El mes pasado el país se enteraba a través de varios medios de comunicación que las instalaciones y pozos de la transnacional Petroriental, ubicados en la parroquia de Dayuma, zona de Pindo, estaban tomados por los pobladores, que exigían a la petrolera de procedencia china el cumplimiento de acuerdos anteriores.

Pero esta verdad a medias hizo que el Presidente y sus delegados reaccionen en forma torpe y precipitada; y sin verificar la situación, el Presidente Correa, declaró ante los medios que no permitirá tomas de instalaciones petroleras para chantajear o presionar a diálogos y que se debía desalojar a los revoltosos.

Por su lado, convoyes de las fuerzas represoras nacionales, militares y policía, obedientes a “la orden del gobierno” llegaron hasta el sector de Pindo, en vehículos militares y de la petrolera, todos armados hasta los dientes, militarizaron la parroquia entera y sin remordimiento alguno iniciaron la represión salvaje e injusta en contra de la población de las 28 comunidades que participaban de la medida de hecho.

Diocles Zambrano, delegado de los Derechos Humanos de Orellana, denunció la brutal agresión que sufrieron los manifestantes de Santa Rosa y otras comunidades, y que varios heridos debieron ser trasladados hasta Quito, por la gravedad de las heridas. Otros están presos, es el caso de William Bravo, que fue favorecido con el Habeas Corpus por parte de las autoridades, las Fuerzas Armadas, ilegalmente lo apresaron. La mayoría de pobladores del sector, al ser cruelmente bombardeados con gases lacrimógenos, balas de salva, proyectiles y ser víctimas de saqueos de sus humildes casas, por parte de efectivos militares, debieron huir hasta la selva para pernoctar allí por varios días, alimentándose de frutos silvestres, y un poco de yuca de sembrados aledaños.

Lo más indignante, para la Prefecta de Orellana, Sra. Guadalupe Llori, según manifiesta en su comunicado de prensa, es el doble discurso que mantiene el Presidente Correa y sus delegados en la provincia, quienes por un lado proponen el diálogo, el respeto y la mediación y por otro ordenan la represión salvaje, injusta y desmedida para salvaguardar los intereses de una transnacional que incumple los convenios firmados con las comunidades el año 2005.

Se han incumplido también convenios laborales y productivos, no se ha hecho efectiva la remediación integral del derrame de crudo ocurrido el 28 de abril de este año, donde el Río Rumiyacu, fuente de abastecimiento para la comunidad, fue el más contaminado.

El incumplimiento y la falta de seriedad de la petrolera china, la difusión tergiversada de los hechos y la represión cruel recibida por disposición gubernamental, son claros visos de que el discurso de defensa de la soberanía, respeto a los derechos humanos y a la vida, no es más que demagogia del gobierno y los empresarios.

Las autoridades y la población, nuevamente se preguntan cuánta humillación, represión y barbarie deben soportar para favorecer y proteger los intereses de pocos.

Hasta el cierre de esta edición, conocimos que aún no había solución, pues la petrolera evade el tratamiento de los temas pendientes..

Amparo Sigcha