Todos somos Reforma

En México el derecho a saber está en riesgo: en aras de una supuesta “transparencia”, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha solicitado al diario Reforma revelar sus fuentes de información.

El tema no es menor por las violaciones que esa petición implica: vulnera un derecho humano –el de la información–, dos artículos constitucionales –sexto y séptimo–, dos legislaciones secundarias –Código Federal de Procedimientos Penales y Código Penal Federal– y una ley local –la Constitución de la Ciudad de México–; además, abre la puerta a una nueva andanada contra la prensa y, sobre todo, amedrenta a los informantes que se atreven a denunciar actos irregulares y hechos de corrupción armados desde la esfera del poder político.

El valor de los confidentes es que aportan información de interés público, que alguien desde alguna posición de poder (institucional o fáctica) busca impedir que se dé a conocer. Es decir, contribuyen a la transparencia que tanto alega el presidente, a la vida democrática y, sobre todo, al ejercicio del derecho humano a saber.

En esta discusión –que hace tiempo había sido superada en el país– hay que entender que el de la información es un derecho llave: con la información, las personas tienen suficientes herramientas para exigir y ejercer otros derechos humanos, como los de salud, educación, justicia, acceso al agua [https://bit.ly/2uXnPOV].

Según el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, todo individuo tiene derecho a investigar y recibir informaciones y opiniones, y de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Derivado del derecho internacional, el secreto profesional del periodista está garantizado en las democracias –incluido el sistema legal mexicano, que lo establece en los códigos Federal de Procedimientos Penales y Penal Federal, y en la Constitución capitalina– para que ninguna autoridad le pida al periodista o al medio revelar sus fuentes. Es claro que la presión del poder hacia la prensa para conocer la identidad de los informantes es propia sólo de los regímenes autoritarios.

En el ámbito ético, el pacto con la fuente para mantener reservada su identidad es una excepción, no una regla, y se da cuando su vida, su integridad o su trabajo corren peligro. O, ¿para qué quiere el presidente conocer las fuentes de Reforma?, ¿para premiarlas?

El tema es aún más grave por quién hace la petición, que no es cualquier persona: es el hombre con más poder en el país. Y eso debe preocupar no sólo a Reforma o al gremio periodístico, sino a toda la sociedad, porque este tipo de presiones limitan el flujo de información –las fuentes prefieren ya no filtrar por miedo a represalias– y en consecuencia vulneran el derecho humano a saber.

Un régimen que pide a los periodistas revelar sus fuentes se encamina a un escenario de impunidad generalizada, donde es imposible acceder a informaciones de alto interés social que van desde las violaciones graves a los derechos humanos hasta los abusos de poder y casos de corrupción. En ese escenario, los periodistas se vuelven sólo voceros del poder en un círculo vicioso que a nadie sirve.

Si en verdad López Obrador estuviera luchando por la transparencia y la rendición de cuentas aplaudiría que la prensa haga su trabajo, en vez de estarla constantemente denostando y, ahora, hasta pidiéndole violar sus principios éticos para revelar sus fuentes.

En más de una ocasión ha quedado claro que el mandatario desconoce la función de los reporteros, que es informar los temas de interés público a través de todas las herramientas a su alcance y de todas las fuentes posibles, incluidas las confidenciales.

Así que, señor presidente López Obrador, todos somos Reforma y defenderemos hasta con la vida el secreto profesional.