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Tengo el honor de dirigirme a usted para tener la oportunidad de denunciar el mayor robo de la historia moderna de la República Bolivariana de Venezuela, que ha sido perpetrado, hasta la fecha con total impunidad, por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en mitad de la peor pandemia que ha enfrentado la humanidad en los últimos 100 años.

Durante más de 20 años, la República Bolivariana de Venezuela ha mantenido parte de sus reservas de oro en depósito en el Banco de Inglaterra, como garantía de pago de las promesas contraídas con depositantes y poseedores de billetes, así como reserva de valor y para apoyar el valor de nuestra moneda nacional. No obstante, en 2011, tras el saqueo de las reservas de oro libias depositadas en esa misma institución financiera británica, el Gobierno de Venezuela decidió repatriar una gran parte del oro que tenía en depósito en el Banco de Inglaterra. Solo una pequeña parte de esas reservas de oro, que en la actualidad asciende a más de 1 000 millones de dólares y que pertenece al pueblo venezolano, permaneció bajo la custodia del Banco de Inglaterra, con el único objetivo de que se pudieran realizar las operaciones financieras internacionales de Venezuela.

Ahora bien, como ya denunciamos ante el Consejo de Seguridad (véanse S/2019/117, S/PV.8476, S/PV.8506 y S/2020/337), desde comienzos de 2019, el Banco de Inglaterra ha robado en la práctica más de 1 000 millones de dólares de Venezuela, dado que se ha negado en repetidas ocasiones a cumplir las instrucciones que le ha dado el Banco Central de Venezuela, titular de la cuenta y propietario de las reservas de oro depositadas en esa institución financiera de liquidar parte de esos recursos, a fin de utilizarlos para adquirir productos y servicios básicos para asegurar el bienestar del pueblo venezolano, incluidos alimentos, medicinas y otros suministros esenciales.

El Banco de Inglaterra ha indicado por escrito que, teniendo en cuenta la decisión del Gobierno de Londres de no reconocer al Presidente Nicolás Maduro Moros como Jefe de Estado y de Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y después de celebrar consultas con el Secretario de Estado de Relaciones Exteriores del Reino Unido, ha decidido, de forma unilateral e ilegal, no reconocer la autoridad del Sr. Calixto Ortega Sánchez, Presidente del Banco Central de Venezuela.

Al hacerlo, el Banco de Inglaterra no solo ha incumplido la inviolabilidad de los contratos y el derecho internacional consuetudinario relativo a la inmunidad de ejecución de las reservas internacionales y los activos de los bancos centrales extranjeros, sino que también ha demostrado que no es una institución financiera neutral ni transparente y mucho menos independiente o fiable, por lo que ha destruido toda credibilidad que pudiera tener en relación con la gestión de los recursos de los países depositarios.

Así pues, la experiencia venezolana servirá como nueva advertencia para todas las naciones que aún mantengan recursos bajo la custodia del Banco de Inglaterra, dado que, al parecer, en un momento dado este podría simplemente exceder su función de depositario de reservas internacionales y, en lugar de desempeñar esa función, negarse a cumplir las instrucciones de los bancos centrales nacionales, no reconocer la autoridad de los Gobiernos nacionales o los titulares de las cuentas y, en consecuencia, proceder a saquear los fondos depositados en sus cámaras.

A lo largo de 2020, el mundo entero se ha enfrentado a la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y a sus múltiples y devastadores efectos. En nuestro caso, las repercusiones de esta emergencia mundial se ven agravadas como consecuencia de la aplicación de una política criminal de asfixia económica y de la máxima crueldad calculada. El Secretario General de las Naciones Unidas, consciente de esta realidad y de la importante repercusión que probablemente tendrá la pandemia en una nación ya desgarrada por el efecto pernicioso de las medidas coercitivas unilaterales, junto con el hecho de que la economía venezolana ya se encontraba en una profunda recesión, caracterizada por una elevada hiperinflación, desde al menos 2014 (es decir, desde incluso antes de que se impusieran las supuestas “sanciones”), incluyó a nuestro país en el Plan Mundial de Respuesta Humanitaria a la COVID-19.

El bloqueo económico, comercial y financiero que le ha sido impuesto a Venezuela obstaculiza, entre otras cosas, su acceso regular al sistema financiero internacional, al libre comercio y a las necesidades básicas para asegurar tanto el bienestar como el derecho a la vida, la salud, la alimentación y el desarrollo de nuestro pueblo. En consecuencia, hasta la fecha, a nuestro Gobierno nacional le ha resultado casi imposible recibir asistencia en forma de equipamiento médico y adquirir medicamentos, equipo de protección personal, vacunas y otros suministros que son esenciales en la lucha mundial contra la COVID-19. Debido a ello, la aplicación ilegal de “sanciones” en plena pandemia, sin duda, socava nuestras iniciativas nacionales y disminuye las perspectivas de vencer a la COVID-19 en nuestro país, lo cual, en el mundo interconectado en que vivimos, no hace sino aumentar el riesgo de todas las personas.

En relación con lo anterior, deseo comunicarle que, desde abril de 2020, el Banco Central de Venezuela ha mantenido conversaciones con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que ha accedido a recibir fondos destinados a adquirir precisamente los suministros, el equipo y otros tipos de asistencia humanitaria y médica necesarios para luchar contra la pandemia de COVID-19. El Banco de Inglaterra fue notificado de ello y se le indicó que liquidara parte de las reservas de oro, desembolsara los fondos que obtuviera en la venta y los transfiriera al PNUD. Sin embargo, una vez más, el Banco de Inglaterra denegó el acceso a las reservas de oro venezolanas en depósito en esa institución financiera y se negó a cumplir las instrucciones que le había dado el titular legítimo de la cuenta (el Banco Central de Venezuela), con lo cual se interpuso una demanda judicial el 14 de mayo de 2020.

En vista de lo anterior, que se ve agravado porque se está sacando provecho de una pandemia que en la actualidad afecta a toda la humanidad, han quedado muy claras 3 cosas:
a) que el Banco de Inglaterra es, en la práctica, un brazo ejecutor de la política colonial de saqueo y pillaje del Gobierno británico;
b) que el Reino Unido está perpetrando abiertamente un acto de exterminio, que constituye un crimen de lesa humanidad según lo dispuesto en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, dado que está imponiendo intencionalmente “condiciones de vida, entre otras, la privación del acceso a alimentos o medicinas, entre otras, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población”; y
c) que al Gobierno de Londres no podría importarle menos la supuesta situación humanitaria en Venezuela, dado que su única intención, como la de los piratas ingleses de hace 200 años, es hacerse con el botín de guerra, lo cual es precisamente el propósito fundamental de la dependencia creada de forma clandestina en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido para la “reconstrucción” de nuestro país, como se denunció ante este órgano el 20 de mayo de 2020.

Por último, solicito respetuosamente que interponga sus buenos oficios, en calidad de Presidente del Consejo de Seguridad durante el mes de mayo de 2020, para que la presente carta se distribuya entre los Estados Miembros del Consejo para su información y se publique como documento del Consejo.