La crisis judicial que sacude a Ecuador expone la bancarrota del sistema político que ha gobernado, cogobernado o legitimado el ejercicio del poder en los últimos 25 años, impuesto bajo la tutela de la última dictadura militar. La justicia es el poder más sensible de todos los del Estado Moderno, cuando entra en crisis explota el arbitraje de los conflictos, el establecimiento pierde no sólo su legalidad, sino además legitimidad, en consecuencia, una revolución no será ya una utopía ideal, emergerá como imprescindiblemente necesaria.

La actual crisis judicial en Ecuador, expresa en la superficie de las relaciones de poder que la sociedad no puede seguir viviendo como ha vivido hasta ahora. Una de las cualidades que la teoría política de Lenin, apuntó, como una inequívoca señal de la emergencia de una situación pre-revolucionaria en la historia. La justicia es el poder más sensible de todos los del Estado Moderno, esencialmente, norma el contrato social, administra las reglas del juego que hacen posible que clases y capas sociales diversas, incluso antagónicas e incompatibles, coexistan bajo un determinado régimen político.

Cuando la justicia entra en crisis, explota el arbitraje de los conflictos, la ley desaparece, el establecimiento pierde la capacidad de dirimir las contradicciones que contiene, enajena su legitimidad, en consecuencia para la sociedad, una revolución no será ya una utopía ideal, sino cada día más imprescindiblemente, necesaria.

Huellas dictatoriales y fascistoides

El examen histórico es el método más adecuado para aproximarse a la comprensión de las fuerzas motrices de una crisis, las que generalmente permanecen ocultas bajo la superficie . La situación actual expone los elementos más descompuestos de la manipulación arbitraria de la justicia por el poder político, que se instituyó como norma con la dictadura militar de Rodríguez Lara en la década de los 70, precisamente cuando el Fondo Monetario Internacional (FMI), impuso su primer «acuerdo stand by».

Ese régimen creó Tribunales Especiales con jueces sin rostro, para perseguir a sus opositores y transformar a la administración de justicia en un apéndice de sus intereses. Incluso llegó al extremo de acusar, juzgar y sentenciar a sus adversarios en un solo acto, mediante decreto ejecutivo, emulando los procedimientos de los regímenes fascistas.

Nombró a los jueces de conformidad a los requerimientos del régimen, para usar a la justicia como un instrumento de ejecución de sus órdenes. Lo que quedaba de la independencia del poder judicial que dio pasos firmes con la revolución liberal de Alfaro a fines del siglo XIX, la cual venciendo obstáculos de todo orden había pugnado por sobrevivir a lo largo del tempestuoso siglo XX, se acabo. La masacre de los trabajadores de Aztra, el manejo de los millonarios recursos del «boom petrolero» que decuplicó el ingreso de divisas del país y del «endeudamiento masivo» ocurrido simultáneamente, que decuplicó también la deuda externa, la corrupción dictatorial quedó cubierta con el manto de la impunidad.

Cuando bajo la tutela del último triunvirato militar, en 1979, se restituyó el sistema electoral, bajo un modelo de «democracia autoritaria» diseñado por los politólogos de la CIA que monitoreaban el «Plan Cóndor» en América latina, se aseguró el secuestró de los derechos políticos de los ciudadanos en manos de un coercitivo régimen de partidos, y que el poder judicial no recupere su independencia, por lo que continuó acumulando una gigantesca deuda con la verdad y la justicia.

En el gobierno de Roldós y luego de su asesinato, en el de Hurtado, no se inició un solo proceso para juzgar y sancionar los crímenes y delitos de la dictadura militar, a excepción del asesinato del ex candidato presidencial Abdón Calderón, crimen que no pudo ser completamente encubierto porque su mecánica trascendió a las páginas de los periódicos. El magnicidio de Roldós permaneció en la impunidad.

Bajo la mirada cómplice de las cortes, se ferió la soberanía nacional, permitiendo que el FMI, monitoree y determine la conducción de la economía del país, en función de una estrategia colonialista dirigida a desmantelar el modelo de sustitución de importaciones que permitió un incipiente desarrollo industrial, a cambio del esquema del fomento a las exportaciones, que promovió la desindustrialización y la concentración en la exportación de materias primas.

Se permitió la dolarización del crédito, el uso de las devaluaciones monetarias como un negocio financiero especulativo, la denominada «sucretización» o nacionalización de la deuda externa del sector privado, que socializó las pérdidas y privatizó las ganancias y el crecimiento gigantesco de la deuda externa, al margen de la ley, favoreciendo la acumulación de la riqueza en un polo de la sociedad, los especuladores del capital financiero, agentes de la transferencia de ingentes recursos a favor del capital trasnacional.

