Agua, ¿bien común o negocio privado?

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) afirma que el agua es un derecho humano esencial; no obstante, grandes empresas privadas se adueñan de este recurso en el planeta.

Desde julio de 2010, la ONU consideró este recurso, junto al saneamiento básico, como un bien común universal para el pleno disfrute de la vida. Esta resolución fue adoptada a iniciativa de Bolivia y de su presidente, Evo Morales, quien lidera una campaña internacional contra la privatización del líquido vital.

Recientemente, Morales respaldó los resultados de dos referendos en Italia que rechazaron, con más del 90 por ciento en contra, la apropiación por compañías privadas del agua potable en ese país europeo, y criticó la política de liberalización que todavía persiste en el viejo continente.

La visión del agua como un bien común de la humanidad se expande por el mundo gracias a la lucha de las organizaciones y de los movimientos sociales indígenas y campesinos de Bolivia, afirmó el mandatario del Estado plurinacional suramericano.

En la actualidad existe un debate ético entre quienes defienden al agua como un bien social relacionado con el derecho a la vida y aquellos que lo asumen como un negocio multimillonario.

Para el neoliberalismo económico se trata de un bien comercial, como el petróleo, un automóvil o una prenda de vestir, y, aunque el acceso a ésta es una necesidad, no se considera un derecho humano esencial.

El analista Edmundo Fayanás publicó en el sitio Rebelión que, en medio de esta fiebre por el “oro azul”, ha surgido una industria cuyo valor rondó, según estimaciones del Banco Mundial (BM), el billón de dólares, en 2001.

Entre las principales industrias del sector, se encuentran las corporaciones multinacionales con fines lucrativos que ofrecen servicios hídricos o venden agua embotellada, con lo que obtienen grandes beneficios, indica Fayanás.

Tanto los países industrializados, como el BM, propagan la privatización del tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales como la fórmula para salir de la crisis económica actual. París, Madrid y Roma son ejemplos de labores de acaparamiento privado del agua.

Según un artículo publicado en el sitio Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II, la administración local de Madrid concedió en 2009 la “joya de la corona a unas multinacionales con oscuros propósitos, como son Acciona, Fomento de Construcciones y Contratas, Aguas Barcelona o Grupo Agbar (Suez)”.

En esa urbe prolifera la venta de agua embotellada, aunque la pureza y tratamiento de las aguas del Canal, en explotación desde hace más de un siglo y medio, son avaladas por los especialistas.

Además de eficaz, el Canal es una empresa rentable con beneficios anuales que rondan los 100 millones de euros, aseguran los expertos.

Juantxo Uralde, en tanto, alaba la calidad del preciado líquido madrileño y se pregunta: “¿Qué ganamos transfiriendo este caudal a manos privadas? O mejor dicho, ¿acaso ganamos algo?”.

En la década de 1980, el agua de París fue privatizada en medio del impulso neoliberal, afirma el sitio, y en junio pasado, tras su deterioro y carestía, fue devuelta a las autoridades municipales, de manos de la compañías Veolia y Suez.

Para el periodista Juan Gelman, el calentamiento global y los cambios climáticos que conlleva, han convertido el agua en algo tanto o más codiciado que el petróleo, y grandes empresas se están adueñando de ese recurso natural, extrañamente, con la ayuda de la ONU.

En un material publicado en el sitio Cuba Debate, Gelman advierte que los megapolios, como Marck & Co y Siemens, se amparan en el mandato de la ONU para privatizar el bien común.

Como sucede con otros proyectos importantes del organismo internacional, en los cuales el Fondo Monetario Internacional (FMI), el BM y bancos de desarrollo regionales en general se encargan de manejarlos.

Maud Barlow, presidenta del Consejo Nacional de Canadienses, señala que el planeta está en vísperas de una crisis de proporciones aterradoras en materia de abastecimiento de agua.

La ecologista canadiense denuncia al FMI por forzar a las naciones endeudadas a vender bienes públicos, incluso los acuíferos, como condición para otorgar ayuda financiera. Todo el sistema está regido por estas corporaciones, las cuales sólo buscan ganancias, naturalmente, afirma.

Barlow, autora del libro Oro azul, admite que la ONU carece de fondos suficientes, y sus organismos y programas recurren al patrocinio privado para funcionar. Repartido de manera desigual en el mundo, el tratamiento deficiente en naciones en desarrollo, los efectos del cambio climático y los pronósticos de su agotamiento a escala global apuntan a agravar las disputas en torno a la tenencia, uso y distribución del recurso natural.

Un informe de la ONU en Nairobi, Kenya, asegura que más de 1 mil millones de personas carecen del servicio de agua potable, y el tomarla contaminada produce más muertes que cualquier otro fenómeno, incluida la guerra.

La crisis humanitaria y la hambruna que desató la intensa sequía en el cuerno africano, en especial en Somalia, demuestra la urgente necesidad de unir esfuerzos internacionales para generar políticas no sólo de ayuda momentánea, sino para desarrollar acciones a largo plazo que ofrezcan soluciones a millones de personas afectadas.

Para el presidente Evo Morales sin agua no existe la vida, ni derechos humanos, ni la madre tierra; por tanto, la resolución de la ONU debe respaldar las políticas necesarias para tratar el agua como un servicio y no como un negocio.