El ministro de Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, había anunciado el 22 de julio de 2019 la ‎suspensión del acuerdo sobre los migrantes que se había concluido entre su país y la Unión ‎Europea [1].‎

Durante el mes de agosto, el dispositivo europeo de vigilancia de las fronteras exteriores de la ‎Unión Europea (Frontex) comprobó un aumento significativo del número de refugiados que llega ‎a Grecia desde Turquía. En el centro de recepción de Moria, con capacidad para 7 500 personas, ‎hay actualmente 15 000 y desde el inicio de septiembre, 13 embarcaciones han dejado ‎‎530 migrantes en la isla griega de Lesbos. ‎

El 5 de septiembre, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan dijo, en un discurso pronunciado ‎en Ankara, que la Unión Europea no ha completado el monto de la ayuda financiera que se había ‎comprometido a aportar a Turquía para enfrentar las necesidades de los refugiados en ese país, ‎declaración que la UE desmentió. Los desembolsos de 1 000 millones de dólares cada 6 meses a ‎Turquía no figuran en el presupuesto de la Unión Europea, lo cual hace imposible saber ‎quién paga y comprobar si paga o no. ‎

Según Turquía, los millones de refugiados afganos, iraquíes y sirios representan un gasto anual de ‎‎4 millones de dólares. Por supuesto, esa cifra no tiene en cuenta los ingresos que esas ‎personas reportan a la industria turca, donde trabajan por salarios ínfimos. ‎

En realidad, Turquía utiliza las contribuciones de la Unión Europea para financiar la guerra ‎contra Siria y la reaparición del tema de los refugiados debe interpretarse como una forma de ‎presión de Ankara sobre la UE en momentos en que parece a punto de concretarse un acuerdo ‎regional alrededor de teatro de operaciones sirio. ‎