades de las instituciones responsables.

Muchas de las conclusiones de este foro se están haciendo realidad en la política de seguridad del nuevo gobierno. Tres documentos de estas discusiones –a los que Contralínea tuvo acceso– revelan el desastre en que dejó Enrique Peña Nieto el sistema nacional de seguridad y también las políticas que aún no anuncia López Obrador pero que podrían aplicarse en los próximos meses.

Entre la herencia se destaca la falta de profesionalización y la corrupción de las fuerzas policiacas; la corrupción y la proclividad a violar derechos humanos entre las Fuerzas Armadas; la ausencia de un sistema de inteligencia civil, que fracasó en su afán de transformarse en un ente de información casi exclusivamente criminal; la superioridad de algunas organizaciones delincuenciales en materia de inteligencia y recursos tácticos frente a las fuerzas del Estado, y un triunfo “moral” de grupos del crimen organizado que lograron tener mayor legitimidad en algunas regiones que los cuerpos policiacos y militares.

Además, se advierte también del saqueo de Petróleos Mexicanos (Pemex) desde casi la totalidad de su red de ductos y de la “bomba de tiempo” que significa la Frontera Sur. En uno de los diagnósticos se señala que estos dos fenómenos no eran atendidos y ni siquiera quedaba claro entonces qué instituciones debían hacerse responsables. Se anunció en estos documentos elaborados el año pasado que la migración sería de manera masiva y no había ningún tipo de plan para atenderla.

Al frente de todos estos diálogos estuvo el hoy secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño. En el mismo mes de julio de 2018 ya se tenía el primer documento.

De entre lo que vendrá en las próximas semanas y meses es que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), creado en sustitución del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), contará con atribuciones, actividades y objetivos más allá de los que ya realizaba el Cisen.

Se busca reelaborar la agenda de seguridad nacional –con temas que ya había abandonado el Centro– para incorporar nuevas tareas al CNI adicionales a las meramente de inteligencia criminal.

Asimismo, se mantendrá un sistema de inteligencia con las aportaciones del propio CNI; la Fiscalía General de la República (FGR); las secretarías de Gobernación (Segob); de Relaciones Exteriores (SRE); de Defensa Nacional (Sedena); de Marina (Semar), y de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

También se recomendó generar una agencia de inteligencia propia de la Segob, pues el CNI quedó adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Con respecto de la desaparición o transformación del Cisen, se advierte que, más allá del cambio de nombre, no se puede realizar inmediatamente. Lo anterior porque para ello incluso se tiene que reformar la Ley de Seguridad Nacional y otras normativas, como se señala en uno de los documentos.

Otro de los memorándums señala que es necesario entender la seguridad nacional desde la perspectiva de las víctimas. Por ello, la respuesta debe ser integral.

Se propone la creación de un Programa Nacional de Prevención del Delito. Incluye fortalecimiento de la educación y la cultura cívica para evitar la violencia; la creación de empleos productivos que sustituyan a las actividades delincuenciales, y la promoción de la participación activa de las comunidades para reducir las conductas antisociales.

En una de las “tesis” de los documentos se establece que el problema de la seguridad pública sólo podrá solucionarse con una política integral cuyos resultados serán a mediano y largo plazo. E implica restructurar todo el sistema tanto en el ámbito de las leyes como en la práctica. Es necesario transformar la actual inteligencia, basada en la denuncia y el espionaje, por una que aproveche las capacidades tecnológicas actuales. Se trata de hacer un sistema nacional de inteligencia criminal.

Con respecto del narcotráfico, se establece una de las conclusiones de los documentos, no debe actuarse sólo contra sus expresiones; lo fundamental es actuar sobre la demanda, extranjera y nacional, el tráfico de armas y los flujos ilegales de capital.

También en materia criminal, se identifica a las cárceles como centros de operación del crimen. Para que los reclusorios dejen de ser una fuente de criminalidad, se debe atacar la sobrepoblación y poner énfasis en la capacitación y vigilancia de los custodios.

Se advierte en estos documentos que la Guardia Nacional –ya creada en las leyes mexicanas aunque aún en procesos legislativos para reglamentar su actuación– tenía un carácter más civil e, incluso, establecía que tendría que estar bajo el mando de un civil con trayectoria en la defensa de los derechos humanos. Como puede advertirse, se trató de uno de los cambios más evidentes entre las concepciones de seguridad del lopezobradorismo.

