Pemex especuló en 2018: compró 6.5 mil millones de dólares para “contener déficit” / Pemex firmó contratos transexenales por 17 mil millones para compra de etanol / Pemex recuperó menos del 60 por ciento de recursos transferidos al Cenagas / Sahara Occidental: la Unión Europea avala saqueo / Jornaleros, entre la miseria y las violaciones graves a sus derechos humanos / Dos empresas de Krauze recibieron $88.7 millones en publicidad del gobierno / Normales rurales: la batalla más dura desde 1968 / ¿Nadie gana más que López Obrador?, pues hay más de seis que sí /Sabotajes a Venezuela; América Latina en riesgo

En 2018, Pemex compró unos 6 500 millones de dólares para reducir supuestamente el déficit estructural en esa moneda y manejar su deuda, que superó 1.9 billones de pesos. Esta estrategia –avalada por el Banxico y supervisada por Hacienda– fue recomendada por la administración de Peña a la de López Obrador.

Para el suministro de etanol como complemento de gasolinas, Pemex otorgó en la administración anterior contratos hasta por 10 años a 6 empresas privadas por un monto de hasta 17 600 millones de pesos, con lo cual deja amarrados compromisos financieros de la empresa del Estado hasta 3 años después de que termine el gobierno de López Obrador.

En el sexenio de Peña, Pemex transfirió activos al Cenagas por 7 450 millones de pesos. Entregó la infraestructura para trasladar gas que la hoy empresa productiva del Estado construyó a lo largo de 80 años. “Monetizó” apenas 4 324 millones luego de un proceso financiero que incluye servicio de factoraje con el banco Interacciones.

Aunque los jornaleros representan uno de los sectores más vulnerables en materia laboral, poco o casi nada han sido tomados en cuenta por la llamada “cuarta transformación”, quizá porque ellos no representan un gran capital político o por la propia inexperiencia de la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde.
Dos empresas de Krauze recibieron 88,7 millones de pesos en publicidad del gobierno
por
Miguel Badillo

Al asumir la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador y su equipo de comunicación encontraron decenas de cajas llenas de contratos que confirman la perversa relación entre la prensa y los intelectuales con el poder político, en donde de manera individual, según afirmó a Contralínea el vocero presidencial Jesús Ramírez, cobraban cientos de millones de pesos de dinero público no sólo por concepto de publicidad, sino por “asesorías de imagen”, “asesorías de información”, “menciones favorables al gobierno en columnas y noticieros” y críticas a López Obrador.

Luego de superar los 100 días, el signo de la “Cuarta Transformación” parece ser el del popular dicho mexicano Del dicho al hecho… hay mucho trecho. Las altas expectativas de quienes desde la izquierda social fincaron esperanzas en la campaña del candidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) hoy están, por decir lo menos, en crisis.

Los secretarios de Marina Armada de México y de la Defensa Nacional no han presentado rigurosamente sus bienes. El de Marina sigue usando el helicóptero, para presentarse a sus oficinas. Ambos se transportan en aviones privados, y ambos están en la lista de quienes perciben mayores sueldos que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Están en esa lista, entre otros, el subsecretario de la Defensa, Dagoberto Espinosa Rodríguez, quien recibe 180 352 pesos mensuales; el subsecretario de Marina, almirante Eduardo Redondo Arámburo, con 174 000 pesos; Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, más de 145 000 pesos cada mes; el subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo –hijo de quien fue desgobernador de Chiapas–, se embolsa más de 145 000 pesos mensuales; Cedric Iván Escalante Sauri, subsecretario de Infraestructura en Comunicaciones y Transportes, pasaditos 151 000, y Javier May Rodríguez, de Desarrollo de Bienestar, 142 000 y pico de (...)

La embestida estadunidense contra el gobierno de Venezuela ha llegado al extremo de sabotear el Sistema Eléctrico Nacional de esa nación, como parte de una desesperada estrategia para crear un conflicto social que lleve a la imposición de Juan Guaidó. Esto, sin mediar un proceso democrático ni un solo voto a su favor. Desde Washington se están agrediendo los derechos humanos y políticos de todo un país, aplicando de manera intimidatoria un abierto y descarado intervencionismo.
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