Una docena de países enviaron altos funcionarios a Estocolmo para una reunión realizada el 3 de ‎junio de 2019. Bajo la presidencia del ministro sueco del Interior, Mikael Damberg (ver foto), esos ‎funcionarios evaluaron la posibilidad de crear un tribunal internacional para juzgar los crímenes del ‎Emirato Islámico (Daesh). ‎

Hace varias semanas, Francia, Holanda y el Reino Unido expresaron interés por la aplicación de ‎una fórmula inspirada en el Tribunal Especial para Ruanda. ‎

En Estocolmo se mencionaron numerosos problemas:‎
– Carácter oportuno: Juzgar sólo los crímenes de Daesh equivaldría a disculpar los demás crímenes ‎cometidos en el Levante.
– Factibilidad: La creación de ese tipo de tribunal exigiría el consentimiento de Irak y de Siria. Pero ‎la Constitución iraquí lo prohíbe y Siria –cuya autoridad numerosos participantes no quieren ‎reconocer– estima que es capaz de juzgar por sí misma los crímenes perpetrados en su territorio, ‎lo cual ya hace actualmente.
– Costo: Un tribunal internacional costaría como mínimo varios cientos de millones de dólares. ‎Por ejemplo, Irak está reclamando actualmente a la comunidad internacional 2 000 millones de ‎dólares por juzgar a los yihadistas ya detenidos en su suelo.
– Limitación de competencias: Al menos 17 países –entre ellos varios de los países representados ‎en la reunión de Estocolmo– entregaron armamento a Daesh, mientras que otros permitieron ‎crímenes como el genocidio perpetrado contra los kurdos yazidíes, a pesar de que tenían militares ‎presentes en el terreno. ‎

Según un participante en la reunión de Estocolmo, varios países representados en el encuentro ‎sólo quieren dilatar la discusión de manera que nunca lleguen adoptarse decisiones concretas. ‎

Ya en este momento son visibles los increíbles obstáculos creados para la repatriación de los hijos ‎de los yihadistas europeos. Suecia y Noruega lograron llegar a un acuerdo con «Rojava», un ‎Estado kurdo que esos países ni siquiera reconocen. Mientras tanto, otros dos países están ‎tratando el tema directamente –pero en secreto– con el gobierno de la República Árabe Siria, ‎al que sin embargo atribuyen todo tipo de crímenes. Todos los demás Estados simplemente han ‎abandonado a los hijos de sus ciudadanos implicados en el terrorismo yihadista. ‎