Lo que sí quedó en firme desde un principio fue que la nueva Fuerza se desplegaría por todo el territorio nacional de manera permanente, es decir, se cancela el enfoque de operativos especiales o “de alto impacto” por una presencia definitiva a través de 266 coordinaciones. Los documentos señalan que de esta manera se rompe el esquema, basado principalmente en la reacción, de los últimos 2 sexenios.

Inseguridad, más allá del “combate a la corrupción”

En entrevista con Contralínea, el doctor Guillermo Garduño Valero, especialista en seguridad nacional y Fuerzas Armadas, señala que el problema de la inseguridad que hoy vive México es probablemente el más acuciante desde la Revolución Mexicana. La llegada de López Obrador a la Presidencia de la República no ha detenido la tendencia al alza en los indicadores de violencia e, incluso, ha potenciado algunos de ellos.

“Son problemas tremendamente fuertes. Tenemos los 7 mil muertos en este periodo [primeros 4 meses de gobierno] que duplican los asesinatos que se cometieron en los mismos periodos de Felipe Calderón y Peña Nieto”, destaca el catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), doctor en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en América Latina por la Universidad de Pittsburgh.

Martín Gabriel Barrón Cruz, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), por su parte, atribuye este incremento a dos factores. Por un lado, la tendencia ascendente registrada desde el sexenio de Peña Nieto. Y, por el otro, a que siempre existe un reacomodo de las organizaciones criminales cuando hay cambios de gobierno, ya sean a nivel municipal, estatal o federal. Y este reacomodo es necesariamente violento, explica en entrevista con Contralínea.

“Obviamente hay una tendencia que viene de sexenios pasados. El asunto es que López Obrador decía que esta problemática casi se acababa nomás tomando posesión. Prácticamente, que se acababa la corrupción y, con ello, la violencia. Es un desconocimiento de la violencia. Y esta tendencia se agudiza cuando hay cambios de gobierno. Con los funcionarios que salían había acuerdos, alianzas, prácticas corruptas; y eso les permitía actuar. Cuando llega un nuevo gobierno, se tiene que reconstituir esa relación. En ese proceso de estabilización hay mayor violencia.”

Por separado, los investigadores especialistas en temas de seguridad coinciden en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República desde el 1 de diciembre pasado, modificó su plan de seguridad apenas ganó las elecciones de julio de 2018. El nuevo gobierno ha apostado por la militarización, como principal elemento, para combatir al crimen organizado.

“La estructura que está preparando para enfrentar los problemas de la seguridad está basada principalmente en la militarización, que finalmente quedó”, apunta Garduño Valero.

Hacia una nueva agenda de seguridad

El gran problema de la seguridad en México es el de la indefensión en la que se encuentran las personas, considera Guillermo Garduño. Autor de El Ejército Mexicano, entre la guerra y la política, señala que, en principio, debe diseñarse una organización civil que fiscalice al aparato policiaco y al militar.

Consultado sobre la cuáles serían los principales temas para reelaborar una agenda nacional de seguridad, el doctor Guillermo Garduño menciona en los primeros lugares a fenómenos asociados con el crimen organizado. El especialista y conferencista en el Colegio de la Defensa Nacional, el Centro de Estudios Superiores Navales y el extinto Cisen destaca como primer tema el narcotráfico, principal generador de enfrentamientos armados y asesinatos.

El segundo problema es el del tráfico humano que, a decir del investigador, “ya nos trae un problema con respecto del país más poderos del mundo”. Explica que esta actividad, a cargo de organizaciones criminales especializadas, generará problemas “extremadamente fuertes; no sólo lo del muro [en la Frontera con Estados Unidos]; lo del muro es apenas un elemento”.

Garduño Valero advierte que el territorio mexicano se está utilizando como “punto de salto” a Estados Unidos y no sólo por poblaciones provenientes de Centroamérica. “Vienen, por ejemplo, desde la India. Ya es un problema de alta seguridad nacional que aceleradamente sigue profundizándose”.

