En una etapa donde se están reformando ciertas normas y leyes, uno de los sectores a reconsiderarse es el de la producción, el cual es considerado como uno de los pilares fundamentales del desarrollo del país. Es así que el gobierno central, en un afán “benefactor” ha presentado un anteproyecto de ley: el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, el mismo que a criterio del gobierno traerá cambios importantes.

Y claro que traerá cambios, pero no en beneficio de las microempresas, sino a favor de las grandes empresas, mostrando así el doble discurso del Presidente de la República. Ellos, los grandes empresarios lograron que incluso se disminuya el articulado de 300 a 168 artículos, “por tener demasiado texto”, además de haber dado las opiniones para que se realicen modificaciones en el proyecto, lo cual no se hizo con otras leyes como la de Educación Superior, Recursos Hídricos o el Código de Ordenamiento Territorial, donde el régimen impuso su voluntad aplicando el “dialogo de oídos sordos”.

Carlos Alvarado, analista de temas económicos y políticos, comenta que este proyecto de ley es solamente una cortina, pues tras el disfraz de apoyo al desarrollo de la producción, se esconden varios acuerdos con los grandes empresarios. Existen en el cuerpo legal, puntos clave en los que se benefician las grandes empresas, como por ejemplo los contratos de inversiones. “Buscan establecer una garantía jurídica para que los empresarios extranjeros inviertan mediante incentivos tributarios, y se proponen, aunque no lo digan directamente, la reforma del Código de Trabajo, para retomar la flexibilización en la contratación de los empleados, como uno de los puntales del esquema neoliberal que se ha impuesto en el país por más de tres décadas”, señala.

Por otra parte, este proyecto también garantiza el pronto retorno del capital extranjero a su país de origen, mediante la autorización de la libre transferencia de valores, lo cual significa que los inversionistas vienen, producen, tienen un beneficio y en cualquier momento ellos pueden repatriar su capital, lo cual a criterio de Carlos Alvarado “es contrario a aquellas disposiciones de la Comunidad Andina de Naciones, donde se instauraron regulaciones para la regresión de los capitales y las utilidades a los países de origen, para evitar que los grandes empresarios nacionales, y sobre todo extranjeros, retiren sin cuestionamiento el dinero con todo y las utilidades y no se reinviertan en el país, pero esto es lo que va a hacer este Código Orgánico de Inversiones, así como está planteado”.

Otro punto preocupante, a criterio de este analista, es que según este proyecto el Estado podrá delegar los proyectos a la iniciativa privada, incluso las inversiones en los sectores estratégicos, las mismas que serán respaldadas en contratos de inversión. “Esa figura de la delegación ya apareció en las reformas a la Ley de Hidrocarburos, Tributaria y Laboral, mediante un esquema con el que se va a volver a la privatización; es decir, si el Estado se declara incompetente y no apto administrativamente, se entrega el proyecto a manos privadas, y se les asegura el manejo, administración, producción, etc., es una forma de volver a la privatización de la economía”, afirma Alvarado.

Mientras tanto también como un “incentivo” se pretenden tomar medidas como bajar el impuesto a la renta, del 25 al 20%, de las empresas; es decir, “gozarían de tremendo beneficio arancelario y tributario especial, mientras que el SRI está buscando mecanismos para dictaminar la depreciación acelerada de activos, y así las empresas establecerán un fondo para recuperar esos activos, con lo que dejará de pagar alguna parte proporcional de impuestos al Estado y a los trabajadores, en el 15% de utilidades. Esa revalorización de activo fijo es una mañosería de los empresarios para burlarse del Estado y los derechos de los trabajadores”, enfatiza.

Exhibidas así las verdaderas intenciones y posiciones del gobierno, Alvarado concluye diciendo que “no se busca otra cosa que ajustar todo el aparato jurídico del país a las apetencias de los grandes monopolios internacionales y de los grupos económicos a los cuales se está asociando, vinculando el gobierno de Rafael Correa y su movimiento PAÍS. Es decir, se trata de reajustar el aparato jurídico para promover el desarrollo de la acumulación de capital y beneficio de los mismos explotadores de siempre; cambia la forma pero en la esencia es lo mismo, es un retorno con maquillaje del viejo esquema neoliberal, que es condenado y que ha fracasado en varias partes del mundo”.

Tatiana Carcelén