Una mejor explicación sería que ha tenido lugar un virtual reparto de roles en el que a la gigantesca empresa le ha tocado encabezar la reacción ante la nacionalización boliviana, preservando al gobierno de compromisos, concediéndole tiempo y espacio de maniobra y evitando que asuntos menores, lastren el imprescindible diálogo político.

Creada hace 53 años, durante el gobierno de Getulio Vargas, Petrobras que integra la lista de las 500 mayores firmas del mundo, figura entre las doce petroleras más importantes, es la mayor empresa industrial de Brasil, la tercera de América Latina y aunque en 2005 obtuvo ganancias por 11 mil millones de dólares, no es un estado dentro del Estado.

Ante la nacionalización de los hidrocarburos, Petrobras, la empresa extranjera con más intereses en Bolivia, reaccionó antes que el gobierno brasileño y asumió un tono más crítico que, por momentos llegó a ser amenazante, cuestionando en profundidad las decisiones adoptadas por el gobierno de Evo Morales.

Aunque en América Latina existen antecedentes de la intromisión de grandes empresas en la política y recientemente la venezolana PDVSA, se prestó para servir como ariete en las maniobras para intentar derribar al gobierno de Hugo Chávez, es improbable que otras elites empresariales apuesten por reeditar el estilo de la tristemente célebre United Fruit Company que llegó a establecer el paradigma de las republicas bananeras.

Bolivia que vivió la experiencia de los Patiño, Hoschild y Aramayo, llamados los “Barones del Estaño” es especialmente sensible a estas intromisiones.

De Petrobrás, uno de los escasos monopolios trasnacionales del Tercer Mundo, poseedora de casi 10 000 pozos de petróleo y gas, cerca de 100 plataformas marinas, 16 refinerías, varias de ellas en el extranjero, 15 tanqueros de gran porte, casi 8000 servicentros y varias plantas de fertilizantes, se espera altura y eficiencia.

Petrobras es resultado del empeño nacionalista de Getulio Vargas, representante ilustrado de un sector de la oligarquía nativa y eje del proceso político que entre 1930 y 1954, con luces y sombras, auspició la modernización del país, interviniendo no sólo el sector petrolero, sino también la generación eléctrica, la reforma del Estado, la legislación laboral, el voto femenino, la reforma agraria y la fundación de grandes empresas publicas, incluyendo la Siderúrgica Nacional.

Aquellos esfuerzos en que ciertos sectores de las elites ilustradas latinoamericanas, descontentos con la actuación de las empresas extranjeras, protagonizaron acciones de nacionalización de importantes recursos nacionales, no siempre maduraron ni evolucionaron en el sentido de los verdaderos intereses nacionales y muchas veces fueron reprivatizadas.

Petrobras y tal vez los Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, han corrido mejor suerte y tienen una excepcional oportunidad para revelar su madurez como entes públicos en un minuto histórico en que pueden realizar una contribución sustantiva al destino de sus países, de los pueblos del continente a la vez que refuerzan su imagen y su presencia empresarial.

Tal vez el papel que desempeña PDVSA en el proceso revolucionario venezolano sea un paradigma.

Jorge Gómez Barata