OPCIÓN presenta un informe acerca de la realidad de la educación en el Ecuador, que cada año está en peores condiciones debido a que los gobiernos de turno no le dan la importancia que se merece: le reducen su presupuesto y, con ello, los principios constitucionales de ‘educación gratuita y de calidad’ son una falacia.
Para las autoridades del gobierno, lideradas por un desorientado y maniatado Alfredo Palacio, y para el pretencioso y cínico Informe Nacional ‘Objetivos de Desarrollo del Milenio’ (ODM), auspiciado por las Naciones Unidas, todo marcha a la perfección para alcanzar supuestamenter los siguientes objetivos antes del 2015: erradicar la extrema pobreza y el hambre; lograr la enseñanza primaria universal; promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer; reducir la mortalidad infantil; mejorar la salud materna; combatir el VIH/Sida, el paludismo y otras enfermedades; garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; fomentar una Asociación Mundial para el Desarrollo.
Habrá que preguntar a las autoridades del Ecuador y a las de los 188 países que también firmaron este ‘noble’ acuerdo en el año 2000, en Nueva York, cómo pretenden hacer realidad estos objetivos, si continuamos bajo la dictadura de un modelo económico, social y político (el capitalismo y su nueva ofensiva, el neoliberalismo), que se sustenta bajo ‘principios’ como el autoritarismo, la explotación, la injusticia, la inequidad, la discriminación, el individualismo, la alienación, entre otros.
Habrá que preguntarles a quienes dirigen las naciones del mundo, si estos objetivos no son más que una máscara que pretende sonreír hacia el futuro, mientras oculta una realidad petrificada de ilusiones..., una realidad amasada de hambre, enfermedad, ignorancia y otras dolorosas necesidades.
En el área específica de la educación, el informe de la ODM, capítulo Ecuador, señala: “Respecto al gasto por habitante en educación, las cifras confirman que este se redujo de 60 a 25 dólares entre inicios de los años 80 y finales de los 90. En el año 2000, se advierte una ligera recuperación que se mantiene hasta la actualidad (¡?), explicada básicamente por incrementos salariales a los docentes (¡?)”...
La realidad es contundente al respecto, los mismos informes oficiales (aun siendo muy conservadores) lo admiten: no se invierte en educación, al contrario, se reduce su presupuesto.
Sin embargo, el informe ODM trata de atenuar esta irresponsabilidad estatal hacia la educación y en un alarde de desfachatez indica: “Paradójicamente, la reducción del gasto por habitante en educación se produce en un contexto de mejora cuantitativa de los insumos escolares (¡?). Específicamente, el ritmo de crecimiento de las partidas de docentes y de las aulas construidas, superó al incremento de la matrícula” (¡?).
Los datos maquillados, la prostitución de la verdad, el engaño, la falacia... son otros mecanismos utilizados por quienes detentan el poder, para ocultar la realidad de un sistema que se cae a pedazos, llevándose millones de vidas y de sueños con él.
Con gobiernos que no conciben a la educación como una política de Estado, que cada vez le entregan menos recursos; que no capacitan a los docentes, que no realizan obras de infraestructuras en las escuelas, que cada vez pasan la factura económica de esta crisis a los padres de familia, que no se inmutan al saber que casi la mitad de los niños en edad escolar no acceden a la educación por falta de recursos, es muy difícil que se consigan los ‘objetivos de desarrollo del milenio’ en esta área (‘lograr la enseñanza primaria universal’), aunque el Informe ODM 2015 ‘El Futuro Tiene Fecha’, publicado en edición de lujo y difundido por todos los medios, sostenga lo contrario... sostenga la mentira del sistema.
En época de ingreso a clases, los más connotados escritores o los más distinguidos directores de teatro tendrían que venir al Ecuador para que miles de dramas les alboroten su creatividad: desde conseguir el establecimiento educativo donde se formen los hijos, hasta obtener el dinero para la matrícula, la lista de útiles, los libros, los uniformes (el de parada, el de diario y el deportivo), es todo en vía crucis.
Y es que aquello de ‘educación gratuita’ en los establecimientos fiscales es pura fantasía: la matrícula, a pesar de que el Ministerio de Educación fija un precio estándar de 25 dólares (que debe ser manejado por el Comité de Padres de Familia), es cobrada arbitrariamente, oscilando la explotación hasta en 50 dólares. Al respecto, muchas escuelas y colegios cobran un dinero extra por gastos que no siempre están muy claros: funcionamiento de laboratorios, de centros informáticos, pago a profesores de asignaturas especiales, mantenimiento del plantel (luz, agua potable, pintura, etc.), entre otros. Sin embargo, es en la compra de la lista de útiles y de los uniformes, donde parece que la plata nunca se agota: cálculos aproximados indican que entre 30 y 80 dólares se necesitan para cubrir estas necesidades.
En un país en el cual el 80% de la población está bajo la línea de la pobreza, y que subsiste con apenas dos dólares al día, el esfuerzo para educar a los hijos es muy grande (endeudamiento forzado, con altos intereses; utilización de los mínimos y últimos ahorros; incrementar horas de trabajo para cubrir el desfase económico...) y en muchos casos inalcanzable (por lo que se toma la decisión de no enviar a los muchachos a la escuela e insertarlos en el mercado laboral o dejarlos vagabundear en la vida).
A continuación, nuestro articulista Gonzalo Sono expone la realidad de la educación en el país, que abofetea el lema del ODM 2015: ‘El futuro tiene fecha’. (FOP)
El panorama de la educación en el Ecuador es muy preocupante. Arroja cifras que demuestran muchas situaciones conflictivas de corto y largo alcance, cuyas soluciones no constan precisamente en la agenda del oficialismo, en los planes de ‘refundación’ de la República de los que tanto habla el actual mandatario, doctor Alfredo Palacios.
