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La Federación de Rusia otorga gran importancia a la cuestión de la ciberseguridad. Por ello, apoyamos el debate inclusivo que se está desarrollando bajo los auspicios del Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre los Avances en la Esfera de la Información y las Telecomunicaciones en el Contexto de la Seguridad Internacional creado por la Asamblea General. Pensamos que, centrando el debate en conceptos discutibles que no cuentan con un amplio apoyo entre los Estados Miembros de las Naciones Unidas, los organizadores llevan el espacio de la información internacional hacia posibles situaciones impredecibles y no deseables.

Debe entenderse claramente que la ciberconfrontación no puede en ningún caso contenerse dentro de los límites locales y que, inevitablemente, se extenderá bastante más allá de ellos. En la actualidad, el mundo se encuentra literalmente ante la disyuntiva de elegir entre la ciberpaz mundial o la ciberguerra. La elección es ahora una cuestión existencial, y no hablamos en sentido metafórico. Elegir una u otra debería corresponder a todos los Estados, con independencia de su capacidad, y la elección no puede ser usurpada por la minoría “elitista”, que se cree con derecho a regular de manera unilateral el espacio de la información.

La pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha introducido cambios radicales en nuestra vida y, con razón, domina el día a día de la labor de las Naciones Unidas. Sin embargo, también es un recordatorio importante de que la cuestión de la seguridad de la información internacional no es menos crítica para la seguridad y la humanidad. En medio de la crisis de la COVID-19, casi toda la comunicación, ya sea pública o privada, se produce en el ámbito digital. Nuestros servicios públicos, los bancos, los hospitales, las escuelas y otras instituciones esenciales dependen ahora por completo de la infraestructura digital.

La dependencia que el mundo tiene ahora de las tecnologías de la información y las comunicaciones no tiene precedentes. Garantizar su seguridad ya se ha convertido en una prioridad nacional en todo el mundo. Pese a las diferencias políticas o las disparidades económicas, los Estados Miembros son todos igualmente vulnerables ante esta amenaza y sienten una necesidad urgente de hallar una respuesta global.

Es sumamente preocupante que esta minoría “elitista” esté buscando activamente la militarización del ciberespacio al promover el concepto de “ciberataques militares preventivos”, entre otras cosas, contra infraestructura crítica.

Es aún más lamentable que determinados países estén explotando el pretexto de la “aplicación plena e incondicional del derecho internacional en el espacio de la información” incluido el derecho internacional humanitario, en un intento de justificar presiones y sanciones unilaterales sobre otros Estados Miembros e, incluso, la posibilidad del uso de la fuerza contra ellos.

Rechazamos terminantemente esos conceptos y defendemos firmemente el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones únicamente con fines pacíficos. Las Naciones Unidas tienen en este proceso una función excepcional e indispensable. Las Naciones Unidas son las únicas que pueden dar una respuesta verdaderamente global y asegurar la participación de todos los Estados en pie de igualdad. Si bien reconocemos la valiosa aportación de las organizaciones regionales, no debería haber fragmentación en los esfuerzos mundiales cuando estos se separan a lo largo de líneas regionales o entre distintos “grupos de poder”.

En nuestra opinión, alcanzar un estado de “ciberpaz” es un objetivo realista, y este solo puede lograrse mediante los mecanismos inclusivos y basados en el consenso de las Naciones Unidas, como el Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre las tecnologías de la información y las comunicaciones, que está en una posición óptima para abordar esta cuestión. A fin de agilizar este proceso, deberíamos centrar nuestros esfuerzos en las siguientes esferas prioritarias:

1. Elaborar un conjunto integral de reglas, normas y principios universales de conducta responsable de los Estados en el espacio de la información que esté en sintonía con las realidades actuales. Exhortamos a todos los Estados Miembros a que participen activamente en la redacción del informe de conclusiones del Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre las tecnologías de la información y las comunicaciones a fin de asegurarse de que el documento incorpore nuevas normas de conducta basadas en el consenso y se refiera a la necesidad de continuar periódicamente el diálogo institucional bajo los auspicios de las Naciones Unidas sobre la seguridad de la información internacional. Habida cuenta de la dinámica actual y del creciente deseo de un mejor sistema de seguridad de la información internacional entre los Estados, en algún momento en el futuro debería estudiarse la posibilidad de redactar un instrumento jurídicamente vinculante sobre la seguridad de la información internacional.

2. Estudiar más en profundidad la aplicación práctica que el derecho internacional puede tener en el espacio de la información. El ámbito digital no es un espacio no regulado; no obstante, aún no existe un consenso —ni siquiera un entendimiento— universal en torno a esta cuestión. Si bien anteriormente el Grupo de Expertos Gubernamentales sobre los Avances en la Esfera de la Información y las Telecomunicaciones en el Contexto de la Seguridad Internacional había acordado que el derecho internacional, y en particular la Carta de las Naciones Unidas, era aplicable, el Grupo también observó que debían estudiarse más las interpretaciones comunes sobre cómo se aplican esas normas a la conducta de los Estados y al uso que estos hacen de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Además, se subrayó que, dadas las características particulares de las tecnologías de la información y las comunicaciones, podrían elaborarse normas adicionales con el transcurso del tiempo. En 2015, el Grupo de Expertos Gubernamentales confirmó que las interpretaciones comunes sobre cómo se aplica el derecho internacional al uso que hacen los Estados de las tecnologías de la información y las comunicaciones eran importantes para fomentar un entorno abierto, seguro, estable, accesible y pacífico en la esfera de la tecnología de la información y las comunicaciones. Esta es una fórmula de consenso frágil y que ha costado mucho lograr, por lo que no debería quebrantarse.

Observamos con preocupación los intentos de determinados Estados y grupos de Estados de presentar sus visiones nacionales sobre esta cuestión como directrices ya listas para la comunidad internacional. Cualquier “sentencia definitiva” sobre esta cuestión solo puede ser producto de negociaciones en las que participen todos los Estados Miembros en los foros pertinentes de las Naciones Unidas y debería gozar de consenso universal. Esta labor está en marcha en el Grupo de Trabajo de Composición Abierta, y no deberíamos prejuzgar su resultado.

3. El comité internacional de expertos de composición abierta puesto en marcha por Rusia para elaborar una convención internacional integral sobre la lucha contra la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos es otro paso importante hacia el estado de “ciberpaz”. Es crucial que aunemos esfuerzos y contribuyamos de manera constructiva a la labor del comité.

4. Asegurarse de que haya un sistema de seguridad de la información internacional equitativo y justo en el que importen los intereses de todos los Estados, con independencia de su capacidad. Las iniciativas de desarrollo de la capacidad lideradas por las Naciones Unidas encaminadas a superar la brecha digital son vitales y deberían contar con un firme apoyo. Esperamos que el Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre las tecnologías de la información y las comunicaciones pueda en algún momento formular recomendaciones prácticas que cumplan las expectativas de quienes las necesitan y se apliquen de manera eficaz.

Como todos hemos aprendido con la pandemia de COVID-19, la vida importa más que el rédito político. La Federación de Rusia cree firmemente que esa actitud debe canalizarse hacia nuestros esfuerzos conjuntos para crear un entorno de tecnologías de la información y las comunicaciones pacífico para el bien común de las generaciones futuras.