Esta orientación significó la quiebra en cadena de las industrias locales y el empobrecimiento masivo por la vía de los programas de ajuste demandados por el FMI, que fueron respondidas por una heroica cadena de huelgas generales de la clase obrera, lamentablemente condenadas al vacío por la ausencia de una dirección revolucionaria.

En el gobierno de Febres Cordero, las cortes permitieron la guerra sucia contra el movimiento guerrillero Alfaro Vive, ejecutada al margen de la ley y de los derechos humanos universales; el pago doloso de la deuda externa con la introducción de los mecanismos de recompra a los compradores en el mercado secundario; el inicio del tortuoso proceso de desnacionalización de la industria petrolera. E incluso, cuando el congreso designó a magistrados que no fueron del agrado del Presidente, sus edificios fueron cercados por tanques, para impedir su posesión.

En el gobierno de Borja, apenas se hizo el amago de un juicio a Febres Cordero por pagos ilegales a un mercenario israelí, pero el proceso nunca se cumplió. Los crímenes políticos y económicos del régimen precedente quedaron en la impunidad. Al igual que las violaciones de los derechos humanos cometidas por ese régimen como la desaparición del escritor Gustavo Garzón y la cadena de escándalos sobre el lavado de narcodólares y las nuevas versiones de las «recompras» de la deuda externa.

Como epítome de la disolución en curso del «Estado de Derecho», se destruyó el Código del Trabajo con la reducción de los derechos inalienables de la clase obrera a sindicalización, contratación colectiva, huelga y estabilidad. La crisis de la justicia llegó a tales niveles que en 1993, bajo el gobierno de Durán Ballén y a pesar de él, fue impostergable introducir un nuevo sistema de nominación de los magistrados, que estableció exigentes requisitos y flexibilizó el control de la partidocracia sobre la Corte Suprema.

En 1995, el Presidente de la Corte, Miguel Macías Hurtado, de filiación socialcristiana, con todos los miembros de su sala, fue llevado a un juicio en el Congreso, acusado de haber actuado de espaldas a la ley en un millonario caso en contra el Instituto de Seguridad Social (IESS). Su destitución permitió que al margen de los acuerdos entre los partidos políticos, asuma la Presidencia de la Corte, por el ministerio de la ley, el magistrado más antiguo, Carlos Solórzano.

Independencia judicial

El nuevo presidente de la Corte, tramitó un juicio al Vicepresidente de la República, Alberto Dahik, a la fecha el hombre más poderoso del país y el mayor exponente de la estrategia de reforma neoliberal, quien fue acusado de manejo doloso de fondos reservados.

Cuando salió indemne de su juicio político en el Congreso, entre otros elementos por el viraje en su protección de los votos del PRE de Bucaram, con plena independencia de la voluntad de los acuerdos políticos subyacentes, Carlos Solórzano, ordenó su prisión, en el juicio penal incoado. El pueblo en todas las ciudades del país salió espontáneamente a las calles a defender el pronunciamiento del Juez.

Protegido por su guardia militar, Dahik, al fugarse del país, escribió apresuradamente su renuncia a la Vicepresidencia. Había caído el hombre fuerte del gobierno y adalid del neoliberalismo. Se trató de un juicio histórico, que reivindicó a la justicia ecuatoriana por sí misma, restauró su independencia de los otros poderes del Estado, y retó a la abierta injerencia extranjera que protegía a Dahik y, a la manipulación de los partidos.

El suceso a la vez desmitificó el poder político habitualmente presentado como inmune e intocable. Virtualmente, un gobierno neoliberal aparentemente todopoderoso, se había desecho ante una providencia judicial. Su proyección fue tan profunda que se transformó en un ingrediente fundamental de la caída de dos gobiernos, que presos de sus propias contradicciones se derrumbaron empujados por sendos movimientos de masas.

Sólo 16 meses después, una huelga general de trabajadores a la que por su fuerza incontestable plegó la partidocracia y el empresariado, derribó al gobierno de Bucaram. Y en el 2000, el pueblo integrado en el Parlamento Nacional de los Pueblos, convocado por la CONAIE, dio al traste con el gobierno de Mahuad.

