En 2017, el profesor J. Alex Halderman, experto en informática, había demostrado ante la ‎comisión del Senado de Estados Unidos sobre temas de inteligencia que era fácil burlar la ‎seguridad de las máquinas de votar de la compañía Dominion Voting Systems. Esa compañía ‎procedió entonces a una actualización de sus máquinas para garantizar la limpieza de las ‎elecciones. ‎

En la elección presidencial estadounidense de 2020, el secretario de Estado del Estado de ‎Georgia, Brad Raffensperger (republicano), exhortó los electores de ese Estado a votar por ‎correspondencia y dispuso máquinas de la compañía Dominion para los que quisieran de todas ‎formas ir personalmente a los centros de votación. . ‎

El entonces presidente Donald Trump contactó telefónicamente al secretario Raffensperger. ‎La conversación entre ellos fue grabada y posteriormente utilizada contra el presidente Trump a ‎quien Raffensperger acusó de haber tratado de obligarlo a modificar los resultados del sufragio en ‎el Estado de Georgia. ‎

Todo aquello dio lugar a una polémica alrededor de los resultados de la elección presidencial en Georgia. ‎

El conteo de los sufragios emitidos por correspondencia fue realizado por funcionarios del Estado ‎de Georgia –a menudo fuera de la presencia del público– mientras que las máquinas de votar ‎contabilizaban los votos emitidos a través de ellas. ‎

La agencia estadounidense de seguridad de las infraestructuras y del ciberespacio (Cybersecurity ‎and Infrastructure Security Agency, CISA) había asegurado que las máquinas de la compañía ‎Dominion eran absolutamente confiables y que el resultado contabilizado a través de ellas daba la ‎victoria al candidato demócrata Joe Biden. ‎

Debido a la polémica, el Estado de Georgia solicitó al profesor J. Alex Halderman que redactara un ‎informe. Pero la CISA emprendió una acción judicial contra ese Estado y le ordenó ‎no desclasificar ese documento. La CISA argumentó que la desclasificación del informe del ‎profesor Halderman permitiría en el futuro que personas mal intencionadas piratearan las máquinas ‎de votar.‎

Por su parte, el secretario Raffensperger se unió a numerosos electores para reclamar la ‎desclasificación del informe. Ahora es probable que la desclasificación sea finalmente autorizada ‎por un juez… pero sólo después de la eliminación de los pasajes del documento que sean ‎considerados “sensibles”. ‎

La CISA no ha respondido a las interrogantes sobre su cambio de actitud en relación con la ‎posición que había adoptado en 2020. ‎

No está de más recordar que en los países democráticos el conteo de los votos emitidos durante ‎una elección es un acto público. ‎