El tercer tema a atender es el de la trata de personas, mujeres principalmente. “Es un problema prioritario por el gran número de desaparición de mujeres y por la extensión mayor que cobra la prostitución de mujeres y hombres”, explica Garduño. Señala que mujeres están desapareciendo no sólo de los ámbitos rurales, sino también de los urbanos. Y el fenómeno se presenta en ciudades que anteriormente estaban libres de esos delitos.

Un cuarto tema es el secuestro “sin adjetivos: exprés o no exprés”. Explica que la comisión de este delito ahora deriva casi siempre en asesinatos. “Aunque se pague, lo secuestradores no devuelve a la persona con vida; y muchas veces ni siquiera aparece el cadáver”.

Un quinto fenómeno de atención urgente es el de la desaparición de personas. “Es tal la cantidad de desaparecidos que definitivamente debe cambiarse la ley”. Explica que actualmente la normatividad señala que deben empezarse a buscar a los no localizados después de las 72 horas que hayan desaparecido, “cuando las primeras horas son importantísimas para dar con el paradero” de quienes son víctimas de este delito.

Finalmente, el sexto el problema de atención prioritaria, a decir de Guillermo Garduño, es el asalto en sus distintas modalidades: las calles, bancos y carreteras. Explica que es tan extendido que incluso existe un mercado clandestino de mercancías robadas.

Incertidumbre

Para Garduño Valero, con la nueva administración continúa el abandono hacia los cuerpos policiacos, cuyos lastres son la falta de capacitación y la corrupción. No hay nada, hasta el momento, para fomentar la capacitación de policías para que realmente puedan auxiliar a la población, observa.

“Se sigue hablando de que habrá más más policías, más militares, tecnología; pero la sociedad está ausente. El hecho de no contar con mecanismos fiscalizadores de la actuación del aparato policiaco es lo que hace que se venga absolutamente todo abajo. En esto no estamos viendo cambios. Ni siquiera se habla de ello en el nuevo gobierno.”

Garduño Valero resalta que Andrés Manuel López Obrador “cambió totalmente su discurso”. Señala que como candidato dijo que el Ejército se iría a sus cuarteles. “Ya como presidente dice que este fenómeno solamente puede ser enfrentado por militares. ¿Qué lo hizo cambiar? Dijo que desaparecería al Cisen, pero qué es lo que tiene: hasta el momento sólo un cambio de nombre. Dijo que se desaparecería el Estado Mayor Presidencial. Pero ahora se tiene una policía militar para custodia”.

Lo más preocupante, a decir de Guillermo Garduño, es una suerte de soliloquio en materia tan importante como la de la seguridad, sea nacional, interior o pública. “No hay pluralidad en la discusión”. Considera que el Congreso no ha resultado facilitador de debates porque el partido dominante, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), se pliega acríticamente a los dictados del presidente.

Ni siquiera se discuten las responsabilidades de las anteriores administraciones que dejaron crecer los problemas. “¿Cómo llegamos a esto? Indudablemente hay responsabilidades y ni siquiera esa se quiere discutir”.

Martín Gabriel Barrón Cruz, autor de Gobernar con el miedo, critica, por su parte, que la Guardia Nacional sea una nueva Fuerza creada bajo los mismos principios que la Gendarmería y la Policía Federal, es decir, un cuerpo militar con “barniz” de civil.

La única diferencia es que ahora los militares sí tienen fundamento constitucional para hacerse cargo de la seguridad pública.

El especialista observa confusión incluso en los conceptos de seguridad. “Tenemos un problema cuando no hay claridad en los conceptos de seguridad nacional, interior y pública”. Explica que la función de los militares es atender la seguridad nacional, así como la defensa nacional. La Guardia Nacional, como estaba concebida antes de la reforma, era para la seguridad interior y debía estar a cargo de los gobernadores de los estados. Y la policía municipal era la que debería encargarse de la seguridad pública. “Y ahora resulta que los militares hacen seguridad nacional, interior y pública”.

Estos vacíos teóricos y definición han ido ganando espacio, considera. Pareciera que a los encargados de la seguridad de este gobierno no les interesa clarificar objetivos y estructuras utilizadas para alcanzarlos. Todo se reduce, como en los sexenios anteriores, a militarizar todos los aspectos de la seguridad.

“Las Fuerzas Armadas tendrán mayor participación, porque son militares disfrazados de Guardia Nacional. No veo la novedad.”