Líbano: los entretelones de la ‎crisis bancaria del siglo

La Banque du Liban, nombre oficial del banco central libanés, autorizó nuevamente los bancos ‎privados a aceptar extracciones ilimitadas de libras libaneses pero mantiene la prohibición sobre ‎las extracciones de dólares. ‎

A la luz del derecho, este control del cambio es ilegal ya que no ha sido avalado por el ‎parlamento. Varias grandes empresas ya están llevando el asunto ante los tribunales. ‎Las importaciones de productos como el trigo, el petróleo y los medicamentos están paralizadas ‎mientras que numerosos sectores están en recesión. ‎

La deuda pública libanesa se eleva al 154% del PIB. En solo 3 meses, la libra libanesa se desplomó a la mitad de su valor anterior arrastrando en su caída la libra siria, ya afectada durante ‎la guerra por las falsificaciones provenientes de Arabia Saudita y de Qatar. ‎

‎

Las causas de la crisis

‎

A causa de esta crisis financiera, el parlamento libanés adoptó una nueva tasa, que provocó las ‎manifestaciones que han venido paralizando el país desde el 17 de octubre de 2019. Todo parece ‎indicar que esa crisis se origina en una estafa de proporciones colosales orquestada por los ‎dirigentes políticos del país a través del banco central. ‎

En este punto se hace necesario recurrir a la historia del Líbano. ‎

La realidad es que, desde su fundación, durante la Segunda Guerra Mundial, el Líbano no ha sido ‎nunca un Estado independiente. Francia instauró en Líbano un sistema confesional que le permitió ‎a París conservar su influencia después de la descolonización, privando a los libaneses de una vida ‎política propiamente nacional. El intento del secretario de Estado Henry Kissinger de arreglar el ‎problema israelí convirtiendo el Líbano en patria de los árabes palestinos fracasó y condujo a una ‎guerra civil que duró de 1975 a 1989. La paz saudita impuesta por los acuerdos de Taif, en 1989, ‎restauró el régimen confesional y extendió las cuotas de representación de cada comunidad a ‎todos los empleos públicos. La comunidad internacional validó la presencia militar siria ‎en Líbano, desde 1989 hasta 2005, pero los problemas del país no fueron resueltos. ‎

El ex primer ministro Rafic Hariri dirigió el gobierno en dos ocasiones –desde 1992 hasta 1998 y ‎desde el año 2000 hasta 2004–, saqueó el país espoliando a 55 000 familias y utilizó el tesoro ‎nacional como su fortuna personal –al final de su vida, Rafic Hariri se había echado en ‎el bolsillo 16 000 millones de dólares. En virtud de los acuerdos de Taif, Rafic Hariri, como ‎representante de la familia real de Arabia Saudita, estaba bajo la protección de la fuerza de paz ‎siria, desplegada en Líbano para poner fin a la guerra civil. Cuando fue asesinado, se descubrió ‎que Hariri había comprado a las dos personalidades sirias encargadas de supervisar el ‎mantenimiento de la paz en Líbano: el jefe de los servicios de inteligencia Ghazi Kanaan y el ‎vicepresidente sirio Abdel Halim Khaddam. Ghazi Kanaan se suicidó y el vicepresidente Abdel ‎Halim Khaddam huyó a Francia, donde se alió a la Hermandad Musulmana y se dedicó a preparar ‎el derrocamiento del presidente sirio Bachar al-Assad.‎

En 2005, la fuerza de paz siria se retiró bruscamente a pedido de la población, que la veía como ‎un recuerdo de los crímenes que los propios libaneses habían cometido durante la guerra civil y ‎le achacaban erróneamente el asesinato del ex primer ministro Rafic Hariri. De 2006 a 2014, ‎o sea durante el periodo de vacío del poder y la posterior presidencia de Michel Sleimane –‎protegido principalmente por Qatar y en segundo lugar por Francia–, los dirigentes políticos ‎libaneses no establecieron ningún registro contable. Líbano y Arabia Saudita fueron los ‎dos únicos países del mundo que no contaban con un presupuesto oficial. Hoy en día es ‎materialmente imposible determinar qué impuestos se cobraron, qué ayudas internacionales ‎llegaron al Líbano ni cuánto gastó el país. ‎

