El 11 de julio, Estados Unidos sancionó a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (conocida como DGCIM), alineada con Maduro, por operar en el sector de defensa y seguridad de Venezuela, conforme a la Orden Ejecutiva (Executive Order, E.O.) 13850, con sus modificaciones.

La DGCIM ha estado implicada en una variedad de violaciones y abusos de los derechos humanos, más recientemente en el informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) del 5 de julio, así como en informes anteriores de la Organización de los Estados Americanos y Human Rights Watch, entre otras organizaciones. Entre los abusos informados se incluyen intimidación, detención arbitraria, torturas, confesiones forzadas y métodos cruentos para provocar daños a los detenidas.

Estados Unidos adopta esta medida con el fin de que los funcionarios alineados con Maduro enfrenten costos por estos abusos, en particular por sus acciones recientes que tuvieron como desenlace el asesinato del capitán de la Armada venezolana Rafael Acosta. Las desgarradoras súplicas y los signos visibles de tortura que presentaba el capitán Acosta durante una audiencia pública, y su posterior fallecimiento el 29 de junio, no dejaron dudas sobre la magnitud de los perversos ataques perpetrados por la DGCIM contra militares.

Estados Unidos seguirá tomando medidas que contribuyan a la liberación del pueblo venezolano de la represión de Maduro y sus fuerzas de seguridad, y hasta que la población pueda vivir nuevamente en democracia.