Jhonatan Marshall es un sargento estadounidense que hizo noticia hace pocos meses en Colombia cuando se denunció su responsabilidad por la muerte de dos soldados colombianos. La inmunidad de la que gozan los militares yanquis en ese país le permitió salir inmediatamente rumbo a Estados Unidos, sin que las autoridades locales tengan tiempo, siquiera, de hacerle la prueba de alcoholemia, pues, estaba embriagado cuando cometió el atropello que terminó con dos vidas. La complicidad de las autoridades permitió que el asunto se mantenga en reserva, desde agosto de 2004, hasta que la madre de Edwin Villalobos -uno de los fallecidos- reveló lo acontecido, en abril de este año.

Por esos mismos días se conoció que cinco “narcosoldados” yanquis fueron detenidos en Texas por traficar 16 kilogramos de cocaína desde Colombia. El producto lo embarcaron en un avión norteamericano desde la base aérea de Apiay en el Este del país. Los militares yanquis eran instructores en el “combate antinarcóticos”. Como el delito se cometió en Colombia se ha pedido su extradición para el juzgamiento respectivo, pero la inmunidad lo impide y con seguridad los libera.

No son los únicos casos de delitos cometidos por soldados yanquis en ese territorio, varios de los 800 uniformados allí acantonados en “misión oficial” están involucrados en tráfico de armas y droga con grupos paramilitares de derecha, de videos pornográficos, accidentes de tránsito, contrabando de antigüedades. Son infracciones relatadas por la prensa colombiana que devienen en la impunidad gracias a la bendita inmunidad.

Este tópico se ha puesto nuevamente en la palestra en nuestro país, a propósito de la última visita del jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, Bantz Craddock, en la que insistió que su país retirará la ayuda militar si Ecuador no firma un acuerdo de esa índole. El gobierno norteamericano trabaja intensamente por establecer acuerdos de inmunidad en todo lado. En agosto de 2002 promulgó la “Ley de Protección al Personal Estadounidense” que fijó como plazo el 1 de julio de 2003 para que se suscriban acuerdos de inmunidad para sus ciudadanos frente a la Corte Penal Internacional, a la que por cierto no reconoce.

Los Estados Unidos, junto a otros seis países, entre ellos Israel, votaron en contra de la aprobación del Estatuto de Roma (1998). El representante norteamericano manifestó que su país objetaba el concepto de jurisdicción y su aplicación a los Estados no partes; el delegado de Israel, por su parte, dejó sentado que no comprendía por qué el acto de trasladar habitantes a un territorio ocupado se incluía en la lista de crímenes de guerra.

Es fácil entender el interés estadounidense, pues, tiene repartidas bases y tropas en todo el mundo, como parte de su estrategia y campaña belicista que tomó cuerpo a raíz de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001. Bush no solo procura proteger a sus “muchachos” que dejan una estela de horror y muerte en donde actúan, sino que revela la prepotencia con la que proceden -y piensan seguir haciéndolo- en contra de los pueblos en todo el mundo.

Aunque la Constitución establece que corresponde la conducción de la política internacional del país al Presidente de la República, es el Congreso Nacional el que debe aprobar la suscripción o no de este tipo de acuerdos internacionales, que en este caso, si se somete a su conocimiento, debe rechazarlo de manera tajante, puesto que Ecuador es signatario del Estatuto de Roma y ratificó la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

Pero aún si dichos protocolos no hubieran sido aceptados, por dignidad y en defensa de la soberanía del país, el pedido de inmunidad debería ser negado.