Durante todo este tiempo, el director del banco central, Riad Salamé, instauró un Esquema Ponzy ‎‎(un sistema piramidal) comparable al de Bernard Madoff, pero en beneficio personal de los ‎dirigentes políticos. Los depósitos en dólares percibían intereses dos veces más elevados que en ‎otros países, pero esos intereses se pagaban con el dinero de los depósitos que hacían los nuevos ‎clientes. Con el visto bueno de Estados Unidos, los bancos privados aceptaron “lavar” el dinero ‎sucio de los cárteles sudamericanos de la droga mientras que un banco estadounidense ‎compraba un tercio del capital de los principales bancos libaneses. Cuando un gran cliente retiró ‎su dinero todo el sistema se tambaleó. Pero los dirigentes políticos tuvieron tiempo de ‎transferir su botín al extranjero antes del derrumbe total. Por ejemplo, en octubre de este año ‎‎2019, el ex primer ministro Fouad Siniora rompió todos los records al sustraer entre 6 000 y ‎‎8 000 millones de dólares indebidamente adquiridos. ‎

Ante la envergadura del desastre, el jefe del gobierno interino, Saad Hariri –legalmente hijo de ‎Rafic Hariri– solicitó a la Unión Europea que adelantara al Líbano la entrega de 1 000 millones de ‎dólares. Después, escribió a Arabia Saudita, China, Egipto, Estados Unidos, Francia, Italia, Rusia ‎y Turquía solicitándoles que aceptaran el papel de garantes de las sumas no pagadas para poder ‎importar productos de primera necesidad, comprometiéndose a devolver ese dinero en cuanto ‎se levante el control del cambio. En respuesta, los principales países comprometidos en el ‎salvataje de la economía libanesa se reunieron el 11 de diciembre en París. En la mañana de ‎ese día analizaron a puertas cerradas el interés político que podía tener para ellos salvar el ‎Líbano o dejarlo hundirse. Durante la tarde recibieron una delegación libanesa y establecieron ‎como condición previa a cualquier ayuda la formación de un nuevo gobierno prooccidental y la ‎imposición de un control eficaz del uso de todo nuevo fondo. ‎

En rechazo a un nuevo tutelaje extranjero sobre el país, peticiones libanesas fueron enviadas a los ‎donantes extranjeros para convencerlos de no entregar fondos al banco central mientras no se ‎haya determinado con precisión el origen de la crisis. ‎

El presidente del gobierno, el sunnita Saad Hariri, se dirigió entonces al Fondo Monetario ‎Internacional (FMI) y al Banco Mundial, pero ambas instituciones pusieron inmediatamente ‎en duda la veracidad del balance presentado por el banco central libanés y la honestidad de su ‎director, Riad Salamé, quien hasta ese momento había sido considerado un banquero ejemplar. ‎

Este recuento histórico muestra que el Hezbollah no es responsable de la crisis, aunque la prensa ‎occidental afirme lo contrario. También es importante señalar que, aunque el Hezbollah cobra el ‎‎zakat (una donación musulmana) a los traficantes de droga del valle de la Bekaa y a la diáspora ‎chiita en Latinoamérica, ese movimiento siempre ha sido contrario a los cultivos destinados a la ‎producción de droga. Cuando llegó al gobierno, el Hezbollah propuso e instauró programas de ‎ayuda social para que los agricultores tuviesen la posibilidad de dedicarse a otros tipos de cultivos. ‎También hay que subrayar que la mayor parte del dinero sucio libanés no proviene de cultivos locales ‎dedicados a la producción de droga sino del lavado de los ingresos de los cárteles sudamericanos y ‎que ese lavado de dinero de la droga proveniente de Sudamérica fue instituido… por ‎Estados Unidos y que quienes se enriquecían con él eran los banqueros libaneses, principalmente ‎cristianos y sunnitas. ‎