Una vez más pasemos revista a esta dramática situación y conozcamos algunos de los padecimientos que soporta el Ecuador en materia de educación:
Hoy se cobra matrícula, hay que hacer aportes mensuales obligatorios para el pago de los profesores; es obligatorio comprar uniformes, mochila y una larga lista de útiles escolares, lo que imposibilita que los pobres de la ciudad y del campo ingresen al régimen de educación primaria y secundaria.
Los niños que quedan fuera de este régimen, es decir los que no pudieron ser matriculados debido a la pobreza, son más de 500 mil en la Sierra. Para que esta cifra no se repita el próximo año lectivo, se requiere que el Gobierno asigne 70 millones de dólares en calidad de presupuesto extra.
Durante los últimos tres años, el país obtuvo una nota de apenas 4 sobre 10 en el cumplimiento de las garantías de los/as adolescentes. El derecho a una educación secundaria completa, a terminar saludablemente su crecimiento físico y emocional, el de vivir libre de peligros y amenazas, no se cumple en lo más mínimo. El país tiene aún un largo camino para asegurar que todos los jóvenes terminen los 13 años de educación preescolar, primaria y secundaria. El problema se agrava en provincias como Imbabura, Cotopaxi, Bolívar, Sucumbíos y Zamora Chinchipe, en donde la falta de oportunidades educativas afecta al 40% de los adolescentes.
Se viola este precepto constitucional con la mayor desfachatez, hasta se ha llegado a decir que hay rubros más importantes que no cuentan con un solo centavo. Se sobre- entiende que la educación rural es la más afectada como consecuencia de este ilegal manejo del presupuesto para la educación.
Oficialmente existe un déficit declarado de 480 millones de dólares. Si se revisa meticulosamente las cuentas, las necesidades de financiamiento son mayores. Por ejemplo, el Presupuesto prevé 1.444 millones de dólares para pagar amortizaciones de deuda interna y externa, y como el Fisco no tiene esos recursos se ve obligado a obtenerlos a través de organismos internacionales de crédito, aumentando así el monto de la deuda externa. Por otro lado, para este año está previsto el vencimiento de 400 millones de dólares de Certificados de Tesorerías (CETES), y, como es de suponerse, el Gobierno no cuenta con esta suma para cumplir con el compromiso. Entonces resulta que las necesidades del Presupuesto alcanzan a 2.324 millones de dólares y por tanto enfrenta un desbarajuste crónico, insuperable en la coyuntura actual, sobre todo porque se debe tomar en cuenta que alrededor de 68% del Impuesto a la Renta se destina a gastos del Gobierno Central: los gastos en sueldos son de 43% del gasto primario; las asignaciones para bienes y servicios de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas requieren más recursos que para la educación y la salud; esto quiere decir que el Estado ecuatoriano no prioriza la inversión en el área de la educación. Allí está su debilidad, su fragilidad y su fracaso, pues está regularizado de tal modo que el 91% del presupuesto ya tiene dueño, previamente establecido: sueldos y subsidios, servicio de la deuda, pago de bienes y servicios, y transferencias corrientes.
En la Sierra y en la Amazonía, la reparación de los planteles del Estado, prontos a caerse, requiere de 300 millones de dólares, aproximadamente. La ausencia de recursos y apoyo gubernamental ya no sorprenden a los rectores y directores de escuelas y colegios del país. La crisis les ha obligado a ingeniarse alternativas de financiamiento para que las edificaciones no se caigan de viejas. Junto a las reparaciones estructurales se necesitan nuevas aulas, más servicios sanitarios, patios y jardines, dignos de los niños y jóvenes.
La pobreza de la gran mayoría de los ecuatorianos se mantiene intacta y tiende a su expansión, sobre todo en las áreas rurales y marginales urbanas. Los índices de desempleo y subempleo constituyen un lacerante problema para un desarrollo equitativo. A esto habrá que agregar los índices de corrupción y la inseguridad jurídica, la legislación obsoleta y los elementos que hacen de nuestra economía un factor altamente ineficiente, hasta encontrarnos con que más de 60% de la población ecuatoriana vive en la pobreza en tanto que cerca de 20% de esta misma población vive bajo la línea de la indigencia. Estos índices son aún más dramáticos en los sectores rurales, especialmente en las comunidades indígenas. La población indígena cuenta con un menor número de años de educación o simplemente nunca alcanzó a tenerlos ni en su más mínima expresión; lo que quiere decir, aproximadamente, que en el Ecuador el promedio de la escolaridad es de 6,9 años, mientras que el promedio de la indígena apenas llega a 4 años.
Según la UNICEF, 68% de los niños ecuatorianos es pobre y 30% trabaja en duras condiciones, sin salario fijo y sin ninguna clase de amparo y seguridad social. Además, sostiene que 7 de cada 10 bebés nacidos son pobres; dos de cada tres niños son desnutridos (principalmente indígenas); 100 mil niños menores de 5 años no acceden al primer año de básica y más de un millón de chicos entre cinco y 18 años no cuentan con educación.
De los 5 millones de dólares del presupuesto del 2005 para la capacitación de los docentes, no se transfiere ni un solo centavo. La Ministra Consuelo Yánez firmó un acuerdo para la transferencia de esta suma, pero hasta la fecha no se hace efectivo, así es que no hay fondos, no hay partidas para tales gastos y, por lo tanto, la capacitación de los docentes, su preparación para enfocar la problemática educativa contemporánea, ha caído en un punto muerto. (GS)
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