Sin embargo, las tentativas por avanzar en la independencia del poder judicial, chocaron fatalmente con la resistencia de los poderes fácticos. Frente a la primera mega operación de salvataje bancario, ejecutada en las postrimerías del gobierno de Durán Ballén, en la cual la Junta Monetaria presidida por Ana Lucía Armijos, entregó cientos de miles de millones de sucres a los propietarios del Banco Continental, sin fundamento legal, el mismo juez, Carlos Solórzano, inició el proceso de oficio, en el trámite del cual las irregularidades detectadas condujeron a la emisión de órdenes de prisión en contra de Armijos y de otras autoridades del sistema monetario.

Promoviendo la independencia del poder judicial, Carlos Solórzano, planteó una Consulta Popular, para eliminar la nominación de los magistrados por los partidos políticos en el Congreso y por el gobierno, estableciendo el origen de sus nombramientos en el mismo poder judicial. En respaldo a su gestión que vislumbró el reaparecimiento de la justicia, obtuvo más del 60% de los votos.

Para el establecimiento, la justicia había ido demasiado lejos. No podía tolerar que un juez de al traste con un gobierno, que alguien ponga el ojo de la ley en el manejo del sistema monetario, el centro de operaciones desde el cual se ha saqueado sistemáticamente al país con el contubernio de bancos, acreedores de la deuda externa, entre los cuales se incluyen importantes sectores de la iglesia jerárquica, gobiernos de turno y partidos a su servicio. Y que además, pretenda establecer por mandato popular, la independencia de la justicia. La coalición de esas fuerzas puso en marcha una confabulación para «demonizar» al Presidente de la Corte.

Golpe de estado a la justicia

Los sectores de la iglesia vinculados a la tenencia de bonos de la deuda externa, los acreedores de la deuda, los bancos que ya diseñaban el salvataje bancario que saqueó las arcas del país el 98 y 99 y sus partidos, el Socialcristiano, la Democracia Popular, la Izquierda Democrática e incluso la izquierda, el Partido Socialista, el Movimiento Popular Democrático y Pachakutik, en abierta violación del pronunciamiento de la Consulta Popular y de la Constitución, mediante una resolución ilegal aprobada por simple mayoría en el Congreso, cesaron a la Corte en pleno y nominaron otra.

Entonces, usaron la cobertura de la abstracta “«sociedad civil», que a través de diversos organismos no gubernamentales concretos, preferentemente financiados por la red de fundaciones que mantienen los órganos de inteligencia de Estados Unidos, operaron como el órgano de parálisis de la resistencia social a éste asalto al pronunciamiento del pueblo en el plebiscito. Avalaron este golpe de estado a la justicia, presentándolo como un proceso de «ciudadanización de la justicia», con una fuerte campaña mediática de soporte.

Hoy el carácter fundamental de esta conspiración esta expuesto con la fuerza incontrovertible de los hechos. La Corte bajo el dominio del Partido Socialcristiano, la Democracia Popular y la Izquierda Democrática, levantó la orden de prisión contra Ana Lucía Armijos, garantizando que el escandaloso caso del Banco Continental permanezca en la impunidad.

Ella luego de dejar de caminar por los techos, se transformó en el personaje clave de la gestión financiera del gobierno de Mahuad que condujo a la destrucción del Sucre y al salvataje a los banqueros a expensas del presupuesto fiscal y de los recursos de millones de ciudadanos, depositantes e inversionistas de las entidades bancarias, a quienes se les asaltó directamente en sus cuentas, bajo la operación combinada de la congelación de sus depósitos y la devaluación masiva.

La Corte, garantizó el encubrimiento del salvataje bancario, ejecutado en una cadena de actos colusorios por los banqueros en crisis y las autoridades de la Junta Monetaria o Bancaria y del Banco Central, que incluyeron la elección misma del Presidente Mahuad, como lo desenmascaró las pruebas expuestas por el banquero Fernando Aspiazu, que informaron como financió su campaña electoral para proteger al Banco del Progreso, a la fecha el de mayor captación de depósitos en el país. Y crímenes como el asesinato del diputado Jaime Hurtado, mantenido en la impunidad.

El atraco ocasionó un perjuicio de más de 9.000 millones de dólares, una cifra superior al presupuesto fiscal anual, lo que condujo a la devaluación sistemática del Sucre, la moneda nacional, y a su inconstitucional sustitución por el dólar de Estados Unidos, impuesta en franca violación de la soberanía del país.

