La conspiración de las oligarquías contra los gobiernos progresistas en Améria Latina no ha actuado sola. El imperialismo norteamericano, según denuncias públicas, ha intervenido con varias estrategias para fortalecer su poder económico, político y social a escala global. Entre estas tácticas se encuentran la guerra armada, como ocurrió en Irak, hasta el apoyo económico y político a varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s), y hasta a partidos políticos a través de las agencias de ayuda norteamericana como la USAID.

A esto se suma, según el Tribunal Dignidad, Soberanía y Paz contra la Guerra en un artículo denominado “El Imperio y la CIA contra América Latina”, el trabajo de espionaje que realiza la Agencia Central de Inteligencia (CIA), que empieza su operación con el objetivo de desestabilizar gobiernos que plantean transformaciones a favor de sus pueblos y contra los intereses de los Estados Unidos: “Para esos fines, Estados Unidos, a través de la CIA, ha intervenido directamente en los procesos electorales y democráticos de América Latina para lo cual ha desarrollado planes de guerra sicológica en los medios de comunicación social e invertido millones de dólares, y así se opuso al triunfo de Salvador Allende en Chile, de Daniel Ortega en Nicaragua y lo mismo en Brasil, Honduras, El Salvador, Guatemala”, sostiene el mencionado artículo.

En este sentido se entienden las últimas denuncias del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, respecto a la intervención conspiradora de la CIA y la oligarquía venezolana para derrocarlo. Ecuador no es la excepción: la oligarquía conspira contra el gobierno de Rafael Correa. Banqueros, productores, industriales, y otros, se encuentran desesperados y están utilizando, quizá, todo tipo de recurso.

La conspiración contra Correa

La conspiración de la oligarquía, representada en lo político por la derecha y en lo económico por los banqueros e industriales, confabula desde la segunda vuelta electoral contra las propuestas progresistas y soberanas de Alianza País. El Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN), Partido Social Cristiano (PSC) y el Partido Sociedad Patriótica (PSP) se unieron para desprestigiar las propuestas del, en ese entonces, candidato presidencial Rafael Correa. Lo acusaron de posible impulsador de la abolición de la propiedad privada y hasta de defensor de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Sin embargo, los pueblos del Ecuador derrotaron a oligarquía y Correa llegó a la Presidencia.

Ya en Carondelet, el Primer Mandatario fue el blanco de la conspiración de la mayoría legislativa representada por los mismos partidos políticos, a la que se sumó la Unión Demócrata Cristiana (UDC), antes Democracia Popular, para impedir que en la consulta popular gane el Sí para la instalación de la Asamblea Constituyente. Algunos, como la UDC, realizaron una campaña abrupta a favor del No y, según declaraciones del mismo partido, fueron financiados por grandes empresarios ecuatorianos y varias ONG’s que aparecieron solo en campaña electoral. Pese a esto, la mayoría del Congreso fue sancionada y el pueblo le apostó a la Constituyente; pero la conspiración no paró.

Ahora, la campaña electoral para elegir a los 130 asambleístas es el espacio para conspirar, abiertamente, contra el Gobierno. Los medios de información, como aparatos ideológicos de la oligarquía, han servido mucho para desprestigiar a un gobierno que lucha contra esta clase de poder. Se lo acusa de conducir un proceso político y económico similar al de Hugo Chávez, de la aparición de los denominados ‘pativideos’, de atentar contra la libertad de expresión.

También están las acusaciones del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, de tratar de dividir a esa ciudad, la campaña contra el decreto 486 para regular la pesca incidental de tiburones. Asimismo, la huelga ferroviaria que habría sido dirigida por un simpatizante de Sociedad Patriótica. Se opousieron a la ley de Justicia Financiera, estuvieron detrás de la especulación del gas, el incremento de los precios de primera necesidad, la aparición del supuesto movimiento guerrillero Alfaro Vive Carajo (AVC), el pedido del Congreso para retirarle la inmunidad y plantearle un enjuiciamiento político al Presidente de la República, así como el pedido de la segunda sala de lo penal de la Corte Suprema de Justicia para enjuiciarlo penalmente, por supuestas injurias contra Quinto Pazmiño.

Pero surge también una pregunta: ¿cumplirán con las supuestas amenazas de atentar contra la vida del Presidente? Peor aún si la Asamblea Constituyente decide, como sería lo lógico, acabar con la oligarquía y declarar la independencia frente al imperialismo. Hay que permanecer atentos, como lo afirma el Tribunal Dignidad, Soberanía y Paz contra la Guerra, la CÍA tiene un presupuesto de millones de dólares al año para destruir gobiernos, apoyar huelgas y paros, colocar bombas de alto poder explosivo, comprar conciencias, colocar agentes nacionales, comprar espacios en medios de comunicación para manipular informaciones y, principalmente, poner a agentes en puestos clave de los gobiernos. EVSV