Red Voltaire

Érika Ramírez

Reportera de las revistas mexicanas Contralínea, periodismo de investigación y Fortuna, negocios y finanzas. Egresada de la Licenciatura en Periodismo y Comunicación Colectiva, UNAM. Becaria de los diplomados de Periodismo Radial y Periodismo de Investigación, en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí, en La Habana, Cuba. (Twitter)

117 artículos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01. SCJN: contratistas del gobierno son sujetos de investigaciones periodísticas Ciudad de México (México) | 15 de julio de 2012
Por primera vez en materia de derecho a la información, la Suprema Corte de Justicia analizó la proyección pública de las personas privadas –sean físicas o morales– que mantienen negocios con el gobierno, y resolvió que su actuación es de interés público y su exposición en los medios informativos en casos de corrupción e irregularidades es legal, en tanto que involucra al erario. Así, la resolución del juicio por daño moral en contra del semanario Contralínea interpuesto por Blue Marine Technology Group, contratista de Pemex, establece un precedente para la prensa mexicana: la incidencia que tienen las personas privadas en la sociedad, por sus actividades profesionales, es susceptible al escrutinio periodístico, amparado por la Constitución
 
 
 
 
 
4 de marzo de 2012
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha presentado 26 denuncias contra integrantes del Ejército Mexicano por hechos de tortura. Los casos, considerados graves, se ventilan tanto en la PGR como en la Procuraduría General de Justicia Militar y en procuradurías locales. Para el vocero de la Sedena, Ricardo Trevilla Trejo, se trata de “hechos aislados”. Ante la posibilidad de que los juicios se realicen en tribunales civiles, indica: “Es parte de la evolución de los ejércitos”. La institución, asegura, está comprometida con los derechos humanos y, por ello, ha aceptado “al ciento por ciento” las 40 recomendaciones hechas por la CNDH. En los últimos tres años, otras 20 se han emitido para las secretarías de Seguridad Pública, Marina y la Procuraduría General, involucradas en la “guerra” antidrogas. Los estados donde más actos de tortura se han registrado son Chihuahua, Michoacán, Tamaulipas y (...)