Esa Corte mantuvo hasta la fecha en que concluyó sus actividades, un silencio cómplice con la cesión de la Base Aérea de Manta al Comando Sur de Estados Unidos, por un acuerdo ilegal suscrito por el canciller de Mahuad sin facultad legal para el efecto, que constituye una violación flagrante de la Constitución y agresión grave a la soberanía territorial y jurídica del país, pues otorga inmunidad diplomática e impunidad jurídica a fuerzas militares extranjeras y le involucra a Ecuador en las operaciones bélicas de una potencia imperialista en el Plan Colombia.

La crisis desencadenó la insurrección del 21 de enero del 2000, en el curso de la cual el Parlamento Nacional de los Pueblos del Ecuador, constituido como órgano de ejercicio directo de la soberanía por el pueblo, disolvió los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, corresponsables del salvataje a los banqueros, de la violación flagrante de la Constitución y de la soberanía contenida en la dolarización. Destituyó al Presidente Mahuad y su gobierno, tomó el Palacio Legislativo y en su sede posesionó al Parlamento de los Pueblos.

Defenestró a esa irrita Corte Suprema. Designó a la Junta de Salvación Nacional compuesta por tres miembros de similar jerarquía, Lucio Gutiérrez, representante de los sectores de las Fuerzas Armadas que plegaron a la insurrección, Antonio Vargas, Presidente encargado del Parlamento de los Pueblos y Presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, el principal brazo de masas de la insurrección y Carlos Solórzano, al momento Presidente del Parlamento de los Pueblos de la costa pacífica del país .

El contragolpe monitoreado por Arturo Valenzuela, desde la misma oficina del Presidente Bill Clinton en Washington, movió a los Generales que conformaban el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a traicionar en pocas horas su juramento de lealtad a la voluntad del pueblo ecuatoriano de instituir la Junta de Salvación Nacional. Ellos posesionaron ilegalmente en el Ministerio de Defensa al Vicepresidente Gustavo Noboa, como Jefe de Estado, operando como agentes de un acto de intervención extranjera en contra de la soberanía popular. La insurrección se replegó. Esa Corte y ese Congreso fueron restituidos.

Sube la marea

El 2002, Lucio Gutiérrez ganó las elecciones con el apoyo de Pachakutik y el Movimiento Popular Democrático. La alianza se fracturó y rompió en menos de 10 meses de gobierno, como resultado de una conspiración deliberada.

La derrota electoral de Gutiérrez en las elecciones seccionales de octubre pasado, donde apenas obtuvo algo más de un 5% de apoyo, expuso en la superficie un vacío de poder y abrió las puertas a su juicio político. La nave del gobierno parecía hundirse ya sin ninguna base de legitimidad popular, perdida incluso tiempo antes, el momento en el que Lucio dio las espaldas al significado de su elección, viró a un abierto compromiso con las políticas colonialistas del Presidente Bush y rompió con sus aliados de la izquierda, Pachakutik y el MPD. Entonces, el líder socialcristiano de la oligarquía, León Febres Cordero, propuso el juicio político para su destitución.

El aparecimiento en el horizonte de la caída de un presidente, siempre tensa las fuerzas políticas e impone la máxima presión sobre los contendientes. Lucio que había confiado en una alianza con Febres Cordero para sostenerse en el puesto, a la que incluso sacrificó a sus aliados en las elecciones, fue confrontado con la amenaza de pérdida de la presidencia. La crisis de la oposición liderada por el Partido Socialcristiano, seguido por la Izquierda Democrática y el núcleo de dirección de Pachakutik, se transformó en el principal instrumento de su estabilidad.

Cuando fracasaron en calificar el proceso en el congreso, provocaron el efecto opuesto, dando origen a una mayoría parlamentaria oficialista y a una contraofensiva gubernamental que ha golpeado severamente el control del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo Electoral y finalmente de la Corte Suprema de Justicia por el denominado dueño del país, el ex - presidente, León Febres Cordero.

Para Lucio, el cambio en el poder judicial se transformó en la batalla decisiva para sostener su gobierno, sin él la Corte a órdenes de Febres Cordero, preparaba su destitución y su persecución. No obstante en lugar de reestablecer la legalidad jurídica del país, pendiente de la restitución de la Corte ilegalmente cesada el 97, escogió el camino de su reorganización con el mismo método inconstitucional e ilegal, violatorio del pronunciamiento del pueblo en la Consulta Popular , con el que se depuso a la que Corte que presidió Carlos Solórzano.