Este recordatorio pone de relieve la aparente estabilidad que había vivido el Líbano desde la ‎elección del actual presidente de la República, el cristiano Michel Aoun. Anteriormente –de 2005 ‎a 2016–, el Líbano nunca había logrado cubrir simultáneamente los tres cargos fundamentales ‎del país: la presidencia de la República (reservada a un cristiano), la presidencia del gobierno ‎‎(reservada a un musulmán sunnita) y la presidencia del parlamente unicameral y del Consejo ‎Constitucional (reservada a un musulmán chiita). ‎

‎

Impacto de la crisis

‎

Las medidas de control de cambio, destinadas a detener la fuga de capitales, han provocado el ‎derrumbe de la economía. En los 3 últimos meses, al menos un 10% de las empresas libanesas se ‎han declarado en quiebra y la mayoría de las demás han tenido que reducir sus horarios de trabajo ‎para disminuir sus gastos en salarios sin tener que recurrir a los despidos. Las fundaciones ‎caritativas están entre las instituciones más afectadas, de manera que todo el sector de ayuda a ‎la población más desfavorecida está en crisis. Por su parte, los trabajadores extranjeros, ‎sobre todo los domésticos provenientes de Asia –pagados en libras libaneses– han perdido la ‎mitad del dinero que antes enviaban a sus familias en sus países, miles de ellos ya han abandonado ‎el Líbano. ‎

Todos han notado el alto nivel de coordinación de las manifestaciones iniciadas el 17 de octubre. ‎Los agitadores están permanentemente en contacto telefónico con un misterioso “cuartel ‎general”. Los eslóganes son exactamente los mismos en todo el país y en todas las ‎comunidades, lo cual ofrece a los manifestantes una ilusoria sensación de que han acabado con el ‎sistema confesional. El hecho que la Corriente Patriótica Libre (CPL), haya sido designada como ‎blanco principal del movimiento hace pensar que el movimiento de protesta apunta contra el líder de ese partido, el presidente de la República, Michel Aoun. ‎

Estados Unidos mantiene una posición ambigua. Por un lado, la USAID suspendió la entrega al ‎ejército libanés de una subvención de 115 millones de dólares destinada a la compra de ‎equipamiento militar, pero el secretario de Estado Mike Pompeo finalmente desbloqueó esa suma. ‎El ex embajador de Estados Unidos en Líbano, Jeffrey Feltman, se presentó ante el Congreso ‎para declarar verbalmente lo que había escrito, que todo «americano» tiene la obligación de ‎luchar contra la alianza conformada por Irán, el Hezbollah y la Corriente Patriótica Libre y la ‎Casa Blanca. ‎

Una propuesta para nombrar presidente del gobierno al hombre de negocios Samir Khatib recibió ‎el rechazo del gran muftí. En Líbano, el presidente de la República (cristiano) tiene que contar ‎con el aval del patriarca de los cristianos maronitas, el presidente del gobierno (sunnita) debe ‎obtener el apoyo del gran muftí y el presidente del parlamento (chiita) tiene que contar con el ‎respaldo de los mollahs. Después de obtener el visto de sus respectivas comunidades religiosas, las ‎nominaciones a esos cargos se someten a la confirmación del parlamento unicameral. ‎Por su parte, las falanges maronitas (Kataeb) propusieron al diplomático y magistrado Nawaf ‎Salam como nuevo presidente de la República. En todo caso, el muftí es favorable a una nueva ‎designación del aún presidente del gobierno Saad Hariri, pero a la cabeza de un gobierno de ‎tecnócratas que serían designados por “los tres presidentes”. ‎

Acusada de malversación, alegación que ha desmentido, la Corriente Patriótica Libre, el partido ‎del presidente de la República, ya anunció que no participará en el próximo gobierno, decisión ‎que toma para evitar que le atribuyan –bajo la acusación de tratar de encubrir desvíos de ‎fondos– los problemas que inevitablemente comenzarán a aparecer. ‎

