La Organización Internacional del Trabajo (OIT) afirma que el gobierno brasileño falta e incumple en sus obligaciones con respecto a los derechos humanos de los pueblos indígenas.
La OIT afirma además que el hecho de no haber consultado a los indígenas en la construcción de la mega represa de Belo Monte, Brasil viola de esta manera el Convenio 169 sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribus, que Brasil había ratificado con su firma.
Belo Monte será la tercera represa más grande del mundo. El gobierno brasileño ha autorizado la construcción de la misma a pesar de la condena unánime de los pueblos indígenas, las comunidades ribereñas, los científicos, los fiscales de Brasil y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El proyecto de mega-represa fue iniciada por el ex presidente Lula Da Silva, y es su sucesora, Dilma Rousseff, ex ministro de Energía y actual presidente de Brasil, que ha dado luz verde al inicio de los trabajos en enero 2012 pese a la oposición multitudinaria.
Poblaciones aisladas de indígenas —quienes se ganan la vida, su comida y medicinas de la selva, la misma que será destruida por la construcción de la represa— son las que van a sufrir las peores consecuencias.
La represa consiste en crear un lago artificial de 500 km2, que hará desaparecer el territorio de los indios Kayapó. Para efectuar los trabajos durante la estación seca [época donde no llueve], se necesitará de un reservorio que cubrirá un área adicional de 6,140 km2, inundando así pueblos de los territorios Araweté, Ipixuna Igarapé, Koatinemo, Arara, Kararaô, y Cachoeira.
En total, 20,000 a 40,000 indígenas se verán obligados en 2015 a abandonar su hábitat natural y sus tierras ancestrales. Cuando los indígenas serán expulsados de sus tierras, no les quedará otra solución que terminar en el borde de una carretera o en reservas superpobladas donde la violencia, la desnutrición, la enfermedad y el suicidio son comunes, dice la ONG Survival. Con poca inmunidad a las enfermedades externas, la afluencia de trabajadores inmigrantes en la represa va poner además en riesgo sus vidas y salud.
El Ministerio de Justicia brasileño y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenaron al gobierno que suspenda la construcción de la represa mientras los derechos de los indígenas no sean respetados, pero el trabajo continúa con el consentimiento de las más altas autoridades gubernamentales de Brasil.
Organizaciones defensoras de los derechos de los pueblos indígenas denuncian el riesgo de genocidio de los pueblos indígenas de Brasil, cuyo gobierno está aumentando los abusos y el no respeto de los derechos humanos en violación de sus obligaciones nacionales e internacionales [1]
Los nativos americanos de la cuenca del Xingu son víctimas de una economía de guerra debido a que los sótanos de la tierra donde viven ocultan una riqueza codiciada por las multinacionales, incluyendo el niobium, un mineral utilizado en la fabricación de aceros de alta resistencia y en la fabricación de tuberías para oleoductos. Si bien la mega-represa se presenta como un proyecto para el suministro de electricidad para la población brasileña, en realidad todo esto tiene como finalidad principalmente a proporcionar energía para la extracción de bauxita en el Estado de Pará, y su transformación en aluminio para la exportación. En otras palabras, los indígenas de Brasil son sacrificados por el gobierno de de Dilma Rousseff en favor de una economía especulativa globalizada, los beneficios no son, ni serán, ni beneficiarán al pueblo brasileño.
[1] - Los derechos de los pueblos indígenas consagrados en la Constitución brasileña.
– El Convenio de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales (1989), ratificada por Brasil en 2002.
– La medida provisional 382/10 otorgada en 2011 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mediante la adopción de medidas concretas, especialmente para proteger la integridad de la vida, salud e integridad física de los miembros de las comunidades indígenas en la cuenca del Xingu, el aislamiento voluntaria, para proteger la integridad cultural de los pueblos indígenas y sus tierras ancestrales contra la intrusión y la ocupación por parte de no indígenas y en contra de la explotación o la degradación de sus recursos naturales.
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