Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones a líderes militares y de seguridad de Cuba en respuesta a la continua represión violenta por parte del régimen cubano a las libertades de expresión y de reunión pacífica en los días y las semanas posteriores a las protestas que tuvieron lugar desde el 11 de julio.

Estados Unidos designó a Andrés Laureano González Brito, jefe del Ejército Central, que pertenece al ámbito del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR); Roberto Legra Sotolongo, subjefe del Estado Mayor y jefe de la Dirección de Operaciones dependiente del MINFAR; y Abelardo Jiménez González, jefe de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior (MININT) de Cuba. Adoptamos esta medida conforme al Decreto Ejecutivo 13818, que amplía e implementa la Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act).

González Brito y Legra Sotolongo son funcionarios jerárquicos del MINFAR, cuyos miembros han estado implicados en acciones brutales de represión de manifestantes pacíficos. Bajo la dirección de Jiménez González, la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del MININT ha detenido a manifestantes sin respetar las garantías de debido proceso y, en varios casos, no ha informado el paradero de personas detenidas a sus familiares. Existen señalamientos creíbles de abusos contra personas en condiciones de detención.

Manifestamos nuestra solidaridad con todos los cubanos valientes en su reclamo de derechos humanos y libertades fundamentales. A través del programa de sanciones Magnitsky Global, Estados Unidos procura establecer consecuencias concretas y significativas para la represión que sigue ejerciendo el régimen cubano contra su población, incluida la detención injusta de cientos de manifestantes, periodistas y activistas. Seguiremos brindando apoyo a los cubanos en su esfuerzo por ejercer los derechos humanos y las libertades fundamentales que corresponden a todas las personas, y actuaremos para responsabilizar al gobierno cubano por las violaciones de derechos humanos.