Los enfrentamientos registrados en Beirut el 14 de diciembre ilustran la confusión que caracteriza ‎toda esta agitación. Ese día, al iniciarse la tarde, jóvenes chiitas de los movimientos Hezbollah y ‎Amal agredieron varios grupos vinculados al multimillonario estadounidenses George Soros que ‎habían instalado tiendas de campaña en el centro de la capital. Un poco después, otros jóvenes, ‎miembros de los grupos anteriormente atacados, trataban de invadir la sede del parlamento para ‎proclamar allí «la revolución de color», como ya ha sucedido hace años en Serbia, en Georgia y ‎en otros países. El centenar de personas heridas –incluyendo a varios agentes de las fuerzas del ‎orden– trae a la memoria de los libaneses el angustioso recuerdo de los años de guerra civil. ‎El hecho que la prensa hable tanto de los heridos libaneses, sin decir nada sobre los muertos en ‎Palestina, dice mucho sobre el verdadero nivel de violencia. ‎

‎

¿Cómo salir de la crisis?

‎

Aunque las exigencias de los manifestantes sugieren lo contrario, el hecho es que no hay ‎políticos libaneses limpios. El sistema no lo permite. Como mínimo, todo político libanés ‎ha robado en algún momento, en el mejor de los casos para ayudar a su comunidad, en el peor ‎en aras de su enriquecimiento personal. El Líbano es uno de los pocos países del mundo donde ‎aparecen multimillonarios de un día para otro sin que nadie sepa de dónde vienen sus fortunas. ‎Por consiguiente, no es posible apartar a todos los políticos y la mejor opción es apoyarse en los ‎que robaron para ayudar a su comunidad, estimulándolos a que trabajen para toda la Nación, y ‎meter en la cárcel a los que roban para enriquecerse. ‎

Los problemas del Líbano son directamente imputables a los propios libaneses que han venido ‎aceptando, desde hace 76 años, un sistema constitucional incomprensible y que han preferido ‎luchar por sus comunidades respectivas, en vez de luchar por el país en general. Los libaneses ‎siguen sin haber resuelto el trauma de la guerra civil y siguen viendo a los “señores de la guerra” ‎tradicionales como únicos garantes de la seguridad de su comunidad frente a la eventual agresión ‎de las demás comunidades. ‎

Los problemas del Líbano sólo pueden resolverse con un cambio de Constitución y con la adopción ‎de un sistema verdaderamente democrático, lo cual implicaría que todos los libaneses –dejando ‎de lado las diferencias confesionales– reconocieran a la personalidad más legítima para dirigir ‎el país… sin importar su creencia religiosa. Dado el papel determinante que ya ha sabido ‎desempeñar dirigiendo la resistencia libanesa frente al invasor israelí, ese reconocimiento tendría ‎que ir indudablemente al líder del Hezbollah, Hassan Nasrallah, si los libaneses son capaces de ‎confiar en que no los traicione en beneficio de los iraníes. ‎

Por el momento, es imposible cambiar la Constitución libanesa. Los actuales parlamentarios, que ‎serían masivamente expulsados de la escena política, están demasiado interesados en conservar ‎sus escaños y no se atreverán a realizar ese cambio. Un referéndum tampoco sería la solución ‎ya que la corrupción está profundamente enraizada en la sociedad libanesa, incluyendo a los ‎electores –un 45% de ellos confiesa haber recibido propuestas para comprar su voto. En el ‎Líbano, los partidos políticos también son de carácter confesional y no son portadores de ‎aspiraciones nacionales sino simples defensores de sus comunidades respectivas, en cuyo seno ‎distribuyen prebendas. ‎

La única posibilidad consiste en tratar de avanzar poco a poco, creando una administración fuerte ‎y por consiguiente apartando de inmediato a los personajes más corruptos, como había ‎propuesto el presidente del gobierno, Saad Hariri, antes de que los manifestantes acabaran ‎negándole la posibilidad de intentarlo. Después, habría que apartar a los “señores de la guerra” ‎surgidos de la guerra civil, si no demuestran antes que pueden ser realmente útiles al país. ‎