El tema de la Asamblea Constituyente se impuso en el Ecuador, así no sea un verdadero clamor popular. Hay que tener presente su origen: se planteó como propuesta a raíz de los sucesos de abril, en los que los sectores medios y burgueses de la población quiteña, articulados como movimiento bajo el liderazgo de algunos políticos agrupados en ONGs (algunas financiadas y dirigidas por los Estados Unidos), y bajo el argumento de defensa de la institucionalidad democrática del país, buscaban un espacio propio para actuar en el escenario del Estado. Y lo consiguieron involucrándose con un gobierno que comenzó comprometiéndose con ellos, luego los abandonó por aliarse con el Partido Social Cristiano, la Izquierda Democrática y Pachakutik, y al final volvió a ellos para tomar fuerza cuando se quedó solo y gravemente debilitado.

No es una propuesta que, como en el caso de Bolivia, haya surgido desde abajo. En ese hermano país era una bandera política frente a un Estado desvalijado por las privatizaciones, que se quedó sin empresas del Estado en las principales áreas de la economía y requería con urgencia recuperar espacios perdidos frente a las transnacionales.

Evidentemente tampoco surgió en un escenario como el de Venezuela, en el que fue un proceso dirigido desde un gobierno como el de Hugo Chávez, que requería de un marco constitucional adecuado para empujar sus reformas de corte democrático y popular.

Ahora, en nuestro país el debate se centra en si la Asamblea debe ser constituyente o constitucional, y se buscan acuerdos que permitan viabilizar una consulta popular que lo defina, y mientras se da esa discusión, en estos meses el Congreso ha aprobado 11 leyes, entre las cuales la más nociva es la Ley de Estímulos Tributarios que exonera del pago de impuestos a las empresarios, abriéndoles el camino para una mayor explotación de nuestros recursos naturales y de los trabajadores; las negociaciones del TLC llegan a la recta final; Uribe afirma posiciones con Palacio para el desarrollo del Plan Colombia; en la proforma presupuestaria se aumenta el porcentaje para el pago de la deuda externa y se reducen los aportes para los organismos seccionales, la educación y la salud; el entreguismo y la política antipopular sigue el curso definido por el banco Mundial y el FMI. En esencia, este rumbo no lo cambiará ni la Asamblea Constituyente, y menos una constitucional, lo más probable es que se afirme.

El pueblo intuitivo y sabio, no come cuentos y se afirma en el camino de la lucha, en los últimos meses, la movilización popular ha sido intensa. Se han levantado provincias y regiones enteras en reclamo de rentas para sus gobiernos locales. La gran marcha del pueblo esmeraldeño que llegó a Quito el 24 de octubre obligó al Gobierno a entregar los recursos que había ofrecido pero cuya entrega estaba incumpliendo, los campesinos del Seguro Social Campesino agrupados en la FEUNASSC, paralizaron las carreteras en 17 provincias demandando medicinas y atención a los problemas del agro, lo mismo sucedió con el paro biprovincial de Sucumbios y Orellana, exigiendo la salida de la OXY y las rentas para sus provincias; 10 mil estudiantes universitarios de todo el país reclamaron también recursos para la educación. Todo esto expresa el anhelo de cambio que tenemos los ecuatorianos y que se traduce en movilizaciones y propuestas concretas.

Los grandes medios de comunicación han pretendido ocultar estas acciones y demandas, sin embargo por su fuerza han sido inocultables, aunque por momentos se pierden en medio de un escenario en el que la disputa entre facciones oligárquicas y el imperialismo son la noticia diaria.

La realidad está creada, no es posible rehuir a ella, por eso es obvio que los pueblos están impelidos a tomar una posición sobre el tema de la Constituyente. Entonces surge la necesidad de convertirlo en un nuevo escenario de lucha, que pueda contribuir al avance de un proyecto transformador. Si tiene que darse una Asamblea ésta debe ser Constituyente y con plenos poderes, pero si existe la alternativa de la Constitucional, debe entonces someterse a consulta popular para que el pueblo decida qué carácter debe tener. Y lo más importante: debe estar constituida de forma que sea la expresión real y democrática de la sociedad ecuatoriana actual, algo que la propuesta del Ejecutivo no cumple y que la propuesta de la ID y el PSC no quiere.

Por último, una vez instalada, la Constituyente (integrada democráticamente y dotada de plenos poderes) debe servir para definir temas de real trascendencia para el país, como el TLC, la política nacional frente al tema de la deuda externa y el Plan Colombia, así como el establecimiento de una nueva institucionalidad y marco jurídico que permita la democratización mayor de la sociedad ecuatoriana y el impulso al aparato productivo popular. Es decir, que ponga en escena los reales temas de la agenda popular ecuatoriana.