El relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Irán, Javaid Rehman, ‎solicitó formalmente la apertura de una investigación sobre las masacres de 1988 en ese país y ‎sobre el papel que el nuevo presidente, Ebrahim Raissi, pudo haber desempeñado en ellas. ‎

A mediados de 1988, al final de la guerra que Irak –estimulado por varias potencias occidentales– ‎inició contra Irán, el imam Khomeini emitió una fatwa [1] condenando a muerte a los ‎iraníes que habían luchado voluntariamente al servicio del agresor iraquí. ‎

Un tribunal de excepción iraní interpretó aquella decisión del imam Khomeini como una ‎carta blanca para ejecutar a todos los miembros de los Muyahidines del Pueblo y a militantes de ‎partidos de izquierda. ‎

El ayatola Hossein Alí Montazeri, a quien se había anunciado como sucesor del Guía Khomeini, ‎trató inútilmente de oponerse a ese tribunal resaltando que este último estaba ampliando ‎arbitrariamente el verdadero alcance de la fatwa. ‎

Durante 15 días aquel tribunal condenó varios miles de personas que inmediatamente eran ‎ahorcadas o pasadas por las armas. Según diferentes estimados, el número de ejecutados ‎se situaría entre 2 500 y 30 000. ‎

Por definición, los colaboradores iraníes que se habían unido al ejército iraquí ya no podían ‎hallarse en territorio iraní. En realidad, la fatwa del imam Khomeini estaba dirigida sólo contra ‎los que habían sido hechos prisioneros en el campo de batalla. ‎

Ebrahim Raissi, recientemente electo presidente de la República Islámica de Irán, fue juez asesor ‎de aquel tribunal de excepción. ‎

Meses después, el ayatola Montazeri fue destituido, el Guía Khomeini falleció en junio de 1989, ‎el ayatola Khamenei se convirtió en su sucesor y aún sigue dirigiendo el país como Guía de la ‎Revolución Islámica. ‎

[1] Una fatwa es un veredicto emitido ‎por una autoridad eclesiástica islámica. Nota de Red Voltaire.