En consecuencia, la nominación de los nuevos magistrados adolece por origen de los mismos vicios de nulidad que la de los precedentes, sólo que ahora no están bajo las órdenes de Febres Cordero y sus arreglos con la izquierda democrática y la democracia popular, sino, de una tripleta compuesta por el Presidente Gutiérrez, el ex - Presidente Bucaram y el archimillonario candidato presidencial, Alvaro Noboa.

El conflicto que ha adquirido la mayor acidez, está desenmascarando el «modus operandi» del establecimiento. Ha expuesto con crudeza la trascendencia del control de la administración de una justicia a su servicio para el dominio de la oligarquía. Al punto que, no ha vacilado en mover sus recursos para una batalla mediática dirigida a acusar a Lucio de haber establecido una «dictadura». Para movilizar gente a las calles. Para integrar a los alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca, Moncayo, Nebot y Cordero en una campaña contra la Corte, dirigida a promover que se repita el espurio procedimiento de nominación de los magistrados que se aplicó el 97 bajo la cobertura de la «sociedad civil», cuyos resultados desastrosos están a la vista en 7 años de experiencia.

Para que en acto de afrenta a la soberanía del país, la Cámara de Comercio de Quito solicite a la Embajadora de Estados Unidos intervenga presionando al Presidente Gutiérrez, para reestablecer la «democracia», es decir reinstituyendo una Corte a las órdenes de la oligarquía, con el mismo procedimiento.

Implosión en curso

La histeria desatada, expone las cualidades de la clase dominante capaz de decirle a la sociedad que si la justicia no es propiedad suya, no existe «democracia», lo que implica que en el fondo de la realidad de sus intereses, la ley y el estado de derecho no existen. Pero además, ha revelado el fraccionamiento de esa clase, confrontada ahora consigo misma por la hegemonía en la Corte, expresión sin duda de una profunda crisis interna, en el fondo de la cual late a todo pulmón, el fracaso de las estrategias neoliberales aplicadas en las últimas décadas y del régimen político instituido hace 25 años.

Por su parte, la «izquierda», o las agrupaciones políticas que en el escenario aparecen como representantes de las clases dominadas, han jugado como veletas de las distintas fracciones del establecimiento. Pachakutik ha operado como un instrumento subordinado a la Izquierda Democrática, el partido socialdemócrata de Borja subordinado a su vez a su alianza con el Partido Socialcristiano de Febres Cordero.

El Partido Socialista y el Movimiento Popular Democrático, se han prestado a la estrategia de Lucio a cambio de sinecuras burocráticas. Sus acuerdos no han introducido ninguna demanda seria sobre los problemas fundamentales del país, la posición en el Plan Colombia, las negociaciones del TLC, el manejo de la deuda externa y de la política petrolera, los derechos de los trabajadores, la seguridad social, el drama doloroso de los migrantes, etc.

Los dos comportamientos han estado lejos de contribuir a la perspectiva de avanzar en la independencia del poder judicial, de espaldas a las necesidades y a la voluntad de la mayoría de la población oprimida y explotada del país.

Ninguno de los partidos ha propuesto la defensa y la aplicación del pronunciamiento soberano del pueblo en la Consulta Popular del 97, que consagró la independencia del poder judicial al prohibir al congreso y al ejecutivo nombrar a los ministros de la Corte, provengan o no de ternas de ese artificio denominado «sociedad civil». Esa voluntad del pueblo que al tenor de la Constitución es un mandato imperativo, implica el cese legal de las dos cortes designadas ilegalmente el 97 y el 2004, mediante la derogatoria de las resoluciones emitidas por el Congreso por violatorias del plebiscito e inconstitucionales y la restitución de la Corte depuesta en forma irrita el 97.

La crisis ha expuesto la bancarrota de todo el sistema de partidos políticos instituido bajo la tutela de la última dictadura militar, que han gobernado, cogobernado o legitimado el ejercicio del poder en los últimos 25 años, el cual acaba de ser calificado por organismos como «Transparencia Internacional», como el más corrupto del mundo. Ese sistema y el conjunto de su lógica, dominado por el capital transnacional y la subordinación de la nación a los programas neoliberales del FMI y el Banco Mundial, a la estrategia de pentagonización de América latina y de recolonización por las vías de los tratados de libre comercio, incluido el papel subordinado de una izquierda de altisonantes palabras radicales y prácticas de derecha, se aproximan hacia una, cada día más inevitable, implosión, curso que advierte la urgencia de la construcción de una genuina perspectiva revolucionaria.

Marcelo Larrea