Hace cinco años, el 17 de julio de 2014, en el espacio sobre la parte este de Ucrania se produjo el siniestro del avión de pasajeros Boeing perteneciente a Malasia Airlines que realizaba el vuelo МН17 entre Ámsterdam y Kuala Lumpur. En aquel siniestro murieron 298 personas.

Lamentablemente, aquella tragedia se convirtió en instrumento de un sucio juego político. Desde el primer momento, como si cumpliendo una orden, los medios y luego políticos occidentales procedieron a acusar a Rusia y sus dirigentes de la muerte de personas inocentes. Todas las versiones de ambas investigaciones iniciadas en relación con el accidente –la técnica, llamada a establecer las causas de la caída del Boeing, y la penal que tenía por objetivo establecer a los culpables concretos de lo ocurrido– se escogían exclusivamente para fundamentar las acusaciones de que Rusia estaba implicada en el accidente. Todos los datos obtenidos se interpretaban exclusivamente a través de un prisma acusatorio y los que no se enmarcaban en la versión inicial, se desechaban o se rechazaban bajo pretextos inventados. A Rusia se la acusa también de no cooperar en el debido volumen con los miembros de los equipos de instrucción, de ponerles trabas.

Todos sabemos que no es así. De conformidad con la Resolución 2166 del Consejo de Seguridad de la ONU, la parte rusa siempre prestaba y seguirá prestando asistencia para descubrir la verdad y exigir la responsabilidad a los culpables verdaderos y no a los previamente indicados.

Aunque a Rusia no la invitaron a participar en la investigación, nuestro país desde el primer día de la tragedia cooperó con los Países Bajos, con el Consejo neerlandés para la seguridad, con el Grupo de Investigación Conjunto (GIC), facilitando toda la información disponible sobre el siniestro del vuelo МН17. Remitimos los resultados del experimento realizado al natural por el consorcio Almaz-Antei, los datos iniciales registrados por radares que descartaban la posibilidad del lanzamiento de misil desde la zona en la que insistía la investigación técnica de las causas del siniestro, y ahora también insiste en ello el GIC; por primera vez en la historia desclasificamos, a solicitud de los instructores, las características de los misiles antiaéreos Buk, demostramos que pertenecía a Ucrania el misil que, según el GIC, había derribado el avión, aportamos muchas otras cosas. Muy a pesar nuestro, todos estos datos únicos son obstinadamente ignorados en el marco de los procedimientos de investigación y son simplemente silenciados durante en las actividades informativas del GIC que cada vez más semejan espectáculos políticos y propagandísticos.

Las pruebas se basan en unas fuentes de información muy dudosas: redes sociales, fotos y vídeos de baja calidad, datos, carentes de argumentos, facilitados por los servicios secretos de Ucrania, investigaciones llevadas a cabo por unos blogueros supuestamente independientes. No es de sorprender que, así las cosas, el GIC no se haya decidido a permitir de inmediato la participación de Malasia en la investigación. Según se desprende de las recientes declaraciones hechas por los cargos oficiales de este país y los comentarios de expertos, Malasia no se apresura a sacar conclusiones acusatorias. Provoca extrañeza asimismo la prohibición de publicar cualesquiera informaciones sin la aprobación de todos los miembros del GIC, incluyendo Ucrania.

Esto explica perfectamente la ausencia de cualesquiera versiones alternativas de lo ocurrido, así como el hecho de que, transcurridos 5 años, no se hayan logrado avances evidentes, a pesar del optimismo expresado en una reciente rueda de prensa del GIC.

Al propio tiempo, no se presentaron acusaciones contra Ucrania por no haber declarado zona de exclusión su espacio aéreo sobre la zona del conflicto armado. Esta circunstancia ya motivó la presentación de demandas contra Ucrania ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Pese a una actitud preconcebida hacia Rusia, nuestro país se mantiene dispuesto a cooperar. Estamos convencidos de que el camino a la verdad pasa únicamente por el diálogo y la cooperación.

Quisiéramos recalcar que si la investigación compartiera estos criterios, oportunamente prestara oído a nuestras críticas y tomara plenamente en consideración todas nuestras sugerencias, la calidad de la investigación tanto técnica como de la penas se podría mejorar notablemente.

Rusia sabe por su propia experiencia cuán duro es sufrir tales pérdidas, nuestros ciudadanos varias veces cayeron víctimas de los siniestros aéreos. Nos acordamos perfectamente de la tragedia sobre el Mar Negro acaecida en 2001, cuando militares ucranianos derribaron con un misil tierra-aire un avión comercial de la compañía aérea Sibir.

Por muy lamentable que suene, las autoridades neerlandesas con cada vez mayor frecuencia abusan de los sentimientos y el dolor de las personas cuyos parientes perecieron en el vuelo МН17 e, invocando los principios de justicia y castigo a los culpables, utilizan sus asociaciones como una especie de ariete para imponer a la opinión pública mundial las tesis sobre la implicación de Rusia y la necesidad de obligar justamente a nuestro país a pagar las correspondientes indemnizaciones.

Estamos convencidos de que una investigación realmente despolitizada y profesional permitirá establecer definitivamente la causa de lo ocurrido y descubrir la verdad.

Instamos al Grupo de Investigación Conjunto a centrarse en su misión principal: analizar imparcialmente todos los datos que obran en su poder para establecer las verdaderas causas de lo ocurrido y encontrar a los auténticos culpables de aquella tragedia. La manera de llevar a cabo la investigación no nos permite hablar de su imparcialidad e independencia. La calidad de las así llamadas “pruebas” presentadas durante ruedas de prensa convocadas por el GIC más bien evidencia todo lo contrario: el empeño en desvirtuar los hechos. De llamar las cosas por su nombre, en inventar infundios y falsedades ajustándolos a la versión inicial que culpa a Rusia.